La disputa por el control de los cárteles de la droga, las detenciones de los principales cabecillas, las extradiciones de los líderes presos en penales mexicanos y la pulverización de los cárteles, que además tienen gran capacidad de penetración en el tejido social y en su capacidad de recuperación, han intensificado la guerra entre las bandas y han orillando a los poderes instituidos a replegarse y a que el próximo gobierno anuncie, un día sí y otro también, que se retirará a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública para convertirlas en fuerzas de paz..
La narcoviolencia es un problema que se ha desplazado de la periferia al centro del país y viceversa: primero fueron los continuos ajusticiamientos en ambas fronteras; después, los crímenes en el Estado de México y la Ciudad de México, y así sucesivamente desde que inició la crisis de seguridad, esto es, en 1993 con el asesinato del cardenal Posadas y que luego se profundizó con los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.
Ante el recrudecimiento de la lucha contra el crimen organizado durante los últimos tres sexenios, impulsado en gran parte por la caída de los cárteles colombianos y el 11-S estadounidense, el gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores, las organizaciones de alcaldes y los poderes de la Unión, siempre llegan a acuerdos concretos que terminan siendo totalmente intrascendentes porque nunca se cumplen las tareas asignadas. A lo mucho llegan a emprender medidas paliativas y sin garantía de éxito, pues se trata de acciones operativas que debieran hacerse normalmente, como controlar la circulación de motocicletas, los autos irregulares, vigilancia en zonas especiales, registro real de huéspedes en los hoteles, la expedición de facturas y el registro fiscal de las transacciones monetarias, o el abatimiento de las órdenes de aprehensión, etc. Nada que no se haya dicho antes, ni que se tenga como prioridad.
A lo largo de los sexenios la mancha de sangre arrojada por el crimen organizado creció de manera espectacular, de estar concentrada en algunos puntos de la frontera norte, hoy en día es más fácil ubicar las zonas seguras que las violentadas. Eran alrededor de tres mil las muertes relacionadas con el narcotráfico entre 2005 y 2006; hoy en día son más 20 mil homicidios ligados al narcotráfico cada semestre. Los informes de inteligencia de los Estados Unidos, los propios gobernadores mexicanos y la Secretaría de la Defensa Nacional señalan a los cuerpos policíacos y, lo más alarmante, a desertores de las fuerzas armadas mexicanas y centroamericanas como copartícipes de esta ola de violencia. Hasta el momento, un dato que ilustra claramente el saldo de la lucha contra el narco, es que la SEDENA y SEMAR han sido las encargadas del desmantelamiento y aprehensión de los principales cabecillas de los grupos delictivos y no la PGR o Policía Federal. Cabe remarcar que gran parte del fracaso en esa materia se debió a la debilidad del aparato judicial y a la negativa del Congreso de aprobar nuevas leyes y a errores cometidos en los sexenios pasados, como fue el desdibujamiento y debilitamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), mientras las organizaciones criminales “invirtieron” en mejores armamentos, mejores instrumentos técnicos, desarrollaron su propia inteligencia y hasta aparatos mediáticos.
El diagnóstico sobre la ofensiva es crítico. Miles de muertos mexicanos por el enfrentamiento abierto a los capos que controlan la producción, trasiego y venta de drogas prohibidas. La prohibición; el hacer nuestra la principal problemática de salud pública de los Estados Unidos, ahora también es nuestro problema; pasamos de ser un país trampolín a un productor y gran consumidor: un incremento en el consumo de drogas de 47% entre 2016 y 2017. Los efectos son graves; un déficit en los derechos humanos y acusaciones de organizaciones civiles a las fuerzas armadas; debilitamiento del Estado de Derecho; desplazamientos masivos (se calculan en alrededor de 300 mil en el país); desapariciones forzadas (más de 35 mil); contaminación del tejido social en todos los niveles; zonas de excepción controladas por los delincuentes, entre otros.
Por ello, las voces de Juan Ramón de la Fuente, Olga Sánchez Cordero, Ernesto Zedillo, el General Salvador Cienfuegos y Héctor Astudillo, principalmente, han puesto sobre la mesa el plantear un nuevo paradigma: no se puede seguir la confrontación con los cárteles, sino emprender la legalización y regulación de algunas drogas con fines medicinales y lúdicos para arrebatarles la raíz del negocio a los delincuentes; no es con la criminalización de los adictos sino con políticas sociales y una política de salud pública como podría abatirse la delincuencia y revertir la actual crisis.
Las propuestas desplegadas por el gobierno de Felipe Calderón y continuadas por el de Enrique Peña Nieto, fundada en el modelo de “seguridad democrática”, se concentraron en la recuperación de los espacios públicos ocupados por estas bandas (y teniendo como referente exitoso sólo el modelo Todos Somos Juárez , pues no se replicó en otros lados); la unificación de los cuerpos policiales (mando único); la aplicación de un programa de depuración efectiva de los mismos (control de confianza, que inició con fuerza y terminó haciéndose descuidadamente); profesionalización y dignificación de los cuerpos policíacos; y la aplicación eficaz de sistema de información criminal (plataformas México y Sedena). Muchas de estas ideas se mantendrán en los próximos años, según leemos en la campaña que despliega en redes sociales Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública.
Sin embargo, el problema demanda otra serie de medidas, pues el fenómeno del narcotráfico ha permeado a gran parte del tejido social en amplias zonas del país, donde los gobiernos locales no tienen los recursos o la voluntad para atender las carencias de los pobladores y evitar su enrolamiento a partir de la obtención del dinero fácil del narco. Y, como sucede en otras partes del mundo, comienza a registrarse también una mezcla de intereses y de necesidades sociales y hasta políticas: los narcos construyen carreteras o escuelas, lo mismo que promueven candidatos o inciden ejecutándolos (175 políticos asesinados entre 2017 y 2018).
De ahí que una medida esperada haya sido la promoción de la Ley de Seguridad Interior, la cual está en stand by, publicada y no ejecutada, según la clase política. Al respecto, el mismo Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 presentado por MORENA, establece que "si el ejército mexicano continuara en las calles, sería necesaria una ley de seguridad interior, ya que no es factible que el ejército continúe realizando tareas de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado."
Para el próximo mandatario el reto en esta materia es su principal desafío, ya que fue uno de los principales ofrecimiento de campaña y el más difícil de resolver en un sexenio. Para empezar, se debe romper con la inercia de llevar al país hacia un Estado compartido entre poderes instituidos y poderes fácticos, y ahí podría acabarse la expectativa si no se aplica la inteligencia y a los mejores cuadros.
La retirada y el mensaje la derrota
Si bien en el Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador se contempla la constitución de una Ley de Seguridad Interior, ésta ya es tema de resistencia de organizaciones sociales de derechos humanos afines a MORENA.
Eduardo Guerrero Gutiérrez recién publicó, en El Financiero, que “la derogación de Ley de Seguridad Interior es tal vez la más inútil de las batallas que la izquierda podría librar. Dicha ley fue, por años, la principal demanda del Ejército. Revocarla sin más sería una afrenta. Ciertamente la Ley de Seguridad Interior contiene algunos elementos preocupantes, que se podrían reformar, pero también tiene virtudes. Si se aplica con inteligencia, esta ley podría funcionar como un mecanismo de presión para los gobiernos estatales que no hacen su trabajo o que de plano operan a favor de los criminales”.
Por su parte, el próximo secretario de Seguridad Pública informó que la relación con las fuerzas armadas será respetuosa y de colaboración, y anunció que “se presentará la iniciativa de ley que sienta las bases para el retiro paulatino del Ejército de las tareas de combate al crimen organizado”. Más aún, en días anteriores, el presidente electo reformó la oferta inicial de una Guardia Nacional por una Guardia Civil, en que se establecen los lineamientos para sustituir a militares por nuevos elementos de seguridad.
Todo lo anterior ha intensificado otro cariz del debate sobre el papel que deben guardar las fuerzas armadas en su combate con el narcotráfico: ¿Se está ganando o se está perdiendo la batalla? Si se gana, ¿cuándo y en qué momento deben los militares regresar la seguridad pública a los civiles? Si se está perdiendo, ¿cuál debe ser el camino para que la institución militar no salga dañada? En términos de costos y beneficios políticos, sociales y/o económicos, ¿cuál será el balance para el gobierno de la República saliente y el entrante? ¿Cuál para los gobernadores? En materia de derechos humanos, ¿las fuerzas armadas están preparadas para sancionar y resarcir los abusos que han estado subiendo de nivel conforme se acerca el fin del sexenio? ¿Está preparándose la retirada o se dará paso a la Guardia Civil, que no sería otra cosas que un nuevo cuerpo de élite del Ejército?
A reserva de cambios de último momento, como parecen estarnos acostumbrando los futuros funcionarios, las señales que envían no sólo al país sino a las organizaciones delictivas con esta decisión de anunciar el “retiro” de las fuerzas armadas de la forma en que lo están haciendo, es que el Estado mexicano estaría siendo derrotado por las estrategias de los capos. Muy delicado, si esto permea y el gobierno federal se deja llevar por la inercia de algunas organizaciones sociales.
Por ello, el tema tiene que ser abordado con delicadeza y seriedad absoluta.
La legalización y la regulación, una opción de consenso
En diversos artículos, los responsables de aterrizar el nuevo esquema para la atención del problema de las drogas (Ricardo Monreal, Juan Ramón de la Fuente y Olga Sánchez Cordero), anticipan las siguientes reformas para pasar a la legalización en la producción y comercialización de los narcóticos hasta ahora prohibidos y la regulación para sus fines comerciales:
a ) Justicia transicional, para víctimas del crimen organizado, creando comisiones de la verdad, limpiar la cadena de impunidad de los expedientes prioritarios de
b) Revisión de los casos de delincuencia forzada (campesinos) o delincuentes menores a los que pudiera darles libertad bajo ciertas condiciones.
c) Una revisión a fondo al sistema de justicia penal, de los aparatos de impartición de justicia y a abatir la cadena de impunidad.
d) Un programa nacional para resarcir el tejido social, especialmente entre jóvenes y en zonas rurales.
e) Un programa especial para la atención de las adicciones.
f) Análisis integral del proceso transicional de la regulación de drogas (marihuana y amapola) desde un enfoque medicina y social.
g) Un aguerrido plan de participación ciudadana, en que lo mismo se exigirá a las organizaciones civiles que a los representantes de los medios de comunicación tienen un papel destacado, siendo ellos los mediadores entre las autoridades y la sociedad.
Para nuestro país, el paso parece inevitable. Un debate intenso sucedió en Portugal cuando decidió legalizar drogas duras y suaves, pero finalmente se corrió la tesis y aunque al arranque hubo un incrementó en el consumo, conforme las políticas públicas complementarias se ejecutaron, bajaron las cifras de ejecuciones, de muertes ligadas a las adicciones y se le quitó paulatinamente el negocio a los criminales.
México está desesperado y requiere la suma de esfuerzos y experiencias probadas en esta materia. Hay coincidencia en que la estrategia seguida hasta ahora no ha dado resultado. Es momento que se demuestre que hay voluntad y capacidad para revertir la situación que nos duele a todos.