Los mexicanos necesitamos salir bien librados de la elección del 2021, pero el compromiso no parece algo sencillo. En una misma jornada, cuya organización comenzará el mes próximo, se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, casi dos mil alcaldías y 29 de los 32 congresos locales.

Por eso conviene poner atención desde ahora a las señales, los riesgos y las amenazas que se ciernen sobre un proceso que debe resultar al menos lo igual de bien que fue el de 2018, cuando la gente salió a elegir libremente y una mayoría se decidió por la opción política que es la que gobierna y controla la Cámara baja y el Senado de la República.

Los mexicanos hemos pasado por muchas dificultades para llegar a lo que es la normalización democrática. Historias de fraudes, de “caídas del sistema”, de compra de votos, de intimidación de candidatos y de electores, fueron el común denominador durante muchas décadas. Por fortuna y por el esfuerzo de la sociedad civil, cada vez menos casos se suman a ese que es un verdadero “anecdotario de la vergüenza”.

Sin embargo, la normalidad no es el fin o la meta de los procesos electorales. Las amenazas siguen latentes porque la democracia, al fin y al cabo, actividad humana, es algo a lo que no se llega una vez y para siempre, sino que se tiene que cuidar, proteger y mejorar todos los días. Y sin duda, uno de los riesgos que se ciernen sobre nuestra democracia es la presencia de grupos criminales en amplias regiones del país, con sus negocios e intereses, que quieren proteger a costa del Estado de Derecho y de la legalidad.

Para nadie es un secreto que amplias zonas del territorio se encuentran bajo control de estos grupos, que a través de la intimidación o de la cooptación (el “plata o plomo” que mencionaba como llave de su éxito el narcotraficante colombiano Pablo Escobar) dominan y ejercen un poder capaz de controlar la vida civil de decenas de miles de mexicanos. Hace algunos años, esos grupos imponían jefes de la policía, ahora, quieren imponer alcaldes, diputados locales, legisladores federales. ¿Tendrán la capacidad de querer imponer gobernadores?

La respuesta se dará conforme avance el proceso, en esas señales ominosas que nadie quisiera ver pero que las autoridades electorales, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, así como los gobiernos estatales, se encuentran obligados a identificar, para prever, o para anticiparse a escenarios que manchen una jornada que, más que ninguna otra, debe ser ejemplar.

Una llamada de alerta que seguramente encendió focos rojos en el gobierno federal ocurrió el fin de semana. En el Estado de México comenzó a circular por whatsapp un video que vendría a confirmar el temor que grupos de la delincuencia organizada quieran intervenir en los comicios, ahora de manera más abierta que como ocurría antes.

El material, que fue subido después a la plataforma Dailymotion, con el título “Cartel de Huixquilucan subtítulos” (se puede ver en https://www.dailymotion.com/video/x7vgae1) parece reciente y debe estar en poder de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado.

A estas alturas, para que no haya sorpresas después, esas autoridades seguramente estarán investigando su contenido: la entrega de dinero del cartel de La Familia para financiar campañas en el 2021. El grupo criminal supuestamente busca que dos líderes transportistas del priismo mexiquense, los hermanos Sergio y Froylán Santana Gil, sean candidatos, uno a la presidencia municipal de Donato Guerra, y otro a diputado federal. ¿Para qué? Para proteger sus intereses, los intereses de un grupo criminal, en esa zona del Estado de México.

Sergio Santana fue candidato a alcalde de ese municipio en 2018, y el PRD lo denunció por estar presuntamente involucrado en el asesinato de cuatro militantes perredistas en el marco de la campaña electoral.

Froylán Santana, por su parte, es presidente del Movimiento Coordinador del Comercio y Organizaciones Huixquiluquenses A. C. (MOVICOOR) y es un excolaborador de David Korenfeld, un personaje al que la 4T tiene bajo lupa, el mismo que usó un helicóptero de la Conagua para viajar con su familia, y que le costó el cargo, a pesar de la altísima estima de que gozaba entonces en Los Pinos.

Además de ser dirigentes transportistas, de suyo constitutivo de un interés natural de estos grupos de la delincuencia organizada necesitados de llevar y traer sus productos, los Santana Gil mantienen el control absoluto del PRI municipal y de una organización popular que les ha servido para consolidar su poder político en la zona, la llamada “Unión Revolucionaria de Huixquilucan”.

Como dato adicional, otro hermano, que también trabajó para Korenfeld, Oscar Santana Gil, desapareció el 10 de junio de 2018 y fue encontrado a los pocos días en la Ciudad de México asesinado al interior de una camioneta Toyota con reporte de robo.

El video está ahí, se aprecia con claridad la intención de un grupo criminal de enviar dinero y mensaje a dos priistas que además, son líderes transportistas en la zona, y es un caso que si se le investiga a fondo con el respeto a la debida presunción de inocencia, puede servir de ejemplo de que ni al gobierno federal ni al Instituto Nacional Electoral le conviene, y no van a permitir, intervenciones externas, y sobre todo ilegales, en el proceso electoral. La dirigencia nacional del PRI debe hacer lo propio.

Pero para eso se necesitará mucha voluntad política y mucha coordinación institucional. Desbrozar la mala yerba, el mal monte de la ilegalidad que crece sin control, debe ser condición para poner en buen estado el camino hacia una elección transparente, alejada de riesgos. Esa debe ser la prioridad en la que trabajen coordinadamente las autoridades y el Estado Mexicano. Ojalá que así sea.