¿Cuáles son las diferencias entre las Reformas educativas de 2013 y 2019?
El jueves 25 de marzo, al final de una mesa de análisis sobre la crisis del reformismo educativo en México, nos preguntaron: ¿Cuáles son las diferencias profundas entre las reformas educativas de 2013 y 2019 en México? Contesté: Son muy pocas.
Al menos, puedo mencionar, de bote pronto, dos:
El enfoque de derechos (reafirmación y reivindicación del principio constitucional de considerar a la educación como un derecho humano) y la concreción de nuevos consensos políticos, de carácter general, en materia de legislación educativa, que se dieron entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.
Para enfatizar en los contrastes entre ambas reformas educativas, podría agregar lo siguiente, como parte de la misma respuesta: Identifico, sin embargo, cinco líneas de continuidad, es decir, de no ruptura, entre las reformas educativas de 2013 y 2019 en cuestión:
1) La anulación o no inclusión de las figuras docentes, asesores técnicos y directivos escolares, de la educación obligatoria (Básica y Media Superior), en el diseño de ambas reformas.
2) Como estrategia, ambas reformas colocaron primero lo legal-político-laboral y luego lo educativo.
3) Comparten un lenguaje y una lógica de la gestión educativa alineados con el gerencialismo. Ambos recorren el circuito de la escuela pública como ámbito de la gerencia (empresarial, privada): Donde la calidad, la excelencia, la mejora continua, el máximo logro de aprendizajes, la idoneidad y el diagnóstico de las figuras educativas en lo individual, no en lo colectivo, son los conceptos centrales de ese tipo de lógica y lenguajes.
4) Ambas reformas siguen el mismo proyecto educativo-curricular, que está basado en el llamado modelo “competencial”. (de ahí se derivan términos como “competencias docentes o de estudiantes”, “aprendizajes esperados”, y las más recientes versiones de las “evaluaciones individuales estandarizadas”, etc.)
5) No hay apertura a los diferentes canales de participación social, a través de los órganos de representación y legislación locales. La Ley general de educación reserva facultades exclusivas al gobierno federal (SEP) en materia de reformas curriculares, esto en el marco de un currículo escolar único, nacional, obligatorio y rígido (educación básica); así como en las políticas académicas que la normatividad establece para la formación de docentes (sobre todo en las escuelas normales).
Esa limitación, generada desde el diseño institucional nacional, impide que los congresos de los estados y los ayuntamientos del país tengan facultades y atribuciones legales, presupuestales y operativas para realizar cambios en esos rubros.
Tres interpretaciones sobre los procesos que han seguido ambas reformas educativas (2013 y 2019):
Al calor de los debates y los intercambios de ideas que se han suscitado durante las conversaciones en torno a la crisis del reformismo educativo en México, han surgido tres interpretaciones (que acaso alcanzan el nivel de hipótesis) al respecto:
1) La de 2019, es una contra reforma educativa. Tesis que no comparto, porque las bases sociales e ideológicas que dieron lugar a ambas reformas no son del tipo “ruptura de paradigmas”. Además, hay una suerte de armonización entre ambas reformas.
2) Se trata de dos reformas diferentes, pues las bases sociales e ideológicas que dieron lugar a ambas iniciativas reformistas son diferentes. Una está caracterizada (la de 2013 y anteriores) en un marco de políticas públicas neoliberales, mientras que la otra se ubica en un marco de transformaciones progresistas moderadas. Dentro de esta interpretación, he planteado que la reforma educativa de la “cuatro-T”, es reactiva; o como la llama Manuel Gil Antón, es una reforma educativa “sin programa”.
3) La reforma educativa de 2019 es una continuidad de la reforma educativa anterior, puesto que, en los hechos, ha refinado los cambios planteados en la anterior (de 2013), pero ahora sin púas ni dientes filosos (sin INEE ni evaluación del desempeño con impacto en la permanencia en el trabajo).
Sobre este punto en particular, estoy de acuerdo con la expresión de Erick Juárez Pineda, cuando señala:
“La reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado ser un gatopardismo: han cambiado todo para que nada cambie.” (1)
Erick Juárez Pineda.
Así lo dijo recientemente el director editorial del sitio Educación Futura:
“Si bien en el discurso pareciera que se le han quitado las afiladas garras con que las políticas de sexenios anteriores amenazaban al magisterio, hoy hemos visto que estos afilados y peligrosos colmillos sólo han cambiado de lugar, pues las afrentas a los trabajadores de la educación, estudiantes normalistas, comunidad científica e integrantes del sistema educativo nacional, persisten.”
Estas tres interpretaciones son, sin duda, materia de análisis críticos y de revisiones permanentes, sobre todo en las perspectivas de la pandemia y la post pandemia. Y quizá nos plantean o sugieren, así mismo, una agenda interesante de temas y subtemas para desarrollar, en formatos de investigaciones o estudios, y dar continuidad, así, a las discusiones y debates necesarios sobre el pasado, presente y futuro del reformismo educativo en México.
Fuente consultada:
(1) Erick Juárez Pineda, Gatopardismo educativo, La Jornada, 16 de marzo, 2021.
jcmqro3@yahoo.com