Fue en la Revista Archivos de Neurociencias, Volumen 3, Número 1, donde se publicaba, en 1998, de forma prometedora, un artículo titulado “Análisis preliminar de un nuevo sistema de derivación para el tratamiento de la hidrocefalia”, investigación firmada por los doctores Miguel Ángel López-González, Antonio Benita-Bordes, Mario Izurrieta Ulloa y Julio Sotelo-Morales, este último, ex-Director de Investigación y Presidente del Consejo Técnico, ese año, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaria de Salud en la Ciudad de México, una prestigiosa institución fundada en 1964 por el reconocido neurólogo chiapaneco Manuel Velasco Suárez; en este artículo se describían los experimentos llevados a cabo en la institución para tratar la hidrocefalia, un padecimiento que se caracteriza por la retención de líquido, el llamado cefalorraquídeo, en la caja craneana, lo que produce comprensión cerebral, daño neurológico grave y muerte en casos severos; los experimentos implicaban el uso de un nuevo dispositivo médico, fabricado con tubo de plástico Taygon® y diseñado por el investigador Sotelo Morales, implantado en varios enfermos con diagnósticos diversos, los cuales fueron vigilados y evaluados para conocer la efectividad y beneficio del entonces nuevo equipo de tratamiento, presumiblemente más barato y de desarrollo nacional. Las noticias en los años siguientes, sin embargo, demostrarían tristemente la existencia de un fraude científico de inhumanas consecuencias, envuelto en una impunidad criminal perpetuada por el tráfico de influencias y complicidad de las autoridades sanitarias del país, indulgentes a grado doloso, ante lo que la evidencia prueba como un ejemplo vergonzoso de despotismo médico y arrogancia científica; la presente investigación no es nueva; fue abordada por diversos medios y denunciada por varios personajes, con consecuencias funestas en todos los casos y, peor aún, con víctimas fatales que murieron en silencio, arrastrando con ellos a sus familias que desde entonces esperan explicaciones y actos de justicia por parte de las autoridades mexicanas.
El caso Walkup
María de Lourdes Walkup Mentado, una mujer de 54 años en 2015, fue atendida en 2006 en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”; allí fue diagnosticada, utilizando diversos estudios, como portadora de un tumor benigno denominado meningioma que comprimía la masa de su cerebro, razón aparente por la que se le colocó un dispositivo médico novedoso en fase experimental, un tubo de Taygon® diseñado por un neurólogo clínico, experto en neuroinmunología y neurovirología, el Dr. Julio Sotelo-Morales; cabe precisar que informes oficiales establecen que la colocación y supervisión del funcionamiento del dispositivo fue realizada por médicos en formación, residentes de diversas especialidades médicas en el campo de la neurología, sujetos a la disciplina hospitalaria y las indicaciones de médicos de jerarquía superior, en un escenario donde el Dr. Sotelo-Morales fungía como Presidente del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía e Investigador Nacional Nivel III, del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Tras la colocación del dispositivo, la paciente Walkup sufrió diversas complicaciones, algunas inherentes a la presencia del tumor y otras muchas ligadas al dispositivo colocado en su cerebro, complicaciones como la salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, hasta mareos, dolor e incapacidad de dormir en posición horizontal, característica, por cierto, especialmente ligada al dispositivo diseñado por el investigador Sotelo. Fueron las complicaciones lo que llevaría a la ciudadana Walkup y a su familia a levantar una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación en Cuernavaca, Morelos, el 24 de marzo de 2009.
Tras una evaluación detallada, institucional, por parte de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, dictamen médico 360/09, expediente CONAMED 2806/09 de enero de 2010, esta observó lo que se constituyó como abusos y omisiones graves de la práctica médica relacionada con la colocación del catéter de Taygon®, denominado por su creador Sistema de Derivación Ventriculoperitoneal de Flujo Continuo INNN, hoy en desuso, y que implicaron la experimentación NO AUTORIZADA en seres humanos, sin permiso de las autoridades de la Secretaria de Salud ni del propio Instituto con un dispositivo no probado en animales de experimentación y sin siquiera autorización formal para su utilización por parte de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS; las conclusiones del dictamen son tajantes y absolutas, “apreciamos mal praxis del personal administrativo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, al permitir el empleo de un dispositivo en fase de investigación como un recurso de atención medica ordinaria”.
A pesar de las demandas por una explicación, una indemnización y tratamiento médico suficiente y adecuado para la paciente Walkup, esta falleció hace unas semanas en medio de la indiferencia de las autoridades de salud del país, del Instituto Nacional de Neurología y del autor intelectual del abuso científico del que fue objeto, Julio Sotelo-Morales, pese a que su caso fue presentado, en 2012 y con apoyo del obispo Raúl Vera López, destacado activista, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Adicionalmente a lo registrado en el dictamen de la CONAMED, existen datos reprochables sobre el deficiente dispositivo de Taygon®; Silvia Walkup, hermana de la paciente, afirmó haber pagado hasta $ 300,000 pesos en el procedimiento ligado al dispositivo, un tubo con un costo material no mayor a un par de cientos de pesos. Por su parte investigadores como Eldon L. Foltz, neurocirujano de la Universidad Estatal de Michigan y Harold Portnoy, miembro de la Asociación Americana de Neurocirujanos, llegaron a reprochar al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía el procedimiento utilizado, en virtud de que se basaba en estudios médicos realizados en los años 50´s.
Desconocemos a detalle el desenlace del experimento en los diversos humanos usados como especímenes de investigación. Según se desprende del mismo estudio citado al inicio de esta nota, el artículo publicado en la Revista Archivos de Neurociencias de 1998, el tubo plástico de Taygon® también fue aplicado a recién nacidos, “su aplicación en 12 recién nacidos con hidrocefalia congénita no fue satisfactoria, para lo que es necesario un diseño específico con ciertas modificaciones para las diferencias anatomofuncionales con los adultos” (Arch Neurocien Mex Vol 3 No 1, 1998, página 27)
Si bien la ciencia funda su avance en la experimentación, es mundialmente reconocido que existe una serie de pasos a seguir, apegados a la ética y a la honestidad científica, que debe obedecer todo bienintencionado hombre de ciencia. Cabe citar aquí la promulgación del Código de Nuremberg, en 1947, consecuencia del juicio a los médicos que habían realizado experimentos atroces con prisioneros y detenidos sin su consentimiento durante la Segunda Guerra Mundial. El Código, cuyo objetivo es proteger la integridad de la persona que se somete a un experimento, estipula las condiciones necesarias para la realización de trabajos de investigación en seres humanos, haciendo hincapié en "el consentimiento voluntario" de esa persona. Un consentimiento voluntario que María de Lourdes Walkup Mentado jamás otorgó.
Conocer de este caso y otros más de naturaleza similar persigue sentar un precedente útil, justo y ejemplar sobre los actos que llevan a cabo los investigadores mexicanos en materia médica y de salud. Las autoridades no pueden seguir indiferentes ante estas gravísimas faltas en términos de derechos humanos en nombre de la ciencia o de intereses, peor aún, ajenos a ella. El Dr. Sotelo-Morales dirige ahora mismo el Laboratorio de Neuroinmunología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y se ha negado repetidas veces a tratar el tema; al mismo tiempo funge como destacado miembro de múltiples Juntas de Gobierno de varios Institutos Nacionales de Salud incluido, por supuesto, el Instituto Nacional de Neurología, el cual dirigió de 1998 a 2007.
Existen otras víctimas del abuso científico en el INNN; de ellas trataré en próximas columnas.
Dr. Sergio García-López, médico, periodista y analista de los sistemas de salud
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