Los vecinos ya se están cansando, por conducto de la presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, mandaron a decir que es tiempo de que se decidan sobre la reforma laboral en nuestro país. Pero es que los acuerdos se establecen para cumplirse, por lo menos eso enseñaban en la vieja escuela, la formalidad te da seriedad y ese principio sigue vigente en el tiempo. El punto es que han pasado 90 días desde que debió adoptarse la legislación laboral, por lo que en estricto derecho ya estamos incumpliendo.

El punto 8 del anexo 23-A Laboral del T-MEC es muy claro al señalar: “Es la expectativa de las Partes que México adoptará la legislación descrita anteriormente antes del 1º de enero de 2019. Se entiende además que la entrada en vigor del acuerdo puede retrasarse hasta que dicha legislación entre en vigor.”

Las consecuencias de no ratificar el T-MEC para México serían catastróficas en materia comercial pero, que esa situación se genere por no aprobar una reforma laboral en los términos acordados, daría al actual gobierno un punto de desestabilización que difícilmente aguantaría. 

Dos circunstancias generaron la situación en que nos encontramos, por un lado, la indefinición en las decisiones, y por el otro, una confusión conceptual que construyó una reforma llena de enredos.

Primero, en cuanto a la indefinición de las decisiones: las autoridades presentaron la propuesta de reforma el 22 de diciembre de 2018, así que, con todo el empuje del nuevo gobierno, las mayorías en las Cámaras y la obligación del T-MEC encima pudieron haber tomado la decisión de aprobarla durante ese mes, en un acto de fuerza política pero de firmeza, que la verdad, y a la distancia, hubiera sido lo mismo o mejor, porque lo que siguió después fue un proceso de debate democrático al mero estilo de Ibargüengoitia, ni fue debate ni fue democrático. Unos cuantos foros controlados, limitados, entre líderes sindicales y empresariales (justo a quienes pretende regular), sin oportunidad de cambios reales a la propuesta, estaban pensados para convencer pero se quedaron en mínimas explicaciones; y a todo esto, le sumamos el protagonismo un día sí y otro también de senadores y diputados, parándose el cuello con ser los representantes de la 4T, abriendo frentes de confrontación, la última de la puntada son los foros para incluir la subcontratación y anunciando que abrirán otras mesas en el senado cuando llegue la minuta, como si el tiempo les fuera a dar para todo eso, a pesar de que se tuvo oportunidad y se denunció que debieron incluir temas como la regulación de la subcontratación, pues no, abrir más el abanico ahora sólo pone más al rojo vivo el clavo que están agarrando en las Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía. Todo parece indicar que va a terminar en una imposición de la propuesta original de Morena, para el caso mejor se hubieran puesto el traje de estadistas en diciembre y no de ceceacheros en abril o mayo.

Los problemas inmediatos que sufren trabajadores y empresas es la extorsión sindical y la solución es simple, establecer el respeto al trabajo personal de cada trabajador sobre la dictadura de los líderes, señalando de manera expresa que haya libertad de participar o no en una huelga y proteger punitivamente ese derecho, para que los líderes no puedan cerrar empresas por la fuerza, así como quitar la obligación patronal de descontar cuotas y cobros sindicales, sólo se debe permitir la cotización voluntaria, que el trabajador reciba íntegro su salario y él decida si cotiza, lo que quitaría el sentido del negocio a los charros.

Pero es que la discusión de los países de América del Norte, por lo menos en el discurso, era que debían mejorarse las condiciones laborales en México, que hubiera competencia entre las economías; lo que de inicio se antoja de dientes para afuera, porque la migración de sus empresas a nuestro país siempre ha sido por las magras condiciones laborales de nuestros trabajadores. Sin embargo, era una ocasión fenomenal para realizar reformas de fondo a la democracia sindical, ya explicamos nuestras propuestas en el artículo anterior ( https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/24/los-temas-mas-importantes-sobre-las-huelgas-y-los-sindicatos-en-la-reforma-laboral ), pero en lugar de eso se fortaleció el corporativismo estatal, se creó un súper Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que dudo mucho pase el tamiz de los juicios de constitucionalidad a que será sometido. Los problemas inmediatos que sufren trabajadores y empresas es la extorsión sindical y la solución es simple, establecer el respeto al trabajo personal de cada trabajador sobre la dictadura de los líderes, señalando de manera expresa que haya libertad de participar o no en una huelga y proteger punitivamente ese derecho, para que los líderes no puedan cerrar empresas por la fuerza, así como quitar la obligación patronal de descontar cuotas y cobros sindicales, sólo se debe permitir la cotización voluntaria, que el trabajador reciba íntegro su salario y él decida si cotiza, lo que quitaría el sentido del negocio a los charros. Pero el eje de análisis se movió de lugar, y en lugar de eso se fijó en el voto libre y secreto, el cual ya se había conseguido con jurisprudencias desde 2008 (tesis 2ª./J./150/2018), sin embargo, la realidad laboral no cambió de forma diametral en los últimos 10 años por este hecho, y es que la explicación tal vez se encuentre en otro lado, como el que 93% de la industria en México son Pymes, así que muchas no llegan ni al número de 20 trabajadores para constituir su sindicato, por lo que son afiliados a los sindicatos de industria que manejan las centrales, o las condiciones de cambio en la clase trabajadora como señala Adrián Tarín y José Manuel Rivas en el libro “La clase trabajadora ¿sujetos de cambio en el siglo XXI?”, el cual recomiendo.

En fin, dos circunstancias, de forma y de fondo, que están pesando a la actual administración en torno al T-MEC.

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** Maestro en derecho UNAM