El lunes taxistas de la Ciudad de México y de 28 estados de la república se movilizaron en algunas de las urbes más importantes de la república para protestar contra la operación de empresas que ellos denominan trasnacionales y que hoy mismo les disputan un buen trozo del pastel del mercado del transporte público de alquiler.

Según cifras de los propios taxistas convencionales, en la CDMX operan alrededor de 100 mil vehículos que compiten con ellos por medio de aplicaciones digitales.

Los transportistas demandan terminar con esa competencia que juzgan desleal, debido a que los gobiernos no tienen el mismo trato en cuanto a reglas del juego se refiere. Para los taxistas convencionales hay normas que tienen que cumplir como concesiones, revista vehicular y otras regulaciones que no necesariamente cubren quienes ofrecen el servicio mediante aplicaciones como Uber, Cabify y Didi.

El lunes por la tarde acordaron, para levantar el bloqueo en la Ciudad de México, negociar con la Secretaría de Gobernación y ya pusieron algunas cartas sobre la mesa. La primera es determinar si es legal la operación de las empresas que ofrecen servicios de movilidad mediante nuevas tecnologías y otra es que jueguen con las mismas reglas.

Pero, ¿qué hay realmente de fondo en este conflicto?

Por supuesto que debe haber reglas claras y el gobierno debe procurar que un competidor en el mercado del transporte público tenga las mismas condiciones frente a otro, pero la realidad es que el servicio de taxis convencional ha quedado rebasado por las nuevas tecnologías, por la innovación y por la calidad del servicio que ofrecen Uber, Cabify y anexas.

Y eso lo puede saber el lector si pregunta entre quienes han utilizado ambas opciones: la respuesta es que los taxis convencionales ofrecen un pésimo servicio: unidades en mal estado, conductores groseros e imprudentes, tarifas muchas veces arbitrarias e inseguridad.

En contraste, las compañías que ofrecen el servicio a través de aplicaciones ofrecen certeza en la tarifa al calcularla desde el principio, seguridad al saber quién está conduciendo el vehículo y mejores vehículos para el traslado.

Por supuesto no todo es miel sobre hojuelas, también han sido escandalosos los casos de desapariciones y asesinatos a bordo de vehículos tipo Uber, pero sin duda en vehículos convencionales se pueden encontrar casos similares. Ese es un problema que deben resolver las autoridades y quienes prestan el servicio.

Pero el meollo es que existe una crisis que implica un encontronazo entre una nueva forma de concebir un servicio mediante el uso de la tecnología y otra que se quedó anquilosada y que además se resiste a cambiar. El gobierno por supuesto deberá mediar y poner reglas claras puesto que se trata de un servicio público.

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