Hace un año publiqué, en este misma espacio, un texto sobre la perplejidad causada por las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, sobre la vocación de contrapeso que el poder judicial tiene en las democracias (https://www.sdpnoticias.com/columnas/rodrigo-sanchez-villa-orgullosa-sumision-ministro-zaldivar.html). Según dijo en ese entonces el ministro Zaldívar, la Corte no debía ser un contrapeso al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. Sus argumentos fueron torpes, débiles y serviles, pero lo expresado entre tuits desafortunados en esa ocasión palidece frente a lo que esbozó en la sesión de hoy jueves 1 de octubre acerca de la constitucionalidad de la consulta sobre el juicio a los expresidentes de la República.
Reitero, de conformidad con lo que dije en el octubre anterior, que el tribunal supremo de un país democrático es antes que nada un contrapeso, no solamente político sino jurídico (mejor, todavía) de la actuación de cualquier autoridad, incluyendo por supuesto al poder ejecutivo. La revisión constitucional se trata, precisamente, de velar por los principios de facultades expresas, debido proceso, presunción de inocencia y el parámetro de regularidad entero, que se traduce en la garantía del respeto a los derechos humanos de todos. También de los políticos impopulares, porque los derechos humanos no son un privilegio exclusivo de quien sale bien en las encuestas.
A veces se tacha a los juzgadores de ser leguleyos cobardes, que se esconden en el indescifrable lenguaje normativo para tomar una decisión elusiva de responsabilidades. Durante años, se tuvieron a varios ministros que hacían hasta lo imposible para no entrar al fondo de ningún asunto: era la opción más segura para mantener firmes los cimientos de la torre de marfil. Hoy se tiene a una Corte mayoritariamente comprometida con un proyecto político y dispuesta a operar las mutaciones constitucionales que sean necesarias para legitimar cualquier acto presidencial. Esto no debería ser una buena noticia ni siquiera para el presidente de la República, porque ese descaro puede ser desplegado en su contra, en el futuro, si la Corte se mueve hacia donde vaya el agua. Creer que un juez capaz de ignorar el Derecho siempre lo ignorará a favor de uno es pecar de ingenuidad.
La decisión de la Corte tiene dos dimensiones: la primera, indefendible y poco edificante, es la defensa de la función política de la consulta. En este debate, la figura señera de la ignorancia jurídico-constitucional fue el propio ministro Zaldívar, quien afirmó que si los efectos jurídicos de la consulta no serán vinculantes para nadie, la misma no es inconstitucional, y que más bien se trata de una medida de política criminal. Además de que denota que el ministro presidente ignora de forma absoluta lo que significa la expresión política criminal, esta argumentación vuelve constitucional el linchamiento público sin juicio. Al final, la conclusión del ministro Zaldívar se resume en que esta consulta es inofensiva porque es inútil y como es inútil e inofensiva no puede ser inconstitucional, con todas las implicaciones que esta afirmación acarrea.
La segunda dimensión queda clara cuando uno lee la pregunta ya modificada y se percata de que, farragosamente, habla de llevar a cabo "acciones pertinentes" para “emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados". Jurídicamente, esto no tiene ningún sentido. Pero eso mismo deja ver que todo este asunto de la consulta no se trató, en ningún momento, de juridicidad ni de constitucionalidad. La nueva pregunta es la descripción material de lo que se conoce como una comisión de la verdad, instancia política erigida en países que han pasado por un trauma histórico relevante (una guerra sucia, una larga lucha insurgente, una dictadura militar) y necesitan de esa catarsis para lograr la reconciliación social.
Si esto es lo que se quería desde el principio, ¿por qué no se dijo así? ¿Por qué socavar la independencia del Poder Judicial para salir con esto? ¿Qué necesidad tuvieron el ministro presidente Zaldívar y los otros cinco votantes favorables a la consulta de arrojarse a los pies de otro poder? Esta pretendida comisión de la verdad pudo haber sido organizada por la Secretaría de Gobernación sin mayor enredo: sus facultades dan para eso. Lo podría haber dicho así el ministro presidente, cuando abrió la sesión. También cualquiera de los votantes a favor podría haber dicho otra cosa, en vez de lo que dijeron. Y cualquier cosa que hubiesen dicho, hasta hablar del clima, habría sido, jurídica y políticamente, algo mucho más sensato.
Ojalá que en este espacio no tenga que verme en la penosa necesidad de escribir la siguiente parte de La orgullosa sumisión del ministro Zaldívar y el Poder Judicial. Lamentablemente, auguro que habrá varias secuelas más.