Aprueban Ley de la Industria Eléctrica

Sí, es legitimo aprovecharse de las mayorías legislativas para promulgar leyes y reformas. Para ello los legisladores fueron votados en las urnas.

En el caso de la Cámara de Diputados, los escaños representan a los ciudadanía, mientras que en el Senado los legisladores son representantes de las entidades federativas.

Sin embargo, lo que hace Morena es bochornoso y lagrimable para nuestra joven democracia en ciernes. Aquella nación que celebró calurosamente en 2000 la derrota del PRI en las elecciones presidenciales, ahora es testigo de un acaparamiento del poder presidencial sin precedente, o al menos, no visto desde finales del salinismo.

En la madrugada del día de ayer, el Senado de la República aprobó la Ley de la Industria Eléctrica. Esta iniciativa, enviada por el presidente López Obrador con carácter preferente, fue votada favorablemente -como era previsible- por los senadores de Morena, del Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, es decir, los partidos satélite del presidente, y quienes no cejan en su voluntad de plegarse obedientemente a los designios de López Obrador.

En un ejercicio de comparación con los Estados Unidos, analicemos sucintamente lo ocurrido en 2008. Barack Obama, el primer presidente negro, se convirtió en el jefe de Estado con el mayor número de votos en la historia del país; gozó de una legitimidad incontestable tanto en el Colegio Electoral como en el sufragio popular. Adicionalmente, el Partido Demócrata alcanzó mayorías confortables en ambas Cámaras del Congreso.

Sin embargo, el presidente Obama, no obstante la presencia de los demócratas en Capitol Hill, se vio obligado a negociar con sus correligionarios en aras de éxitos legislativos como la reforma de salud.

Ésta, a pesar de su eventual promulgación bajo el nombre popular de Obamacare, fue el resultado de un acuerdo de alto nivel entre la Casa Blanca y las mayorías demócratas. El desgaste político de Obama frente a los legisladores hizo imposible otras reformas como la migratoria.

Ciertamente, la existencia de mayorías políticas en el Congreso que pertenecen a las siglas del jefe del Ejecutivo favorecen los acuerdos, pues resulta más sencillo encontrar espacios de negociación para pactos interinstitucionales, pues la ideología partidista y los objetivos políticos suelen andar – más o menos- hacia la misma dirección. Sin embargo, ello no exime al presidente de verse obligado a negociar los términos. Así ocurre en las democracias funcionales.

El caso estadounidense pone de manifiesto que el poder Legislativo, a pesar de tener mayorías pertenecientes al partido del presidente, no debe ser, en una democracia moderna, una simple oficina de trámite. En esta tesitura, las mayorías de Morena se han plegado, desde el inicio de la presente legislatura, a los deseos de López Obrador, como si éste fuese un caudillo onmímodo que puede manejar a los legisladores de acuerdo a sus intereses políticos.

En este contexto, según ha trascendido, y tal y como fue denunciado por los partidos de oposición, el Congreso mexicano aprobó la Ley sin apenas debate o comentarios en torno a la iniciativa original presentada por AMLO. En otras palabras, como bien señaló algún crítico, el Congreso de la Unión es una mera oficialía de partes del presidente de la República.

Por otro lado, el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente Carlos Salazar, aseguró ayer mismo que la nueva ley conllevará consecuencias perjudiciales para el interés público. Sin embargo, esto es otro tema. Lamentable.