2014 representó un punto de quiebre en el sistema político mexicano. Los escándalos de corrupción de la Casa Blanca y Grupo Higa ( con la cancelación del tren DF-Querétaro como consecuencia); los casos de Tlataya y Ayotzinapa y más recientemente Tanhuato, con probables violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno; aunado al débil crecimiento económico, el desplome de los precios del petróleo, la lenta implementación de las reformas estructurales ?cuyos resultados no se verán sino hasta la próxima década, en el mejor de los casos-el aumento de la pobreza y otros casos de corrupción menos espectaculares pero no menos trascendentes a nivel local y municipal, han provocado una explosión de desánimo y descontento, que se reflejan de manera diáfana en los niveles de desaprobación del presidente Peña Nieto que ronda en el 65%.

¿Cuál ha sido la respuesta de los actores políticos a esta grave crisis de credibilidad ante la ciudadanía? Si lo juzgáramos a la luz de decisiones insólitas como la designación del cuestionadísimo ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, como cónsul de México en Barcelona, o como la exoneración de la Secretaría de la Función Pública ante graves y evidentes conflictos de interés, uno podría pensar que la clase política mexicana todavía ?no entiende que no entiende? y que la opinión pública adversa no les importa, ya que según ellos, todo va viento en popa.

Si por el contrario tomamos en consideración la solicitud del gobierno mexicano para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa o la aprobación constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción ?aún no terminado ya que faltan las leyes reglamentarias- uno podría concluir que, por fin, el gobierno ya se dio cuenta que el deplorable estado de cosas en México no puede persistir, y que si no se toman acciones concretas y contundentes para instaurar, por fin y por primera vez en la historia contemporánea, un auténtico Estado de Derecho, la situación nacional se seguirá deteriorando de manera inexorable e imparable.

¿Qué falta? ¿Qué acciones inmediatas podría tomar las y los políticos en lo que resta del 2015 y en 2016 para que el clima de corrupción y violencia generalizada imperante no siga perjudicando a la ciudadanía?

La primera, considero, es la aprobación de las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que ponga candados al despilfarro de recursos en gobiernos estatales y municipales, castigue el conflicto de interés y estipule la obligatoriedad de que las declaraciones patrimoniales sean públicas; la segunda, legislar para derribar las barreras que enfrentan los poderes judiciales de las entidades federativas para ser plenamente independientes, imparciales y autónomos y puedan ejercer sus funciones clave para que exista el Estado de Derecho; y la tercera, que los gobernadores y presidentes municipales implementen servicios civiles de carrera con base en el mérito, a efecto de asegurar que sean las mejores mujeres y los mejores hombres los que ocupen una franja de puestos públicos para, con ello, coadyuvar a una implementación de políticas públicas que realmente incidan de manera positiva en la calidad de vida de las y los mexicanos.