Catearon una casa de Luis Ernesto Serna Chávez (ex secretario particular), iniciando una cacería de ex funcionarios del ex jefe capitalino Miguel Ángel Manera, dentro de “cártel inmobiliario”, destacando los notarios Raúl y Alejandro Ruiz Herrera y Uriel Oliva Sánchez (por falsear documentos para hacer transas), y los socios de Mancera: Luis Ernesto, Julio César Serna Chávez, Fausto Galván Escobar, Simón Newmann Ladenzon, entre otros.
El primer detenido fue Jorge Eduardo “N” (ex director general de Obra Civil), y la Interpol busca a Edgar Tungüi Rodríiguez (ex comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México).
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también descubrió una Red de espionaje (cuyas blancos fueron Obrador, Ebrard y Sheimbaum, entre otros), operado por Héctor Serrano (ex secretario de Gobierno), Gustavo Adolfo Caballero Torres (ex director de Políticas y Tecnologías de Instrumentación) y Roberto Hernández Reyna (director del Centro de Espionaje).
Dejando de lado otros crímenes vinculados a Mancera (el crimen de la Narvarte, los bomberos golpeadores de Ismael Figueroa, la criminalización de Lesvy Berlín Rivera Osorio, cuando su policía la acusó de “alcoholizarse y drogarse”), pesa sobre su conciencia pesa sobre todo la muerte en vida del estudiante Marco Antonio Sánchez, levantado por policías del sector hormiga de Azcapotzalco el 22 de enero del 2019, quienes lo lobotomizaron.
Miguel Ángel Mancera, junto con su jefe policiaco Hiram Almeida Estrada, cerraron filas para defender públicamente a los policías que cometieron el delito de desaparición forzada (dijeron que se trató de “un extravío” y que los policías solo cometieron la “inobservancia de algunos protocolos”).
En mayo del 2010, un Tribunal Federal declaró que los policías Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Suárez, Ricardo de la Rosa Guzmán, Martín Jesús González Martínez y todo el Ministerio Público 40 eran culpables del delito de desaparición forzada (sin mencionar que el levantamiento del estudiante se debió a su resistencia a una extorsión, delito del cual pudo beneficiarse el propio Mancera).
Ahora, el ex jefe capitalino únicamente está inhabilitado para desempeñar cargos públicos en la CdMx, pero sigue siendo senador del PRD). Un castigo ridículo, pero Mancera, como Mario Marín, compraron su impunidad con millones de pesos. Si el PRD tuviera un mínimo de vergüenza, expulsaría a Mancera, como le hacen en el PRI, al menos para aparentar justicia.
Y pensar que Mancera quería ser presidente (y hasta sacó un pizarroncito para explicarnos cosas, como si fuéramos niños). Imagínense que lo hubiera sido.