Durante la mañanera del viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta semana se anunciarían una serie de medidas relacionadas con el Infonavit que, entre otras cosas, incluirían acciones para impedir que un trabajador que no pague su crédito sea desalojado de su vivienda.

Asunto muy delicado, porque, como sabemos, el Instituto es un órgano descentralizado que no opera con recursos públicos, sino que administra un Fondo que se forma con las aportaciones de trabajadores y patrones de la iniciativa privada.

Vaya pues; es un órgano autónomo que administra un Fondo que es propiedad de todos y cada uno de sus trabajadores afiliados, mediante un esquema de cuentas individualizadas.

Es un Fondo que tiene dos mandatos muy específicos; otorgar créditos para vivienda y administrar recursos que son, a fin de cuentas, parte del ahorro para el retiro de los trabajadores, que esperan, en consecuencia, que ese ahorro gane dinero a lo largo del tiempo.

Es por eso que el Infonavit es autónomo, y es por eso que opera a través de un gobierno tripartita, con representaciones de trabajadores, patrones y gobierno, que toma sus decisiones en una Asamblea compuesta por representantes de esos tres sectores.

Y claro, es evidente el poder que tiene el Presidente y que su palabra tiene peso en las decisiones del Instituto, pero es evidente también que la última palabra la deben tener los dueños del Fondo, y más aún, cuando se trate de decisiones relacionadas o con sus esquemas de crédito  con la rentabilidad del ahorro de los trabajadores.

No está de más recordar esto, porque cuando se trata de una Institución financiera, como es indudablemente el Infonavit, a pesar de su esencia social, la premisa es que la prioridad está en la salud financiera del Fondo y que para mantener esta es principio fundamental que todo crédito que se otorgue sea recuperado.

Es simple; cada crédito que no se recupere es una pérdida para el Fondo y sus dueños, y representa también posibles deméritos a los criterios financieros que definen salud y viabilidad de la institución.

Porque, sintetizando, el desempeño del Infonavit se mide a partir de la rentabilidad del ahorro de los trabajadores, reflejado en la cuenta de cada uno de ellos, y en la eficiencia de su programa de vivienda, medible en el número de trabajadores beneficiados y en la diversidad, cobertura y calidad de sus productos crediticios.

Decir que nadie será desalojado de su vivienda implica dos cosas; o que todos pagarán puntualmente su hipoteca o que no habrá consecuencias para quienes no lo hagan, lo que puede provocar que se multiplique el número de quienes decidan dejar de pagar.

Salir a decir que nadie será desalojado puede alimentar la cultura del no pago, elevar la cartera vencida del Instituto, reducir la rentabilidad de las subcuentas de vivienda de los trabajadores...

Puede, incluso, provocar que las calificadoras le bajen la calificación al Infonavit o a sus emisiones.

Y hay todavía muchos temas al respecto... Uno de ellos es el que desde hace tiempo hay programas de créditos cofinanciados en que un trabajador puede comprar su casa sumando para ello dos créditos; uno del Infonavit y uno de un banco...

¿Qué va a pasar con los créditos cofinanciados? ¿Van a desaparecer? ¿Qué va a pasar con los que están vigentes; será que los bancos pidan garantías adicionales o incluso el pago anticipado a fin de prevenir una nueva regulación que les impediría recuperar la garantía en los casos que no exista otra opción?

¿Será que el Infonavit ofrecerá garantías adicionales para esos casos o comprará las carteras bancarias de los créditos cofinanciados?

Claro, lo que sí puede hacer el Infonavit es tener un programa de actualización constante de la estructura de sus créditos, y de sus programas de cobranza y atención a derechohabientes, buscando con ello que en todo momento las condiciones de sus créditos estén acordes con las realidades de quienes los contratan.

Y tampoco está de más recordar que desde hace tiempo el Infonavit ha puesto en marcha un programa de Cobranza Social, que busca ofrecer opciones para proteger a sus derechohabientes de toda consecuencia relacionada con dejar de pagar sus créditos, y que estos programas han sido puestos en revisión por la nueva administración del Instituto, a fin de reparar los errores cometidos durante la gestión de su anterior director, David Penchyna Grub, y que se vieron reflejados en una deshumanización del trato y en abusos de los despachos externos de cobranza contratados por el Infonavit.

Y ojo, que ya durante esta administración el Infonavit ha puesto en marcha dos programas muy importantes para su derechohabiencia, que, sin embargo, representan ya un costo para las subcuentas de los trabajadores y la rentabilidad de las mismas; un programa de reestructura y otro incrementando los montos de crédito de los trabajadores de menores ingresos.

Y cuidado, porque un nuevo programa para proteger a quienes no paguen su hipoteca implicaría un nuevo costo al ahorro de los derechohabientes del Instituto.

¿Es posible eliminar en 100% la recuperación de garantías en una Institución que en sus 47 años de vida ha otorgado más de 10 millones de créditos?

Difícil... Difícil porque mandaría señales contradictorias a un sector financiero que anda muy nervioso y buscando certezas para poder seguir operando como la ha estado haciendo hasta ahora.

Difícil, porque garantizar que nadie será desalojado implica asumir costos que no pagará el gobierno, sino los dueños del Fondo; los trabajadores, y que estos costos tendrán repercusiones en el futuro de los fondos nacionales de vivienda y de la operación del sistema hipotecario en su conjunto.

No hay de otra, para fortalecer un sistema de crédito hipotecario que pueda atender a todos los mexicanos, el primer paso es garantizar que todo crédito pueda ser recuperado.

Horacio Urbano es presidente fundador de Centro Urbano, think tank especializado en temas inmobiliarios y urbanos

Correo electrónico: hurbano@centrourbano.com

Twitter: @horacio_urbano