Durante el transcurso de la semana anterior llamó poderosamente la atención en toda la sociedad, la noticia de la confirmación de personas infectadas por el Coronavirus, COVID 19 en territorio mexicano.

Esto lleva a la población a preguntarse en qué medida la administración pública del país, encomendada por mandato democrático al actual Presidente de la República, está preparada para afrontar los riesgos asociados con una alarma mundial de salud pública.

Ante este escenario, el nivel federal a través de sus conferencias de prensa matutinas y los encargados de salud de las entidades federativas involucradas, cada quien por su lado y en el marco de su jurisdicción, han ofrecido el status general de la situación. Al momento en que se redacta este artículo, diversos medios de comunicación confirman cinco casos en el país.

En este sentido, es valioso recordar que la salud es un derecho humano y el Estado, a través de sus estructuras administrativas debe de asegurarlo, por ello la secretaría de salud y entidades paraestatales diversas como el IMSS, ISSSTE, ISSFAM, entre otras, así como todos los particulares que cuentan con autorización para prestar el servicio público de salud, deben estar atentos para tal fin, por lo cual es prudente reflexionar si se cuenta con lo necesario, como camas hospitalarias, asistencia humana, en cuanto a profesionales de la salud, como médicos, camilleros o enfermeras, o bien, elementos materiales como ventiladores artificiales para proveer respiración asistida.

Igualmente, debe de ponerse énfasis en términos administrativos como la salud pública internacional, rubro que parece ser un factor descuidado, pues a la fecha parece no existir ningún tipo de control en puertos o aeropuertos o fronteras en donde se registre cuántas personas y con qué sintomatología acceden al país, independientemente de que sean o no nacionales.

En un plano más técnico, no debe perderse de vista que el sistema de salud mexicano cuenta con un órgano colegiado reconocido en la fracción XVI de la Constitución federal, llamado Consejo de Salubridad General, que por mandato de la ley suprema reconocen que éste está facultado para actuar en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, pudiendo incluso dictar medidas de carácter general, aun sin ser sancionadas por el Presidente.

En este marco, parece que la propia Ley General de Salud y el mismo Reglamento Interior del propio Consejo General de Salud, le minan sus competencias, no obstante el mandato constitucional es claro, por lo cual, no debe perderse de vista la posibilidad que este consejo actué de modo imperante si las condiciones de la salud en el país se complican, pues sin duda estamos ante un virus, digamos, inconvencional, que proviene del extranjero.

Tampoco debe de perderse de vista el tema de la disposición económica, ya que para este año, en el presupuesto de egresos se aprobó una cantidad para salud de 128,826.4 millones de pesos, pero con dicha asignación se enfrentan primordialmente temas previstos, como la obesidad, diabetes, VIH, asistencia clínica, entre otros y no consideraciones extraordinarias, como es el caso del COVID 19, por lo cual sería conveniente la manifestación expresa de autoridades en donde den a conocer partidas cuya finalidad sea atajar enfermedades del tipo al que nos enfrentamos.

En cualquier caso, los especialistas en salud pública mantienen el discurso de que al momento, el virus es controlable y se está preparado para enfrentarlo; por lo cual no debe existir alarmismo, pero sí mucha atención para denunciar los aciertos o las fallas en pos del cuidado de todos.