La reciente detención en Estados Unidos del general mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda ha puesto de cabeza a la opinión pública nacional e internacional. Si bien su procesamiento judicial dependerá de un efectivo trabajo por parte de las autoridades en ambos países, la presunta corrupción y nexos con el narcotráfico del exsecretario de Defensa pone nuevamente sobre la mesa dos asuntos de importancia: la inconveniencia de la militarización de los asuntos públicos del país y la necesidad de una reforma constitucional que exija que el titular de la SEDENA y de la Secretaría de Marina sean individuos fuera del ámbito castrense.
Si miramos hacia otros países como los Estados Unidos y los Estados europeos, mientras el Jefe del Estado es el comandante supremo de las fuerzas armadas (el presidente de la república o el monarca, según el caso) el poder articulador de los ejércitos de tierra, marina y aire dependen de un ciudadano civil, quien a su vez, forma parte del gabinete presidencial. Este secretario, por su parte, es el responsable de la transmisión y coordinación política de las estrategias de defensa, mientras que la operación recae sobre los militares, encabezados por una junta suprema o un alto mando militar.
De esta forma, la comandancia militar no se inmiscuye en las decisiones de carácter plenamente político, y se limitan a la ejecución de las órdenes de sus superiores civiles. Esta exitosa estructura ha permitido un pleno respeto de los ordenamientos jurídicos y una sana separación de los órdenes civil y militar.
La particularidad mexicana de que el militar con mayor rango forme parte del gabinete presidencial —como el caso de la SEDENA y la SEMAR que forman parte de la administración pública federal como dependencias de Estado encabezadas por un general y un almirante— pervierte la misión constitucional de los altos mandos militares. Los secretarios de Defensa y de Marina se ven envueltos en los vaivenes de la política y en el forcejeo en el seno del gabinete, pues participan en las reuniones y se ven involucrados en la toma de decisiones que no corresponden ni a su cargo ni a su formación.
El caso del general Cienfuegos es ilustrativo. A reserva de conocer el desarrollo de la investigación, su presunta culpabilidad envolverá no únicamente a los principales personajes militares del país, sino al conjunto del gabinete presidencial del expresidente Peña Nieto. De allí la imperiosa necesidad de que la protección del Estado mexicano corra a cargo de titulares de la SEDENA y de la SEMAR que no pertenezcan al estamento militar.
Adicionalmente, si bien la detención del general alimentará el discurso lopezobradorista en torno a la corrupción de los gobiernos pasados, también recrudecerá el debate en torno a otorgar a los militares buena parte de las tareas que corresponden a las autoridades civiles mexicanas.