La Cuarta Transformación encuentra su primera encrucijada interna en la negociación del Presupuesto 2020, que ya incurrió en una situación de incumplimiento del mandato constitucional que obliga a la Cámara de Diputados a aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre. La Cámara lleva 10 días bloqueada por toda clase de organizaciones sociales, mayoritariamente campesinas, pero también con presencia de otros sectores como las universidades públicas, químicos, alcaldes, entre muchos otros.
Sin embargo, la razón última por la que no se ha aprobado el Presupuesto 2020 no obedece al plantón en San Lázaro que ha impedido el acceso al recinto parlamentario. En efecto, el bloqueo de Antorcha Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, entre otras organizaciones cuasi mercenarias, es un problema serio porque puede generar situaciones inmanejables de violencia, pero se trata de grupos que carecen de la suficiente legitimidad y representatividad como para contrarrestar el señalamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que son líderes venales que luchan por los moches.
Con todo, la presión de las organizaciones campesinas no pesa tanto como el hecho de la falta de acuerdos en el interior de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, que, a su vez, es un reflejo de la profunda división que este partido ha mostrado en el proceso de renovación de su dirigencia nacional. La estructura del gasto social y la inversión en infraestructura municipal del Presupuesto 2020, genera inconformidad en importantes franjas de los diputados que integran el Grupo Parlamentario de MORENA.
En la ya famosa reunión entre la bancada morenista y AMLO, realizada en Palacio Nacional el 7 de noviembre, un buen número de diputados de MORENA, del PT y del PES reclamaron al Presidente que el Presupuesto 2020 incluyera recortes al campo, a la educación, a las estancias infantiles, a los municipios marginados del Sureste, entre otros factores. La discusión se tornó ríspida y AMLO reiteró que no hay marcha atrás en su estrategia de que todos los programas sociales entregarán los apoyos directamente en las manos de los beneficiarios, que de ninguna manera se aceptarán intermediarios.
Ya desde la votación en San Lázaro de la reforma para dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de atribuciones para congelar cuentas bancarias y decretar la extinción de dominio sobre ellas, se hizo evidente la falta de consensos en la bancad de MORENA. Recordemos que más de 30 diputados morenistas votaron, junto con la oposición, a favor de limitar las atribuciones desmedidas que se le darían a la UIF, en lo que ya se vislumbraba como un signo de alarma en torno a la capacidad de gobernabilidad de la bancada mayoritaria en el Congreso de la Unión. La reciente negociación en el Senado para nombrar a la titular de la CNDH, volvió a visibilizar los desencuentros morenistas.
La operación de la política social del gobierno de López Obrador genera buena parte de la discordia en MORENA, porque la determinación de eliminar todo tipo de intermediarios, ha dejado a los legisladores y los líderes de ese partido sin los instrumentos tradicionales de acercamiento e interlocución con la gente que representan. Con la mira puesta en la reelección, que por primera vez tendrá lugar para legisladores federales, buena parte de los diputados morenistas han venido externando su inconformidad con la implementación de los programas sociales y las prioridades presupuestales. Buena parte de estos diputados han fincado su trayectoria en la interlocución con organizaciones sociales, muy combativas muchas de ellas, por lo cual la modalidad de asignación de recursos presupuestales sin intermediarios les cambia el escenario y los obliga a exigir espacios para los luchadores sociales organizados.
Estos, entre muchos otros factores, muchos de los cuales tienen que ver con la dificultad de consolidar un poder tan grande como el que obtuvo MORENA a partir del 2018, son los que provocan los profundos desencuentros entre los legisladores morenistas y entre éstos y el gobierno de AMLO. Habrá que ver en qué termina el importante episodio de la negociación del Presupuesto 2020, pero, evocando la obra de George Orwell, el actual escenario es el de una Rebelión en la Granja, que, por el bien del gobierno de López Obrador, debe canalizarse de la mejor manera, porque los adversarios más peligrosos de la 4T están fuera, no dentro de la Granja.