Además de sufrir una crisis de valores, seguridad y justicia como en la que estamos inmersos, lo más grave que una sociedad puede padecer es que la misma sociedad tolere prácticas ilícitas, justifique acciones de los delincuentes, invisibilice los contextos de victimización y normalice en su entorno una cultura de la ilegalidad, inclusive la generada por las mismas autoridades. Si eso nos pasa como sociedad, ahí es donde precisamente radica el peligro.

El criminalizar a las víctimas más aún cuando éstas son mujeres no es nada nuevo, incluso me atrevo a afirmar que es una vieja práctica común institucionalizada por los gobiernos e invisibilizada por la sociedad que tolera y normaliza esta estigmatización. Analicemos.

La primera vez que algún estado de la República y que el mismo Estado Mexicano quedó exhibido ante la comunidad internacional por violencia institucional y prácticas discriminatorias en contra de víctimas de homicidios por razones de género ?no existía aún el tipo penal de feminicidio- fue en la sentencia conocida como ?Campo Algodonero?. En este caso las víctimas eran Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda, la dos últimas menores de edad.

Después de su desaparición y ulterior muerte, las familias y las madres de las víctimas, denunciaron su desaparición y solicitaron la búsqueda y localización de sus hijas, algunas de las respuestas de funcionarios estatales -además de esperar las cuestionadas 72 horas- fueron las siguientes: ?Son sólo muchachas corrientes y por lo tanto no eran consideradas una gran pérdida?; ?seguro se había ido con el novio, porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres?; ?a lo mejor se fue con el novio, que a lo mejor al rato regresaba?; ?no está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga?; ?que si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una niña buena, una mujer buena, está en su casa?. Visible fue que las respuestas vertidas por funcionarios estuvieron  influenciadas por un contexto de discriminación basada en el género. El Relator Especial sobre la independencia judicial de la ONU, señaló: ?Al principio es indudable que estos hechos no conmovieron mucho a los agentes de la policía y a los procuradores, quienes llegaron incluso a reprochar a las mujeres su presunta falta de moralidad?.

La sentencia conocida como ?Campo Algodonero? además de cimbrar a México lo exhibió por la impunidad de estos crímenes. Distintas pruebas allegadas al Tribunal Interamericano, señalaron que funcionarios del estado de Chihuahua y del Municipio de Juárez minimizaban el problema y llegaron a culpar a las propias víctimas de su suerte, por su forma de vestir, por el lugar en que trabajaban, por su conducta, por andar solas o por falta de cuidado de los padres. Ahora el gobernador Francisco Vega, ante el incremento de feminicidios en Baja California, sólo atina a decir que ?Cualquier asesinato me preocupa; sin embargo, desafortunadamente muchas (de estas muertes) tienen que ver con la participación de más mujeres en acciones delictivas?.

¿Y por qué la gravedad de esta nueva declaración del gobernador? En primer lugar, es una realidad, la comisión de delitos se comete por hombres y por mujeres y en un estado de derecho democrático y garantista quienes transgreden la ley deben tener una sanción. Sin embargo, la práctica más ruin utilizada por las autoridades es estigmatizar a la persona asesinada. Si, precisamente a la que privaron de la vida, justificando su asesinato al decir, como ahora, que casi casi se lo buscaron. Y el mensaje de impunidad así se difunde, es una mujer mala porque transgredió la ley, su asesinato es justificado, como justificada también es la impunidad y la omisión de las investigaciones. Es así como tenemos en este caso, mujeres que son juzgadas y condenadas como delincuentes, en la plancha fría del Servicio Médico Forense y no en los tribunales con una sentencia. Cuando ya no se puede defender, cuando su familia queda en un estado de desprotección total además del dolor, también son condenadas al estigma social que genera la duda de la moralidad y ética de su vida. No señor gobernador, un estado que presume de sistemas garantistas y democráticos no se puede permitir esto.

La culpabilización de las víctimas es aparejada con opacidad de investigaciones por homicidios y feminicidios, y así es como a la vuelta de la esquina, tenemos un estado con más del 80% de nivel de impunidad en los asesinatos contra mujeres. De 2008 a 2015 se reportó el inicio de 677 averiguaciones por homicidio en agravio de mujeres, de las cuales solo habían resuelto 152 y estaban sin resolver en el limbo 525 expedientes, lo que significa por lo menos 525 mujeres asesinadas sin que sus respectivos asesinos hayan recibido el mínimo acto de molestia, mucho menos sean detenidos o condenados, ya que finalmente el mensaje de impunidad trasciende, si ha sido asesinada es porque andaba en malos pasos.

Y la inacción de las autoridades derivada de la descalificación de las víctimas no lo es todo.

La impunidad que reina en Baja California es por todos conocida. El informe entregado al gobernador por el Grupo de Trabajo de la Alerta de Género, y elaborado con información brindada por el mismo gobierno, puso sobre la mesa el nivel de impunidad que existe.

Este año hemos visto cómo los feminicidios se han incrementado. Sin embargo la autoridad actúa al revés, les explicaré por qué. Durante este año la autoridad refiere que en Mexicali se han cometido 20 asesinatos de mujeres de los cuales ha clasificado como feminicidios sólo uno. En Tijuana reporta se han cometido 52 y también sólo uno está clasificado como feminicidio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 554/2013, referente al caso del feminicidio de la abogada Mariana Lima Buendía de 29 años de edad y la investigación realizada en torno a este crimen, refirió que ??los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la misma ?y, en su caso, poder determinar en la investigación si se trató o no de un feminicidio??.

Y es precisamente aquí donde nos detenemos para resaltar que la Corte señala que al ocurrir la privación de la vida de una mujer, la autoridad primero deberá investigar, y la investigación realizada y concluida brindará los elementos para asegurar que ha sido un feminicidio o un homicidio. Sin embargo, de acuerdo a los dichos de nuestras autoridades es a la inversa, es decir, apenas llegan a la escena del crimen o al lugar del hallazgo cuando ya están afirmando el tipo de delito que se trata y hasta le ponen el clásico mote de ?fue pasional?. Así, como por arte de magia lo saben y de esa forma orientan ?si es que lo hacen- el curso de la investigación.

Sin embargo la Corte ha sido precisa: primero investiga y el curso de la investigación determinará qué delito se cometió.

Es decir, la clasificación técnica-jurídica del delito debe obedecer a un análisis ex ? post, no ex ? ante, como lo hacen nuestras autoridades; de ahí que las capacidades jurídico-científicas se adviertan superadas por conocimientos de magia. Situación grave en todo su contexto.

Y pues parece que el estudio no es una característica de nuestras autoridades, de no ser así, hubiesen asesorado debidamente al gobernador Francisco Vega para que no incurriera nuevamente en prácticas discriminatorias que estereotipan y denigran la dignidad de las mujeres asesinadas.

En la medida que las áreas gubernamentales entiendan que los principios de derechos humanos y los estándares internacionales en materia de investigación policial, pericial y ministerial son una herramienta sine qua non, podremos como sociedad alcanzar nuevos estadios en materia de certeza jurídica y seguridad ciudadana.

En Baja California se materializa letra por letra lo dicho por Rashida Manjoo, relatora de la ONU sobre violencia contra la mujer, quien señaló: ?La impunidad normaliza la violencia?, ?los hombres ejercen violencia contra las mujeres, porque pueden?.

Twitter. @mujerporlapaz