Hoy existe un consenso mundial en torno a la exigencia de combatir el cambio climático y sobre el tránsito hacia energías limpias. Esto ha derivado en buena medida de la explotación de los recursos naturales en el planeta y del actuar del hombre. Un buen número de científicos lo han calificado como una amenaza existencial para las futuras generaciones.

La lucha contra el cambio climático exige la puesta en marcha de acciones transversales de los Estados en concierto con las organizaciones internacionales y la sociedad civil. El día de ayer, el consejo de Estado francés, máximo órgano jurisdiccional en ese país, calificó como vinculantes los compromisos contraídos por Francia en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, lo que ha sido calificado como un éxito invaluable para los activistas en favor de la protección del medio ambiente. A partir de ahora, el gobierno francés deberá rendir cuentas sobre su actuar y cómo sus políticas encajan en los acuerdos alcanzados.

El caso francés ilustra espléndidamente el caso de los países cuya concientización social en torno al medio ambiente alcanza las más altas esferas del poder público. Los Estados Unidos, en contraste, se retiraron oficialmente del Acuerdo tras el ascenso de Donald Trump a la presidencia, pues los intereses de las empresas contaminantes, y el cabildeo que éstas hicieron en Washington, obligaron al presidente a dar la espalda a uno de los instrumentos internacionales más ambiciosos en materia de cambio climático. Sin embargo, el presidente electo Joe Biden ha reiterado su convicción de suscribirse nuevamente al Acuerdo.

Ahora miremos a México. Nuestro país es también signatario del Acuerdo de París. Con base en este instrumento, nuestro país se comprometió a una “reducción no condicionada del 25% de sus gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta” De igual manera, el país se dispuso a “la adaptación del sector social y de la infraestructura estratégica para el cambio climático”

Adicionalmente, México suscribió en 2015 la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos, el que corresponde a “asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos” (ODS 17).

A pesar de la exigencia moral de contribuir en la lucha contra el cambio climático en tanto que decimoquinta economía del mundo, y en contrario a los compromisos internacionales contraídos en el Acuerdo de París y en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el gobierno mexicano se ha empecinado en la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, lo que trasluce una ausencia de liderazgo en materia de protección del medio ambiente. Así ha sido plasmado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el cual contempla una asignación de miles de millones de pesos a un proyecto de infraestructura de escasa viabilidad en el mediano plazo.

Quizá derivado de una convicción desfasada de la importancia del petróleo, el presidente López Obrador desafía abiertamente los consensos mundiales y contraviene los propios compromisos que el gobierno mexicano aceptó tras la suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales.

Finalmente, bien sabemos que los compromisos derivados de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París no son legalmente vinculante en nuestro derecho interno. Sin embargo, el mundo exige de México acciones dignas de nuestro lugar en el concierto de naciones.