En un hecho inusitado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mediante su órgano de gobierno, en una carta pública solicita a los Poderes de la Unión su intervención inmediata y detenga la “persecución política” emprendida por el gobernador Miguel Barbosa en contra del rector, Alfonso Esparza Ortiz, y su familia. Hay tres denuncias y un amparo.

Para lo cual se habrían estado manipulando instituciones locales de justicia, no para hacer efectivo los principios de rendición de cuentas, a los que están obligados todos los entes que reciben y aplican recurso fiscales, sino para “difamar” a la cabeza universitaria, según la misiva.

Los Consejeros denuncian una campaña en redes sociales en contra de Esparza Ortiz porque, dicen, se ha negado a renunciar al cargo de rector y entregar el control de la Universidad al gobernador. El gobernador ha dicho que esa carta fue elaborada por el propio funcionario, le resta importancia y pide que se presente a declarar.

No se trata de cualquier pugna, está de por medio el dominio de la segunda institución que más presupuesto recibe de la federación, además de tratarse del organismo que mayor influencia tiene en las corrientes de opinión pública.

La entidad, como el resto del país, está metida en el proceso electoral del año entrante, en el que se renovara el Congreso del Estado, los 217 ayuntamientos y la bancada federal. De esa composición de fuerzas depende el nombre de quien releve en el cargo al ahora gobernador. No hay partidos políticos, hay actores calculando a largo plazo.

El gobernador ha ondeado lo más alto que puede la bandera de la corrupción, a punta todos lados, y como el presidente López Obrador, se agarra a ella como a un mantra, sabido que se trata de la promesa que más vende electoralmente.

Desde afuera, sin embargo, se mira que estamos de vuelta en los años setenta y ochenta. Cuando la estabilidad política de la entidad estaba en función de la buena o mala relación entre el ejecutivo estatal y el representante de esa casa de estudios.

Cuando todos hacían que con el triunfo de Morena (2019) la BUAP, y su sector crítico y militante, finalmente alcanzaba uno de sus grandes anhelos, pasar de los meramente hipotético al terreno de la acción, resulta que no. 

Barbosa Huerta no es universitario, quiero decir que no forjó su carrera en la institución, pero suele presentarse como de izquierda, y fue esa izquierda universitaria quien lo hizo gobernador.

No fueron las clases medias de las ciudades (panistas), ni los pueblos rurales de las sierras (priistas). Ganó al amparo de la vieja tradición liberal universitaria. Y esa misma tradición lo hizo competente en su primer intento por ser electo. Y por el hartazgo panista.

Pero todo hace ver que no se haya con ellos, hay un sentimiento extraño, de recelo, zozobra, que no se entiende. Lo vimos con Monserrat Gali, con Julio Glockner, con Ambrosio Guzmán. En ese grupo de universitarios entra el nombre de la señora Beatriz Gutiérrez. Quien enseña en uno de los instituto más renombrados de la institución.

La carta-petición la firma el Consejo Universitario (CU), el máximo órgano de gobierno. Tiene fecha del 2 de noviembre del 2020, se trata de un documento de dos cuartillas con tonos retóricos, como toda denuncia.

No deja de llamar la atención que, no obstante sus riñas internas, y sus múltiples corrientes políticas y de pensamiento, por primera vez la comunidad académica en su conjunto se solidariza y protesta por lo que califica intromisión del Ejecutivo en sus procedimientos administrativos internos.

La carta va dirigida al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al presidente del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, al Fiscal General, al Auditor Superior de la Federación y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A nadie de Puebla.

En ella el CU pide la intervención de las instituciones federales para que en el marco de sus facultades y el respeto al federalismo, intervengan toda vez que “el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, atenta contra los derechos fundamentales de los poblanos, en materia de seguridad, certeza jurídica y libertad de pensamiento”. 

Declaran que desde cambio del titular del Poder Ejecutivo, el Rector ha sido blanco del asedio, de la acción articulada y sistemática del gobierno local, incluso de órganos estatales que debieran ser autónomos e imparciales en su actuar, como la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado, cuyos titulares, afirma, han emprendido acciones arbitrarias no sólo contra la cabeza de la universidad, sino contra su familia.

Declaran que la persecución contra el rector es contra la institución educativa. Afirman que se manipulan las instituciones del Estado para fabricar procesos judiciales sin fundamento, así como en el uso de un aparato propaganda para afectar la imagen de nuestra máxima autoridad universitaria.

Las respuesta el gobernador es enfática. “Lo que está en el desplegado lo dice el rector, no lo dice nadie más (…) el que comete delitos federales es sancionado por autoridades federales. el que comete delitos estatales por las autoridades estatales, hay fuero federal y fuero común, yo lo invito (al rector) a que comparezca”, La Jornada de Oriente, 3 de noviembre, 2020.