En esta la primera de mis columnas de este 2015, antes que nada quiero dar mi agradecimiento a Don Federico Arreola por depositar la confianza en este servidor y permitirme continuar con usted mi querido lector haciendo posible y un hecho todas y cada una de mis humildes opiniones, donde son bienvenidas las críticas, tanto buenas como malas, a veces muy severas, pero que además de agradecerse también han contribuido sin duda alguna a mi formación tanto como jurista como columnista de esta casa que me abrió las puertas.

Reza una expresión que me viene a la mente: "Obedézcase pero no se cumpla".

Sin duda el 2014 fue un año difícil en todos los sentidos, difícil en materia económica, de empleo, de aumento de índices delictivos, de reformas estructurales constitucionales que a la fecha han recibido las peores descalificaciones y rechazo de la sociedad, pero sobre todo fue un año en el que los derechos humanos fueron vulnerados e inobservados por el Estado Mexicano en todos los aspectos.

En efecto, me refiero a esta materia en especial porque además de ser de las más importantes y reconocidas a nivel mundial, los derechos humanos fueron establecidos de pleno derecho en nuestra Constitución desde el 2011 con la reforma que en este rubro fue realizada, pero que por desgracia en el 2014 fue de lo más fallido.

Probablemente sea objeto de críticas y descalificaciones hasta por mis propios colegas por la responsabilidad que conlleva lo que manifiesto, pero reitero que ha sido fallido tanto el tratamiento, observancia y respeto por los derechos humanos en nuestro País, como las propias medidas o mejor dicho, cartas de buenas intenciones del Gobierno Federal en la materia.

Tenemos la tragedia de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde la crisis resultó más severa de lo que el propio gobierno se imaginó dado el rechazo y consternación que a la fecha ha mostrado la sociedad ante este lamentable suceso y que aún no ha sido esclarecido conforme a derecho, así como otros casos de desapariciones en la República, siendo el último de los documentados el del periodista y activista Moisés Sánchez en Medellín, Veracruz, presuntamente en manos de policías municipales y que también la autoridad hace mutis de ello, la masacre de civiles en Tlatlaya, en el Estado de México a manos del propio ejército, así como actos de violaciones de derechos humanos que se cometieron durante las marchas, como en detenciones hechas de manera arbitraria por elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, como de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quebrantando el debido proceso legal; violaciones todas que han quedado evidenciadas, y sin omitir mencionar que a diario son cometidas arbitrariedades de esta índole, donde hasta un servidor he sido tanto testigo como sujeto pasivo en manos de elementos policiacos.

Por lo que, debido a lo anterior, me quedo con este planteamiento que es directo a la reflexión mi querido lector: ¿Hasta cuándo dejará de ser retórica jurídica y se cumplirán a cabalidad los derechos humanos plasmados tanto en nuestra Constitución, como el control de la convencionalidad que no es más que la obligación del gobierno mexicano de observar y hacer valer los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales en la materia?