La gobernadora Claudia Pavlovich ha demostrado en muy poco tiempo ser una gobernante con sensibilidad social y con capacidad no sólo para leer correctamente, sino para actuar frente al momento que viven Sonora y el país en su conjunto, algo que aunque parezca la responsabilidad mínima de cualquier servidor público, en realidad es el eslabón perdido en la cadena de la democracia como se establece en la constitución, como una forma de vida.

Mucha de la decepción que alienta los proyectos rupturistas en curso en la sociedad mexicana, tiene que ver con la inacción frente a los retos, el derrotismo anticipado ante los problemas que nos impone el entorno, y la infinita capacidad que tienen los políticos tradicionales no sólo para incumplir sus compromisos, sino para ocasionar problemas innecesarios o agravar los existentes, en perjuicio de sus gobernados.

La indignación popular abreva todos los días en los desplantes de esos políticos y gobernantes que, instalados en sus burbujas de poder, toman decisiones no solo a contrapelo de lo que indica el bienestar de las mayorías, sino incluso, a riesgo de su propia supervivencia política, algo que resulta simple y sencillamente incomprensible.

Por eso es importante dimensionar la actuación de la gobernante sonorense al frente del Ejecutivo de ese estado, porque su conducta, que debería de ser similar a la de sus pares del resto de las entidades federativas, en realidad es propia de una ave raris en la estructura actual del poder en México. No la perdamos de vista de aquí al 2018.

Ahí están por ejemplo el reclamo a la Federación y la operación política y presupuestal que realizó el gobierno de Sonora para paliar los efectos del gasolinazo de principios de año. Mientras que el resto de los gobernadores, lo mismo aliancistas opositores que priistas actuaron en el esquema tradicional de la relación con el gobierno federal, Pavlovich no sólo rechazó hipotecar su prestigio político con una medida tan antipopular, sino que se movilizó para obtener vía ahorros, una cantidad suficiente de recursos que le permitieron evitar, en lo inmediato, el incremento al transporte público en su entidad.

No se trata solo de olfato y de oficio político. En el fondo, lo que se aprecia es un sentido de responsabilidad, del que se carece en buena parte de la administración pública en México.

Otra actitud a destacar de la gobernadora, es la asumida frente al problema que representa la difícil situación económica que se vive en el país por el entorno internacional. El triunfo de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos vino a cambiar toda la realidad económica del país y más en las entidades que se encuentran en la frontera y mantienen una interdependencia con el vecino del norte. La prioridad de los gobiernos estatales es tratar de conservar e incrementar los empleos.

Por eso, Pavlovich Arellano no ha dudado ni un instante para capitalizar errores de otros estados y para atraer inversión a Sonora. El caso concreto es el de Zacatecas. En esa entidad, un gobernador que no tiene la menor idea de lo que significa el momento de incertidumbre que vive el país, y pensando que su estado es una isla y él su monarca absoluto, en vez de investigar el endeudamiento millonario que le dejaron los gobernadores Amalia García y Miguel Alonso Reyes, decidió obtener de la iniciativa privada, vía un nuevo e ilegal impuesto, los recursos que sirvan para al menos mantener a flote su administración.

Nadie puede estar en contra de que las empresas y los ciudadanos paguen impuestos, lo que nadie puede justificar es que el gobernador Alejandro Tello haya creado un impuesto especial dedicado a una sola actividad comercial en Zacatecas, la de la industria minera. La reacción de las empresas no se ha hecho esperar y mientras se recurre a las vías legales para revertir el cobro del llamado impuesto minero, hay anuncios de paralización de inversiones y muy probablemente el cierre de empresas.

Tello Cristerna estaría matando la gallina de los huevos de oro para satisfacer el hambre que tiene hoy su administración. A diferencia de este político cortoplacista, Pavlovich promueve en el Congreso de la Unión, una serie de reformas para incentivar la actividad minera en Sonora, ofreciendo reducción de impuestos para incentivar la exploración.

El proyecto de la mandataria sonorense ya se planteó en la Comisión especial de Minería y subraya la conveniencia de permitir la deducibilidad de las inversiones en exploración hasta el décimo año. Con ello espera que Sonora se convierta en el estado más atractivo para la industria minera, nacional e internacional. Así se gobierna en Sonora, con visión de futuro, pensando en crear nuevos empleos de largo plazo.