Mientras periodistas sensacionalistas especulan absurdamente sobre cuántas muertes pudiesen haber sido evitadas si el subsecretario Hugo López-Gatell no hubiera errado en sus recomendaciones, la saturación hospitalaria está cerca del límite en la Ciudad de México y la zona metropolitana.

El ciudadano es libre y social por naturaleza, por convicción y por principios. No una libertad mal comprendida y peor defendida como la interpretó el impresentable diputado federal del PT con su negativa de portar mascarilla en el INE, sino la verdadera libertad consustancial al hombre, y garantizada por el Estado.

Esta libertad, no obstante, debe ser limitada ocasionalmente por el Estado en tiempos de emergencia nacional. En este contexto, ciertamente las autoridades no serán capaces de restringir las reuniones privadas, ni que los nietos visiten a los abuelos en las próximas Navidades, ni que colegas o familiares celebren el fin del peor año en muchas décadas, pero sí que están exigidas a hacer una amplia interpretación de la ley con el propósito de proteger a la población.

Ante la crisis que atraviesa el país, las autoridades se han revelado laxas y tolerantes. Derivado de la necesidad de mantener abierta la economía nacional, el gobierno del presidente López Obrador y las autoridades locales han optado por desestimar la urgencia de decretar una nueva “jornada nacional de sana distancia”.

Debemos comprender que la libertad individual de los ciudadanos será ejercida mientras existan espacios para ello. En otras palabras, no obstante las exhortaciones de Claudia Sheinbaum, los capitalinos saldrán, convivirán, y en consecuencia, estarán expuestos a contagiar y a ser contagiados. Ante ello, el conjunto de las autoridades del Estado mexicano (gobierno federal, estatales, alcaldías y municipios) deben extremar, en el marco de sus competencias, las medidas de confinamiento.

En este contexto, me atrevería a sugerir el cierre completo de los establecimientos públicos entre los días previos y posteriores al 31 de diciembre. Si no es así, y si se dejan de aplicar todos los recursos que las leyes otorgan al Estado, el ciudadano, en ejercicio de su libertad, ocupará esos espacios.

La situación exige medidas extraordinarias para crisis extraordinarias. No secundo la violación de las libertades, pero sí la aplicación de la ley hasta sus límites permisibles. El gobierno federal, en concierto con las autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno, debe navegar hasta los últimos confines de nuestros textos jurídicos, en el marco de nuestro derecho vigente. La crisis lo exige. De lo contrario, el ejercicio de la libertad individual del ciudadano, ante los espacios de discrecionalidad que le facilita el Estado, puede conducir a un escenario aún más catastrófico.