Del anonimato al ojo del huracán
Un mexicano prácticamente desconocido ha pasado del cuasi anonimato al centro de la atención de la opinión pública nacional: David Rogelio Colmenares Páramo, auditor general del país, es decir, cabeza de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Colmenares fue votado para el cargo en marzo de 2018 por la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados para el periodo 2018-2025, a saber, aquella que precedió a la que ocupa hoy el recinto de San Lázaro. La votación tuvo lugar escasos meses previos al arribo de la mayoría actual tras la victoria de Morena en ese año electoral.
Las cifras escandalosas
A raíz de la polémica en torno a la posible injerencia del presidente López Obrador para hacer recular a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre las escandalosas cifras del supuesto costo por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, (más de 300 mil millones de pesos, de acuerdo con la Institución) mucho se ha especulado si efectivamente fue el presidente quien ejerció presión sobre David Colmenares para que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reculase, o que simplemente, se trató de errores técnicos del organismo.
El auditor que actuó ¿de mala fe?
Algunos han ido aun mas lejos. Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT y acérrimo defensor del “compañero presidente” acusó hace dos días abiertamente a Colmenares de haber intentado golpear al gobierno de López Obrador. El legislador argumentó, en sus redes sociales, que el auditor respondía a los intereses del PRI y del PAN, pues en el momento de su votación, obtuvo el cargo con el apoyo de 377 votos, principalmente de estos partidos políticos.
Noroña, fiel a su instinto polémico e incendiario, llamó “herencia maldita” a Colmenares y al equipo especializado que hoy integra la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
¿La labor de Colmenares motivada políticamente? En este sentido, se antoja poco probable pues no se vaticina al auditor en la búsqueda de reflectores para un futuro cargo político.
David Colmenares y su equipo de trabajo deberán informar a los ciudadanos. Si las exorbitantes cifras presentadas derivaron de errores de carácter técnico, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) deberá informar sobre los funcionarios responsables, y en su caso, deberá ser cesados, pues el rigor del organismo ha quedado en entredicho.
Si por el contrario existió una injerencia de AMLO, de algún legislador, o de algún funcionario de su gobierno, el presidente deberá rendir cuentas a los mexicanos sobre este acto de autoritarismo sin precedente en la historia de la fiscalización de los recursos públicos federales.