Dos noticias recientes han ocupado espacios de los diarios electrónicos en México. Una de ellas fueron los actos de discriminación cometidos por una ciudadana argentina contra una mujer mexicana en la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México. Otra fueron los insultos verbales y físicos cometidos por tres jóvenes españolas en el Metro de Madrid contra una pareja ecuatoriana. Estos hechos ponen nuevamente de manifiesto el problema provocado por la discriminación por motivos de raza y tono de piel.
Según ha trascendido en los medios nacionales, la mujer argentina ha abandonado el país, y el Instituto Nacional de Migración, encabezado por el comisionado Francisco Garduño Yáñez, se ha dado a la tarea de investigar la condición migratoria de la persona, pues podría —así fue comunicado por el INM— restringir su reingreso al territorio nacional. Sin embargo, la dependencia no detalló el argumento legal; quizá derivado de una ausencia de base jurídica en el ordenamiento migratorio.
Al otro lado del Atlántico, las jóvenes del Metro están siendo investigadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, y podrían ser encausadas por delitos de odio ante las autoridades españolas. Como se infiere, mientras España y otros países cuentan con una legislación que tipifica esta clase de delitos, México parece quedarse rezagado en la carrera en favor de la prevención de la violencia racial.
En contexto histórico, el racismo en México echa raíces en el periodo colonial. Las élites criollas —descendientes de españoles— blancas, ilustradas y propietarias de tierras y minas, perpetuaron, tras la independencia, el régimen de desigualdad que imperó durante trescientos años. Las personas de tez más oscura, herederos de las castas coloniales, fueron, en consecuencia, relegadas del poder político y económico en el México independiente.
Como resultado de la desigualdad y de la pobreza, millones de mexicanos fueron gradualmente privados de las oportunidades de desarrollo individual que gozaron los descendientes de los criollos. Desafortunadamente, la penosa situación provocó que muchos connacionales cayesen en la delincuencia, y que fuesen eventualmente estereotipados como ciudadanos de menor categoría y —en algunos casos— incluso peligrosos.
México debe, en consecuencia, endurecer el código penal en materia de delitos de odio motivados por discriminación racial. Sin embargo, conviene distinguir el racismo en el ámbito privado y en la esfera pública. Mientras se antoja imposible combatir el primero, pues ello implicaría combatir quinientos años de una ideología conductual enraizada en la conciencia colectiva, sí que se puede legislar con el propósito de prevenir la discriminación en los sitios de trabajo como la equidad en la remuneración salarial, en el transporte público, en las condiciones de acceso a créditos bancarios, vivienda, educación, y en general, a una igualdad de oportunidades de desarrollo.