De manera inédita en el mundo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a la administración del presidente Enrique Peña Nieto interceda para que seis indígenas de San Pedro Tlanixco sean liberados de manera inmediata de una prisión mexiquense.

Cada uno de los integrantes del grupo de pobladores nahuas —que incluye una mujer, adulto mayor— fue sentenciado a prisión con penas que rebasan los 50 años, por el hecho de defender el agua que vierte de un manantial en la zona boscosa de su población.

La ONU concluye que dentro del proceso penal que se siguió contra el grupo de defensores del agua hay diversas violaciones al “debido” proceso, hecho que, por decirlo suavemente, hace poner en duda la veracidad de las conclusiones judiciales en contra de los indígenas de Tlanixco.

Esta conclusión fue avalada por diversos relatores que constituyen a la organización internacional; se trata del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; y los relatores para los derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; de la protección al derecho a la libertad de opinión y de expresión; de la libertad de reunión pacífica y de asociación; implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

También del relacionado a la situación de los defensores de los derechos humanos; la independencia de los magistrados y abogados; sobre los derechos de los pueblos indígenas; de las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; incluido el de los derechos humanos para agua potable y el saneamiento. 

El documento oficial —que fue emitido en julio pasado, pero dado a conocer de manera pública en la víspera (http://bit.ly/2P3n6U5)— certifica una “carecería de las garantías al debido proceso” y acusa al Estado mexicano de “criminalizar a las personas defensoras involucradas en la defensa del derecho al agua” en el caso de Tlanixco.

Con esta acción, el gobierno de Enrique Peña Nieto queda marcado para la historia de nuestra nación y de América latina, como una de las administraciones de violentó de manera sistemática las garantías y los derechos humanos de miles de ciudadanos.

El caso de los defensores del agua de Tlanixco servirá de punta de lanza para la administración venidera de Andrés Manuel López Obrador, en dar certeza de libertad a un grupo nutrido de ciudadanos considerados presos políticos, a quienes en la mayor parte de los casos les han “fabricado” delitos para mantenerlos en la cárcel por ser incómodos para el gobierno y el Estado.

Gracias a la intervención de políticos, músicos, cantantes, compositores, artistas, legisladores, periodistas, comunicadores, y cientos y cientos de ciudadanos; así como  la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, quizá los defensores indígenas Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez pasen la próxima navidad con sus seres queridos.

Punto Cero | Cinépolis debe resarcir el daño contra indígenas de Quintana Roo  

La Fundación Cinépolis debe resarcir de manera inmediata el daño contra los indígenas mayas Alicia Brito Salazar, Hortensia Tepal Puc, María Inés Teresita de Jesús Loria, Natividad Méndez Rayón y José Tomás Daniel Pech y Uicab quienes quedaron ciegos cuando se acogieron a su programa “De las Vista Nace el Amor”.

Sucede que en 2015 dicha fundación contrató a una clínica particular (Instituto de Salud Visual) para realizar cirugías a hombres y mujeres indígenas mayas, adultos mayores en situación de pobreza, sin embargo, decenas de pacientes sufrieron un contagio de una seudomona, una bacteria propia de quirófanos contaminados que provocó endoftalmitis, que ataca el nervio óptico.

Hoy en día las demandas están presentadas contra la clínica particular, cuyo propietario es el médico Juan Pablo Olivares de Emparan —cirujano oftalmólogo con cédula profesional 6673542— quienes las autoridades no han podido encontrar, pero que dicho personaje se publicita en internet (http://bit.ly/2Si6J85), cuatro médico más, así como contra la fundación de origen michoacana.

La fundación se escuda en que ella no practicó las operaciones, sin embargo, no puede excusarse de su responsabilidad ya que auspicio, contrató y promovió las intervenciones quirúrgicas, incluso, de la mano de diversas autoridades de aquella entidad.

Se sabe que de este caso también está enterada la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) y sería momento que los integrantes del próximo gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador pusieran énfasis para reparar el daño y atender de manera inmediata a las víctimas, que por su condición de adultos mayores podrían carecer de justicia.

Es un llamado —a tiempo y urgente— para la titular designada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; del titular de la Subsecretaría de Gobernación en materia de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; y de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres Guadarrama; a refrendar la máxima de: “Para el bienestar de todos, primero los pobres”.

*Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz