La administración, en un aspecto muy general, es una forma de organización, la cual tiene como finalidad producir algo invirtiendo lo menos posible, si esto se consigue, entonces la administración es eficaz.

La administración privada, si bien debe obedecer a la ley, actúa para la satisfacción de sus intereses, con la finalidad de obtener ganancias económicas, para ello su actividad se ejecuta en el entorno de la competencia con otros proveedores que prestan servicios o satisfactores similares.

Por el contrario, la administración pública, no puede ni debe velar por la satisfacción económica solamente, ya que su ejercicio se desenvuelve en una o dos esferas que la abarcan, el orden público y el interés general, por ello, este tipo de administración debe tener siempre presente variables diversas como la satisfacción general de los derechos de las personas, entre éstos, el empleo, la seguridad pública, la salud, la alimentación, la educación y el cuidado del medio ambiente por poner algunos ejemplos, pues, como ya se señaló, su objetivo primordial no es obtener alguna ganancia, sino procurar a sus administrados.

Por todo esto, llama la atención y creemos cuestionable el acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el anterior 15 de mayo, en donde, desde nuestro punto de vista se da preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad, se limita a los proveedores de energías limpias y, se determina que la instalación de las nuevas Centrales Eléctricas será de acuerdo a los objetivos del sector público, conforme a la demanda y consumo de energía eléctrica, lo cual, sin duda, limita la competencia de los proveedores para participar en este sector.

Por si fuera poco,el acuerdo referido fue emitido sin contar con un dictamen de análisis de impacto regulatorio que debió emitir la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, lo cual presumiblemente fue la causa por la que renunció César Hernández Ochoa a su cargo de comisionado nacional, sin embargo, esta omisión no sólo devela incompatibilidades administrativas, sino alteraciones al debido proceso o procedimiento establecido en Ley.

Por todo lo anterior, sin aspectos llenos de tecnicismos, las autoridades deben abrir un espacio público para que expliquen si con estas medidas quedan suspendidos proyectos de energías limpias que están llevándose a cabo o que pretendían efectuarse y si es así, de cuántos millones de pesos hablamos; igualmente, que quede claro cuánto aumentará la emisión de CO2 a la atmósfera al inclinarse por los métodos que hasta ahora se llevan a cabo con combustibles fósiles como combustóleo, , cuáles serán las repercusiones a la salud de la población por continuar con estos métodos, asimismo, qué respuesta merecen los posicionamientos que emitió la embajada de Canadá y la delegación de la Unión Europea en México sobre el acuerdo.

En este orden de ideas, se pide claridad, orden y transparencia y que las políticas públicas que desee emitir el actual gobierno se desarrollen en el marco de la legalidad, de lo contrario México, además de las inversiones y coste al ambiente, puede perder credibilidad en su Estado de Derecho.