Un bueno amigo me comentó que asistió a la obra de teatro Proyecto Laramie, sobre el asesinato homofóbico de Mathew Sehpard, caso emblemático de la conciencia sobre los crímenes de odio por homofobia. Notó que el público salía conmovido de la puesta en escena que versa sobre tan espeluznantes hechos. Se preguntó, y con razón, por qué este caso conmueve tanto y no es así en los constantes casos de homicidios por homofobia y transfobia que tienen lugar en nuestro país y que continuamente aparecen en la prensa.
Más allá del efecto emotivo del tratamiento dramático del asunto en el contexto de una puesta en escena, y de que el alud de información sobre violencia en un país en medio de un conflicto entre grupos de la delincuencia organizada y la lucha de las autoridades contra ellos, de algún modo hace pasar por normal la violencia en general; me parece que se puede agregar un aspecto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en su Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia, que:
La población lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti y transexual “… en muchas ocasiones ha sido marginada por diversos sectores de la sociedad, pero lo más delicado es el hecho de que los agravios en su contra se consideren, de alguna manera, como conductas aceptadas socialmente por el sólo hecho de tener una orientación sexual y/o una identidad o expresión de género distinta a la heterosexual y, peor aún, el hecho de que, incluso, en varios casos dichas conductas, además de ser violatorias de los derechos humanos, constituyen delitos como la discriminación, lesiones y homicidio”.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2010_homofobia.pdf
Quiero enfatizar cómo en una sociedad machista, homofóbica y transfóbica como la nuestra, la violencia hacia poblaciones sobre las que se presume tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual o bien una identidad o expresión de género distinta a la hegemónica, es considerada por un sector social no sólo normal sino deseable, como instrumento correctivo o disuasivo en favor de valores heteronormativos. Cualquier sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos debería combatir toda forma de prejuicio y sus efectos como son la discriminación, las violaciones a los derechos humanos y la violencia. La sanción social a la violencia, por ejemplo hacia las mujeres, o bien la discriminación hacia los pueblos indígenas es reprobatoria, al menos en la corrección política del discurso expresado en público. El misógino o el racista suelen expresar su odio en lo privado porque no es aceptable en público, al menos en espacios civilizados o que se precien de serlo. No es la misma suerte de la homofobia y sus efectos.
Muestra de ello es la reciente discusión en torno a la expresión “¡Puto!” en el contexto del mundial de futbol. Nadie puede estar a favor del insulto y en contra del acoso escolar o bullying sin entrar en contradicción. Si bien es mucho más grave el homicidio y la discriminación que la simple ofensa, esto no la hace aceptable.
También hay quienes en nombre de valores tradicionales se pronuncian en contra de los derechos de personas que viven en modelos distintos de familia. Atendiendo al interés superior de los niños y las niñas, de la Convención en la materia, resulta aún más preocupante que esto signifique mermar los derechos de los hijos e hijas de estas familias. Pienso en particular en los hijos, por ejemplo Arath, hijo de Gisela y Krystal, pareja que en Nuevo León logró afiliación al IMSS de la pareja y su hijo. También recuerdo a Alejandra, la hija de Pepe y Alex, matrimonio de Monterrey que defendió a la niña de la discriminación por tener dos padres, por parte de un colegio privado.
Legislar en contra del matrimonio igualitario sería retroceder, violando el principio de progresividad de los derechos humanos que está plasmado en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Además es clara la prohibición de discriminación en el párrafo quinto de dicho artículo, que también prohíbe la ejercida por género y por preferencias sexuales.
La forma más grave de homofobia sin duda se expresa en la violencia: del Informe de la CNDH referido más arriba se destaca que identificó en una temporalidad de 10 años (de 1998 a 2008) 696 expedientes sobre agravios a la población LGBT: 30 en CNDH 339 en los Organismos públicos de defensa de los derechos humanos de los estados y el Distrito Federal, 118 en el Consejo nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, lo más grave, 209 expedientes de averiguación previa de los ministerios públicos de las 15 Procuradurías Generales de Justicia de los Estados que respondieron a la solicitud de información de la CNDH (es decir, menos de la mitad lo hicieron) .
De esos 209 expedientes 162 se refieren a homicidios, 30 a lesiones y 3 a discriminación. El resto corresponde a otras calificaciones como los delitos sexuales. En el seguimiento que se ha dado en CNDH de 2009 a 2013 ha identificado, hasta ahora, 91 homicidios motivados por el odio homofóbico y transfóbico y 176 expedientes de discriminación en los Ministerios Públicos.
Cabe señalar que este informe es pionero en su tipo, por primera vez una Institución Nacional de Derechos Humanos hace un pronunciamiento sobre homofobia con base en la revisión directa de expedientes. La sociedad civil, en particular la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia habían hecho seguimientos hemerográficos sobre la materia. Este informe, y su seguimiento, además lo hace sobre la base de la revisión de los mismos expedientes. Este informe es el primero de los informes especiales de la gestión del doctor Raúl Plascencia Villanueva y fue calificado como de las mejores prácticas del Ombdusman por personal de ONUSIDA en una presentación realizada en Ginebra en 2012.
Como complemento, el Presidente de la República ha decretado el día nacional contra la homofobia. Sabemos que un decreto no cambia la realidad pero hace un recordatorio oficial en la dirección de corregirla. Con motivo de la CNDH realizó el Foro de Discusión sobre homofobia el 16 de mayo pasado, mismo que puede ser visto en video en la siguiente dirección electrónica: http://www.cndh.org.mx/node/914136
Esperamos que estas llamadas de atención de la CNDH sobre este lamentable fenómeno de la homofobia sacuda las conciencias para no considerar normal que se ejerza esta forma de discriminación y violencia hacia miembros de la sociedad por razón de su sexualidad.