Luego del fallido operativo en el que fue detenido y posteriormente liberado Ovidio Guzmán López, hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, es tiempo de volver a hablar sobre la posibilidad de cambiar el paradigma de la guerra contra el narcotráfico.
Luego de aquel 17 de octubre, gran parte de las críticas se han enfocado en decir que el gobierno fue tras Guzmán pero sin las provisiones necesarias y sin considerar la reacción que tendría el Cártel de Sinaloa.
El análisis también se ha enfocado en señalar el mensaje implícito que envió el gobierno federal al ceder a la presión del Cártel de Sinaloa, con lo que dejó abierta la posibilidad de que bandas criminales busquen chantajearlo en el futuro.
Pero más allá de estos elementos de análisis, la legalización de las drogas a partir del caso Ovidio casi no ha aparecido en la agenda pública. La última vez que se habló del tema fue cuando la diputada sin partido Lucía Riojas le regaló un churro de mariguana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.
El objetivo de tal acción fue recordarle a la responsable de la política interior del país que ella misma planteó el año pasado la posibilidad de legalizar con fines recreativos la mariguana.
Lo anterior cobra importancia pues si avanza en la legalización se abrirían las puertas a cambiar paulatinamente el paradigma de la lucha contra el narcotráfico. Esto urge pues el actual tiene hoy sumido al país y al Estado mexicano en una de sus crisis más profundas.
La entonces senadora morenista Olga Sánchez Cordero planteó en noviembre del año pasado que la regulación del uso de la mariguana debería ir más allá de su uso con fines medicinales y que deberían incluirse los recreativos.
La propuesta es aprobar una Ley General para la regulación y el control de cannabis para uso comercial, terapéutico, paliativo, científico y de investigación, así como para uso adulto y autoconsumo.
La entonces legisladora propuso crear el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), que sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y que tendría como fin regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación, así como de concentrar el padrón de productores.
Sánchez Cordero también planteó la posibilidad de sembrar la planta para autoconsumo y permitir el funcionamiento de Cooperativas de producción de manera que pudieran abastecerse ellos mismos de la droga.
Propone también la posibilidad del uso comercial que abriría las puertas a la venta de la mariguana en el marco de la ley y con la autorización previa de las autoridades. La posibilidad de venta podría estar destinada a obtener una licencia comercial para uso farmacéutico, terapéutico, paliativo, herbolario, adulto o industrial.
Incluso esta actividad comercial podría aportar al erario público pues estaría sujeta a impuestos de compra y venta y además se buscaría proteger la salud pública y evitar la informalidad.
En esta coyuntura derivada del operativo fallido del pasado jueves, y con el efecto negativo que trajo consigo para la administración de López Obrador, ¿no valdría la pena ahora sí entrarle al toro y buscar la aprobación de esta reforma?
Sería ingenuo pensar que con esta acción se desactivarían en automático organizaciones tan fuertes como el Cártel de Sinaloa, pero postergar más esta decisión sólo hará que en el futuro tengamos más culiacanazos.