El escándalo de corrupción provocado por la llamada Estafa Maestra suscita cada día más cuestionamientos y resuelve menos interrogantes. Por un lado, Rosario Robles, ex secretaria de SEDATU y SEDESOL, continúa presa en Santa Martha mientras está sujeta a investigación, y por el otro, su abogado defensor ha abierto nuevos frentes dirigidos a incriminar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Peña Nieto, a saber, a Luis Videgaray, quien fungiese en los hechos como un primer ministro, y José Antonio Meade, ex canciller, ex secretario de Hacienda y ex candidato presidencial del PRI en 2018.

A la luz de las investigaciones, la Estafa Maestra consistió en el desvío de recursos del gobierno federal hacia campañas políticas y “otros fines” a través de universidades públicas.

¿Por qué la Fiscalía General de la República ha priorizado la investigación de exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Peña y no a los últimos ejecutores del gasto, a saber, los funcionarios de las instituciones públicas de educación superior? A primera vista, uno pensaría que los responsables de las universidades serían los autores materiales del crimen, pues serían ellos quienes presuntamente habrían subcontratado empresas fantasmas para justificar los recursos aportados por las dependencias. Sin embargo, el tema es más complejo de lo que aparenta, derivado de los entresijos jurídicos, del funcionamiento de las secretarías de Estado y del ejercicio de autonomía de las instituciones.

¿No deberían las autoridades investigar en primer lugar a Harvey Lee Oswald, y luego, a los individuos detrás del atentado? La respuesta, aparentemente, sería afirmativa. Sin embargo, según se infiere desde la arista legal, resulta difícilmente comprobable el desvío perpetrado por las instituciones de educación superior. Adicionalmente, el estatuto de autonomía constitucional del cual gozan las universidades públicas estatales representa un obstáculo para la concreción de un expediente penal en contra de sus funcionarios.

En otras palabras, una vez que las instituciones han sido receptoras de los fondos, provenientes sea de SEDESOL, SEP o PEMEX, y luego de que las universidades han celebrado contratos con empresas para la realización de alguna obra o proyecto —o un desvío de recursos— una eventual investigación por parte de las autoridades significaría un largo proceso que quizá no conduzca a algún resultado. De allí —según esgrimen los descubridores del fraude— la complejidad de la Estafa Maestra.

Desde la arista política, el procesamiento penal y el vapuleo público de altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto enriquece espléndidamente la narrativa de anticorrupción de López Obrador. Los nombres de Rosario Robles, Luis Videgaray o José Antonio Meade como presuntos responsables —o cómplices— de la compleja maquinaria detrás de la estafa resuenan en todo el espectro mediático; mucho más que el nombre y apellido de un rector o funcionario desconocido de alguna institución de educación superior.

El país exige el esclarecimiento de los hechos y el procesamiento de sus autores, intelectuales o materiales, y los últimos beneficiarios. El presidente López Obrador fue electo para ello. Cuenta con personajes de la talla de Alejandro Gertz Manero, con mayoría en ambas cámaras y el apoyo mayoritario de los mexicanos.