¿Dónde descansa la legitimidad del Poder Judicial?
La polémica en torno al asedio del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial continuará dando espacios para crítica y análisis. Como es bien sabido, tras la suspensión de la reforma a la Ley de la Energía Eléctrica (aquella a la cual el Congreso no osó quitar ni una coma) AMLO ha cuestionado las decisiones de los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza.
Estos sucesos evocan la interrogante ¿Dónde descansa la legitimidad del Poder Judicial? Vamos a ver. El poder Ejecutivo es responsable de la implementación de las leyes emanadas del Congreso. Para ello, el jefe del Estado o de Gobierno cuenta con un robusto aparato gubernamental compuesto por ministerios o secretarias de Estado; cada una de ellas encabezada por un funcionario de alto nivel quien forma parte del gabinete.
A su vez, el poder del Ejecutivo federal se refuerza con la existencia de ministerios de defensa, pues el presidente – el lector recordará- es comandante supremo de las fuerzas armadas. En otras palabras, el presidente de la República cuenta con un enorme aparato militar, de seguridad y de administración pública que le permite intervenir en prácticamente la totalidad de los rincones de la vida pública de la sociedad; limitado, huelga señalar, por la Constitución y por las leyes.
El jefe del Ejecutivo (trátese de un presidente o primer ministro) cuenta con la plena legitimidad de las urnas, sea mediante voto directo en el caso de los sistemas presidencialistas o semipresidencialistas, o a través de su nombramiento como jefe del partido con mayoría en el caso de los sistemas parlamentarios. En todo caso, su legitimidad yace en el resultado del ejercicio libre del voto ciudadano.
El Poder Legislativo, por su parte, se legitima en tanto que representante de la nación y de las entidades federativas, en la Cámara de Diputados y de Senadores, respectivamente. Este poder, por tanto, es responsable de crear leyes para la convivencia política y para la protección del interés común. He allí donde reside su legitimidad.
La legitimidad del Poder Judicial es, en contraste, más compleja. Analicemos a la Suprema Corte. Ésta se compone de 11 magistrados no electos por la vía popular, sino nombrados por el Senado a propuesta del presidente de la República. Estos destacadísimos juristas, no obstante la admirable tarea que les fue conferida, suelen ser individuos desconocidos, quizá con la excepción del presidente del tribunal.
¿Dónde reside entonces la legitimidad del Poder Judicial?
Ciertamente no en el voto ni en la popularidad de los ministros. Por el contrario, la legitimidad de los jueces y magistrados se encuentra en la confianza de los ciudadanos hacia su quehacer, así como a su honorabilidad pública. El Poder Judicial no puede, por tanto, defenderse ante los embates del Ejecutivo pues no cuenta ni remotamente con un edificio burocrático de administración pública. Sin embargo, estos conflictos entre los poderes del Estado no se presentan en la existencia de un auténtico estado de Derecho, pues las órdenes y decisiones judiciales son inequívocamente acatadas por todos.
En este contexto, sugiero ampliamente la lectura de la obra Making our democracies work, de Stephen Breyer, juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. En ella Breyer analiza espléndidamente la historia de la construcción de la legitimidad del máximo tribunal en ese país. El juez narra cómo la Corte ha sido capaz de sortear obstáculos como la decisión de entregar la presidencia de Estados Unidos a George W. Bush en 2000.
De vuelta con el caso que atañe a México, López Obrador, con todo el poder de su investidura y sus altos índices de popularidad, lacera la legitimidad del Poder Judical al exponer mediáticamente a jueces que contravienen sus intereses políticos. En este tenor, resulta una pena que hoy día los mexicanos escuchemos al presidente lanzarse contra personajes como Gómez Fierro y De la Peza.
El autoritarismo de AMLO, revestido de intenciones de transitar hacia una cuarta transformación, lastima severamente nuestra democracia y pone en peligro la legitimidad de un poder que debe alzarse por encima de la político, y sobre todo, que debe ser ajeno a los intereses del presidente en turno.