Ya se volvió algo cíclico leer en la prensa, cada cierto tiempo, declaraciones del abogado Paulo Diez Gargari en contra de la empresa española OHL y en contra de funcionarios mexicanos.

A lo largo de casi dos años, el representante legal de la empresa Infraiber ha lanzado cientos de señalamientos y acusaciones en contra de la constructora con sede en Madrid, lo mismo diciendo que las concesiones carreteras de esa compañía fueron entregadas de manera irregular, que acusando sin probar de que cobra tarifas por encima del mercado o diciendo, como si fuera alguna autoridad mexicana, que las concesiones ya deben de retirárseles porque la empresa ya recuperó su inversión.

Paulo Diez también la ha acusado de engañar a sus accionistas, y por esa idea repetida en algunos medios de comunicación que se han especializado en usar declaraciones para golpear al gobierno federal, intervino hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores…que si bien hizo observaciones contables, y expidió las multas correspondientes, aclaró que la acusación de fraude era simplemente un cuento, un engaño mediático.

Paulo Diez ha llevado los señalamientos en contra de OHL a España, país que por cierto, castiga a quien ataca sistemáticamente a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores con el evidente fin de hacerles perder el valor de sus acciones, como lo ha hecho este abogado contra OHL.

Y hace poco, amenazó que acudiría a instancias en Estados Unidos para denunciar prácticas de corrupción que él insiste en denunciar pero que, salvo los medios que le dan amplios espacios, ninguna autoridad ha visto en las diversas auditorías y revisiones realizadas a la empresa.

Por eso no es extraño que haya acusado ante la PGR al propio presidente Enrique Peña Nieto de haber ordenado que le quitaran a su jefe y socio, Pedro Topete Vargas, un contrato millonario que Infraiber tenía en el Estado de México. Lo que los medios que displicentemente difunden el señalamiento no hacen, es preguntarle a Paulo Diez en qué condiciones recibieron los denunciantes dicho contrato, si tenían experiencia como empresa y si en 4 años de tener ese contrato hicieron algún tipo de trabajo.

La verdad es que Infraiber se constituyó en diciembre de 2010, para ganarse ese contrato, que recibieron, sin licitación previa, en 2011. El contrato consistía en auditar el flujo vehicular en las autopistas concesionadas del estado de México y no obstante que los precios internacionales eran de 12 centavos por vehículo monitoreado, a Infraiber se le aprobó cobrar 50 centavos.

Así que el negocio que reclama Infraiber apunta a ser un caso de corrupción escandaloso. Pero Paulo Diez ha logrado distraer a la opinión pública sobre las motivaciones de que se dedique de tiempo completo a atacar a OHL y ha logrado crear percepción negativa de una empresa a la que muchos identifican como la consentida del gobierno federal.

La realidad es que de los 8,500 contratos correspondientes a más de 4,500 obras que ha suscrito la SCT en el gobierno de Peña Nieto, y que involucran recursos por más de 250 mil millones, OHL sólo ha obtenido tres.  Por supuesto que ICA o las empresas de Carlos Slim han obtenido más contratos que la española, pero contra aquellas no hay una campaña de desprestigio como la que con el apoyo de varios medios de comunicación, mantienen Paulo Diez y Pedro Topete desde principios de 2015.

Una ventaja que tienen estos personajes, que han sido acusados por OHL  ante la PGR de haberlos extorsionado, es que los datos duros y las auditorías constituyen información racional que no es bien vista en estos tiempos por una sociedad que se deja llevar más por las emociones.

La denuncia que presentaron Paulo Diez y Pedro Topete en la PGR contra Peña Nieto, pone a  nuestro presidente en condición de un verdadero bandido, capaz de cometer una injusticia en contra de una empresa para beneficiar a otra. Y eso no parece importarle a nadie. Pareciese que en Los Pinos ya están esperando a que termine el sexenio.