De fuera vendrá quien de casa te echará.
Refrán popular.
México vivirá por primera ocasión en su historia electoral un escenario inédito. No sólo se homologarán elecciones locales y federales sino que en esta ocasión habrá candidatos independientes que buscarán llegar al poder sin la necesidad del respaldo de un partido político. Un total de 17 aspirantes iniciaron los trámites para participar en el proceso donde se elegirá Gobernador. En 9 entidades donde se llevará a cabo elección de Ejecutivo local, hay por lo menos un aspirante independiente y, de entre todos sólo una mujer participa (en Nuevo León).
Además de cumplir con los requisitos legales que pide cada instituto electoral local, deberán conseguir el respaldo de por lo menos el 3% del padrón de electores de su entidad, es decir, habrá entidades en donde el respaldo deberá ser superior a los 100 mil habitantes enlistados en el padrón.
Apoyo ciudadano que requieren los
candidatos independientes a Gobernador.
Del primer filtro establecido, 5 ya fueron eliminados por no cumplir con los requisitos legales, por lo que únicamente 12 de ellos buscarán el respaldo ciudadano. Imagínese que alguno de los candidatos independientes llegue a ser Gobernador, ¿cómo afectaría al nuevo gobierno ciudadano en su relación con el Congreso local si éste se conformará básicamente de representantes de los distintos partidos políticos? ¿Cómo negociará presupuesto y demás espacios políticos si el nuevo gobernante no contaría con el apoyo de algún Grupo Parlamentario que impulse sus iniciativas?
Los obstáculos no sólo están en los requisitos sino en el ejercicio del gobierno también, pues nunca se ha registrado en la historia política de México un gobierno ciudadano. Lo anterior tampoco es para preocuparse demasiado puesto que los antecedentes de algunos están vinculados a partidos políticos o son exiliados que no obtuvieron la candidatura y decidieron irse por su cuenta. Benjamín de la Rosa (Baja California Sur), por ejemplo, fue colaborador del ex gobernador Narciso Agúndez (PRD) y es hermano de un legislador federal panista. Otro caso es en Colima, en donde Gabriel Salgado Aguilar fue candidato por el PAN y por el extinto Convergencia, además de haber buscado la dirigencia estatal de MORENA.
Uno más es en Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, quien fue legislador local y federal por el PRI pero renunció a éste partido en 2014 para contender. En general, hay empresarios restauranteros, líderes campesinos, académicos y hasta estudiantes de licenciatura (Manuel Rábado Ibarra, quien a sus 24 años solicitó su registro en Sonora) que están participando en busca de una gubernatura ciudadana.
Del primer filtro establecido, 5 ya fueron eliminados por no cumplir con los requisitos legales, por lo que únicamente 12 de ellos buscarán el respaldo ciudadano. Imagínese que alguno de los candidatos independientes llegue a ser Gobernador, ¿cómo afectaría al nuevo gobierno ciudadano en su relación con el Congreso local si éste se conformará básicamente de representantes de los distintos partidos políticos? ¿Cómo negociará presupuesto y demás espacios políticos si el nuevo gobernante no contaría con el apoyo de algún Grupo Parlamentario que impulse sus iniciativas?
Los obstáculos no sólo están en los requisitos sino en el ejercicio del gobierno también, pues nunca se ha registrado en la historia política de México un gobierno ciudadano. Lo anterior tampoco es para preocuparse demasiado puesto que los antecedentes de algunos están vinculados a partidos políticos o son exiliados que no obtuvieron la candidatura y decidieron irse por su cuenta. Benjamín de la Rosa (Baja California Sur), por ejemplo, fue colaborador del ex gobernador Narciso Agúndez (PRD) y es hermano de un legislador federal panista. Otro caso es en Colima, en donde Gabriel Salgado Aguilar fue candidato por el PAN y por el extinto Convergencia, además de haber buscado la dirigencia estatal de MORENA.
Uno más es en Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, quien fue legislador local y federal por el PRI pero renunció a éste partido en 2014 para contender. En general, hay empresarios restauranteros, líderes campesinos, académicos y hasta estudiantes de licenciatura (Manuel Rábado Ibarra, quien a sus 24 años solicitó su registro en Sonora) que están participando en busca de una gubernatura ciudadana.
La confianza del ciudadano, pues, puede verse mermada al identificar que candidatos independientes tengan antecedentes partidistas o simplemente hayan sido impulsados por algún partido para debilitar a otro. A pesar que se trata de una nueva figura en las elecciones en México, las candidaturas ciudadanas pueden ser objeto de manipulación de algún gobierno local o partido político propiamente. Sólo para obtener el respaldo ciudadano se requiere de una infraestructura humana y de recursos económicos para que, en un plazo determinado por la ley electoral, el ciudadano obtenga firmas de apoyo. Eso solo lo tiene o bien alguien con suficientes recursos económicos o un gobierno.
El ciudadano común, el de a pie, verá un panorama difícil para elegir una opción. Si esto lo desilusiona, los últimos acontecimientos en la política mexicana lo harán más. Nuevamente, un medio extranjero tiene que dar a conocer los grandes beneficios que el poder deja a los gobernantes. Ello significa, por una parte, de las grandes limitaciones que no solo tiene la ley para acceder a la información, sino también de las existentes en el medio periodístico mexicano. El diario The New York Times dio a conocer a través de una nota titulada Towers of secrecy (Las Torres de la secrecía) las propiedades que tienen algunos extranjeros en los Estados Unidos. Llamó la atención que uno de los encargados de negociar el Pacto por México y ex gobernador de Oaxaca, José Murat, tenga media docena de casas en ciudades como Nueva York. En su derecho de réplica, el ex mandatario local reconoció poseer dos propiedades adquiridas hace 10 años, pero no más.
Si ello no es suficiente, analice lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaba de aprobar. Ante una queja interpuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el máximo órgano judicial en materia electoral decidió amonestar públicamente al PVEM por haber violado el principio de equidad en el proceso electoral actual. La razón fue a raíz de una serie de spots en salas de cine en el país que les otorgó un posicionamiento nada despreciable que hoy los colocan con una buena cantidad de simpatías (creció 11 puntos en preferencias). El precedente que deja el Tribunal sin duda que alentará a otros partidos a romper con la equidad en la contienda, si no es que ya lo están haciendo.
Finalmente, habrá que poner especial atención a la reforma que en materia de transparencia se estará discutiendo en el Congreso en los próximos días, puesto que, además de incumplir un mandato constitucional que consiste en que los legisladores mexicanos aún no han aprobado la ley secundaria que dotará, según sus impulsores, de mayores atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Sin embargo, hay algunas resistencias que buscan limitar al propio instituto puesto que no ven bien que se le otorgue facultad sancionadora a quienes incumplan con sus resoluciones.
Otra resistencia tiene que ver con la reserva de información. Se pretende, por tiempo indefinido, clasificar cierta información que pudiese dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria. Ello no es más que ocultar, por ejemplo, cuánto deben las entidades por concepto de deuda pública.
Habrá que esperar los alcances y límites que al IFAI se le otorgue. Por lo pronto, con estas eventualidades el ciudadano deberá reflexionar qué futuro gobierno querrá tener: si optar por el viejo y malo conocido o, experimentar con una nueva alternativa que corre riesgo de ser corrompida pero que al mismo tiempo puede significar un cambio en el estilo de gobernar.
El tintero.
Con corte al 5 de diciembre de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo lleva cumplidos el 10.52% de sus promesas de campaña, es decir, 28 de los 266 compromisos que firmó ante notario. Tan sólo en su primer año como Presidente, logró cumplir con apenas 4 y en el segundo con 24. Para poder llegar a la totalidad de sus compromisos deberá en promedio llevar a cabo 44 acciones anuales.
El recorte al gasto público que anunció la Secretaría de Hacienda por 124 mil 300 millones de pesos por sin duda que afectará la concreción de dichas promesas, sobre todo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que mayor número de compromisos concentra con 104. Con una contracción de 11,820 millones de pesos será difícil cumplir. Por lo pronto, ya se anunció la cancelación del Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo (compromiso 243) y está en riesgo el Tren de alta velocidad Querétaro-México (compromiso 94). Habrá que esperar qué otros compromisos dejará de cumplir este gobierno que lleva apenas dos años.
(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/