La idea es nivelar el rasero. No creo que un miembro de un cartel o un asaltante le ponga a usted la pistola inmediatamente después de mostrarle su permiso para portar armas. La impunidad y la violencia nacen de la falta de mecanismos para defenderse. Y hablo no solo de los mecanismos legales, en un país donde el 95 % de los delitos quedan sin resolver. Hablo del bien más preciado, nuestra vida. Es terrible que en algunas zonas del país una persona salga sin saber si va a volver.

El artículo décimo de la constitución mexicana establece el derecho de tener armas para la defensa en los hogares, siempre y cuando estas no sean del uso exclusivo del ejército y los carteles, que al parecer son los únicos autorizados, y para ejemplo allí está el programa rápido y furioso.

Los convoys armados ya parecen ser parte del paisaje mexicano. Y los claroscuros en las leyes ayudan a que la asimetría de poder de fuego entre los delincuentes y civiles se haga más pronunciada. Un grupo delincuencial que llegase a un poblado armado hasta los dientes se comportaría de distinta manera.

Y el mejor ejemplo lo dieron las autodefensas en Michoacán. Limpiaron de delincuentes amplias zonas del estado. El duopolio de la violencia mexicana, gobierno y carteles es una combinación mala y tóxica. Transitamos en una vereda muy estrecha. El estado ha fallado de manera miserable en proteger las mínimas garantías de los que les pagan el sueldo.

Lo mínimo que deberían hacer es darles oportunidad de defenderse. Las leyes en México no son sino mecanismos de simulación. El obsérvese pero no se cumpla es la regla predominante. Y la pregunta pertinente en este caso es ¿Qué hacer ante este estado de cosas? Un gran segmento de la sociedad se ha quedado sin alternativas ante la embestida de la violencia. Los vacíos de poder son llenados por grupos alternativos al gobierno.

El tema de la portación de armas es un tema complejo. Por el momento el monopolio del tráfico de éstas pertenece a los carteles. El operativo rápido y furioso mostró la hipocresía del gobierno norteamericano hasta que uno de sus agentes murió destapando el escándalo.

Dudo que las autodefensas hayan tenido todas sus armas registradas en ante el ejército. No es esa la manera en la que se manejan las cosas en México. Es como la prostitución, se puede prohibir, pero no se dejará de ejercer.

Un delincuente puede salir con toda la tranquilidad del mundo a asaltar, porque el ciudadano común tiene las manos atadas. Como diría el doctor Burgoa Orihuela, la legítima defensa es excluyente de responsabilidad, aunque las autoridades mañosas muchas veces encarcelen al que se defiende de los asaltos.

Queda claro que es casi imposible que una legislación que permita las armas en el trasporte público, escuelas o empresas se apruebe. Pero eso no significa que el tráfico ilegal de armas se detenga. Es simplemente reconocer que tenemos un problema grave de seguridad. Y gran parte de este problema hay que agradecérselo a Felipe Calderón, causante principal de esta espiral de inseguridad que vivimos, y que para rematar, ahora promueve a su esposa para la presidencia.

No creo que una ampliación de la legislación del derecho a portar armas solucione de facto nuestros problemas. Lo que sí creo es que la incertidumbre que generaría en el delincuente sería bastante benéfica a la hora de los asaltos.

El eufemismo de armas exclusivas para uso del ejército es obsoleto, cuando los grupos delincuenciales tienen tecnología de punta.

Sería buena una discusión a todos los niveles sin descalificar la medida a priori. Que vivir en la indefensión es terrible. Al menos podríamos defender nuestra vida.