Datos recientes muestran la realidad en la que viven personas con discapacidad. En el estudio Discapacidad: Panorama General, del Banco Mundial, se revela que existen aproximadamente mil millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad en el mundo, es decir, el 15 % por ciento de la población mundial. De este total, el 80% vive en un país en vías de desarrollo.
En el mismo informe se enumeran los principales obstáculos que dificultan su participación e inclusión en la vida en sociedad. Tales obstáculos son: i) Falta de infraestructura adecuada; ii) Ausencia de medios de transporte adecuados, iii) Insuficiente acceso a las TIC’s; iv) Legislación inadecuada y; v) Falta de datos certeros que visibilicen el problema y ayuden a la implementación de políticas públicas.
En México, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, realizada por el INEGI, indica que en el país un 6% de la población mexicana padece algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor de 7.2 millones de personas. Las principales causas de discapacidad en el país son: i) las enfermedades (41.3%) y; ii) la edad avanzada (33.1%). Donde los estados con mayor número de personas que viven con discapacidad son: Nayarit (8.2%), Durango (7.5%), Colima, Jalisco y Zacatecas con 7.4% cada uno.
Entonces, cabe preguntarse: ¿el gobierno está preparado para afrontar esta problemática social?, ¿ha podido afrontar los problemas que enumera el Banco Mundial? Nuestra legislación cuenta con un marco jurídico nutrido en favor de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, ya que nuestra Constitución en suma con la legislación internacional adoptada por México amplía el catálogo de derechos humanos de éste sector poblacional. Así la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, se erigen como las principales fuentes que nutren la legislación mexicana, pues en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación., además de repetir el contenido de los tratados internacionales, agrega aspectos que la adecuan a la realidad mexicana.
Por lo que hace a instrumentos de política pública, en el país existen instituciones y programas públicos encaminados a atender a este sector de la población, como lo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).
En 2015, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación reveló en su informe que las principales causas de discriminación en México son por: i) discapacidad; ii) condición de salud; iii) apariencia física y; iv) orientación sexual. Así también la Comisión revela que en los últimos 5 años, la Comisión integró mil 299 expedientes por actos de discriminación, de los cuales 953 fueron en contra de particulares y 346 contra servidores públicos.
Estos datos son alarmantes, ya que visibilizan un tipo de violencia que va más allá de la violencia física, una violencia invisible y con el mismo impacto de la violencia física y el miso grado de peligrosidad para una sociedad plural y democrática.
Éstos tiempos nos exigen unidad y cerrar filas para afrontar los problemas que vienen del exterior. Pero tene,ps temas pendientes en la agenda pública, uno de ellos es la inclusión de los grupos más vulnerables, mujeres, niños, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Esta tarea no solo es del gobierno, las personas tienen que involucrarse más, informarse, sensibilizarse y romper estereotipos y clichés que invisibilizan al otro.