AMLO envía solicitud para investigar a juez de la SCJN
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado polémica nuevamente en torno a sus relaciones con el Poder Judicial. Tras la suspensión temporal de la Ley de la Reforma Eléctrica, el jefe del Estado anunció el envío de un carta, dirigida a Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de disputar la decisión del juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así como una solicitud para la investigación del funcionario.
¿Qué busca el presidente López Obrador? ¿Ejercer presión política sobre el magistrado Saldívar para echar para atrás la suspensión de la aplicación de la ley? ¿Hacer uso fáctico de la popularidad que le envuelve y el poder avasallante del partido mayoritario en el Congreso? ¿Recordar a las máximas instancias jurisdiccionales que él es Andrés Manuel López Obrador, a quien obedecen ciegamente los legisladores? ¿O todas las anteriores?
¿Gobierno dictador?
Es bien conocido que los regímenes autocráticos, y mismo, dictatoriales, tienen como característica inequívoca la captura de los poderes del Estado por parte de otro de los poderes. El PRI lo hizo duranta una buena parte del siglo XX, pues el presidente de la República, cabeza de facto del partido, controlaba las candidaturas, y con ello, al Senado de la República. Luego, tras la propuesta del presidente de los potenciales futuros magistrados, el Senado obedientemente concedía al jefe del Ejecutivo sus deseos.
Sin embargo – y aun a pesar del déficit democrático que padeció México durante los gobiernos del PRI- el individuo se renovaba cada seis años, lo que hacía que el poder del presidente se limitase a la duración de su sexenio, cediendo el bastón de mando a su sucesor, el cual era, huelga recordar, el candidato de su elección.
Ahora, no obstante, tenemos a un presidente cuya popularidad rebasó a sus antecesores priistas, y que parece emular las prácticas de su antiguo partido. En relación con la carta dirigida al ministro Zaldívar, algunos columnistas lo han interpretado como una instrucción girada, como si se tratase de un secretario o de cualquier funcionario del gobierno federal.
El fin de la ¿democracia? de AMLO
Finalmente, el lector recordará que más de una decena de leyes de la presente legislatura se encuentran aún en espera de dictaminación de la Suprema Corte, pues existen acciones de inconstitucionalidad.
En este tenor, AMLO parece atentar contra la independencia del máximo tribunal jurisdiccional del país. Ello conllevaría una tragedia democrática que México no se puede permitir. El presidente, en este sentido, podrá mañosamente argumentar que el Congreso y él gozan de mayor legitimidad popular que once desconocidos ministros no electos. Lamentablemente, así mueren las democracias.