En materia de derechos humanos, México ha sido ampliamente denunciado y cuestionado a nivel internacional, y esto no necesariamente se ha visto traducido en cambios positivos ni para las víctimas ni para la sociedad en general, la problemática que enfrenta actualmente nuestro país debe ser afrontada y resuelta desde adentro, con el acompañamiento de instancias internacionales.

A nivel interno y con la participación activa de todos los niveles de gobiernos, instituciones, organizaciones y la sociedad civil se puede salir de este nivel de crisis que enfrentamos.

Cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes, han dedicado los últimos tres años a evaluar la magnitud y naturaleza de esta crisis. Como resultado han concluido que existen fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales (grupos del crimen organizado y cárteles) que han cometido crímenes de lesa humanidad en México.

El término anterior es definido por las Naciones Unidas para referirse a formas particulares de crímenes violentos que han afectado a varios cientos de miles de civiles y que pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

En México, las víctimas de la violencia se cuentan por miles y no solo incluyen a los ciudadanos mexicanos, sino también a inmigrantes centroamericanos, que viajan por rutas peligrosas a través del país.

Específicamente el informe examina tres tipos de crímenes atroces o de lesa humanidad, estos son: asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas tanto por los cárteles como por las fuerzas federales (que supuestamente deberían luchar contra estos).

Los nombres de los municipios de Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando son mundialmente conocidos, pero no por su riqueza o belleza natural, sino porque fueron el escenario de los crímenes atroces que ahí ocurrieron, no obstante no son los únicos, en casi todas las regiones del país se han documentado casos de asesinatos, desapariciones y tortura, la evidencia de esta crisis es la noticia recurrente de nuevos hallazgos de fosas clandestinas, ayer tocó el turno a Veracruz.

Cada vez que encuentran una nueva fosa, ─algunas de estas localizadas gracias a las investigaciones de los propios familiares de los desaparecidos─ inicia el lamentable proceso de identificación de los cuerpos, algunos son reconocidos y termina así el largo martirio de alguna familia, pero comienza otro, la búsqueda de justicia para su familiar, que en muchas ocasiones no llega.

Ante miles de víctimas y años de espera, lo único que permanece es la impunidad, esta lacera a las instituciones y aumenta la desconfianza ciudadana en las autoridades que supuestamente debería encargarse de proveerla.

De acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces, pero… “la incógnita es si México tiene la voluntad política de hacerlo”.