Propuesta de reducción de personal: Delfina Gómez
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido altamente costosa para los funcionarios. Bajo el argumento de la “austeridad republicana” y del combate contra la corrupción, miles de empleados del gobierno federal perdieron sus empleos durante los primeros meses de su gobierno; muchos de ellos personal contratado bajo el régimen de honorarios, y quienes habían demostrado una profunda convicción por el servicio público.
Luego llegaron los recortes presupuestales y la desaparición de organismos autonómos. Con ello, otro buen número de funcionarios engrosaron las filas del desempleo. En este tenor, el lector recordará que, previo al inicio de la crisis del coronavirus, la economía mexicana había ralentizado su crecimiento en comparación con el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el primer año del actual mandatario se registró un crecimiento del PIB del 0%, como resultado, entre otros factores, del despido de los funcionarios y de otras decisiones desafortunadas como la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
El día de ayer Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, circuló un oficio, dirigido a subsecretarios y directores generales de la dependencia, por el cual les instruye a “reconsiderar el número de personal a su cargo” y a “presentarle sus propuestas de reducción de personal”. La maestra – como era previsible- no podía dejar de incluir a Benito Juárez como justificación de sus actos, o mejor dicho, decisiones que vienen del presidente López Obrador.
¿Cuál será la intención del presidente y de la secretaria de despedir a funcionarios de la dependencia?
Delfina Gómez argumenta que la decisión deriva de la coyuntura provocada por la pandemia. Sin embargo, los hechos han demostrado, desde el 1 de diciembre de 2018, que el presidente desdeña el valor del trabajo de los funcionarios, y que sus actos derivan de una inconmovible ideologización que poco atañe a la evidencia.
AMLO busca presentarse como el adalid de la lucha contra la pobreza. Sin embargo, no escatima en dejar sin empleo a funcionarios federales cuyas familias dependen del magro ingreso familiar de muchos de ellos. ¡Ésa no es la solución! Por el contrario, la coyuntura exige la puesta en marcha de políticas públicas que ofrezcan certidumbre a los trabajadores con miras a dinamizar la demanda y el mercado interno.
En suma, la decisión de la SEP es lamentable, y si es mal implementada- como seguramente lo será- AMLO será nuevamente responsable de mayores sufrimientos económicos de cientos o miles de familias mexicanas. Si en verdad quisiera paliar los estragos de la pobreza y de la crisis, bien debería el jefe del Estado mexicano empezar con la cancelación de los magno proyectos que nada aportarán, en el mediano plazo, al bienestar de la sociedad mexicana.