Un think tank australiano denominado Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un perturbador informe que afirma la existencia de esclavitud en algunas fábricas chinas. Concretamente, se refiere a que una enorme cantidad de personas uigures son primero detenidos en campos de concentración para una re educación ideológica y posteriormente enviados a trabajar a plantas de empresas transnacionales como Apple y Huawei, o industrias que pertenecen a la cadena global de suministro de estos gigantes tecnológicos.

Los uigures son una minoría étnica de origen turco que vive en algunas partes del norte de china. Tienen su propia lengua y la mayoría de ellos profesa la religión musulmana. La existencia de campos de concentración ideológicos donde son encarcelados por su lengua o creencias, ha sido ampliamente denunciada a través de los años, con nulas o insignificantes reacciones por parte de la comunidad internacional, como siempre sucede cuando las violaciones a los derechos humanos se realizan en una potencia militar y económica. Las otras potencias prefieren voltear a otro lado.

El reporte de ASPI es un documento incómodo porque nos recuerda el maniqueísmo ético primitivo que todavía es manifiesto en una era de supuesto empoderamiento y reducción de las distancias entre países y culturas, y de conquistas culturales en materia de derechos humanos que, supuestamente también, han alcanzado a la humanidad entera. No faltan los textos jurídicos o de teoría política, de tono francamente celebratorio, anunciando la consolidación del derecho constitucional como la ley del más débil, y de los inevitables contrapesos que la realidad impone al poder político en todos los rincones del mundo, debido a que cualquier ciudadano tiene en el bolsillo una cámara o una videograbadora, haciendo más fácil la denuncia y más difícil la opacidad del poder.

El informe, pues, es desagradable para el status quo porque señala como víctimas a una grupo racial, lingüística y religiosamente vulnerable, que no cuenta con una estructura financiera suficiente para huir, ni para que desde fuera le manden ayuda de ningún tipo. Además, se encuentra dentro de un país al que no se le exige nada por parte de la comunidad internacional en el tema de los derechos humanos, a menos que estos comiencen a distorsionar los mercados. Seguramente, algunos actores del escenario internacional comenzarán a encuadrar la nota como parte de su agenda de las condiciones laborales que permiten a China ejercer una competencia desleal, por costos de producción, contra los demás países exportadores. No se trata de eso. Ese es un efecto colateral, no el núcleo del problema. El punto aquí es que existe la esclavitud en el siglo XXI, y que en ciertos contextos está normalizada. En ese sentido, los uigures tienen más en común con las víctimas de trata sexual que con los trabajadores de salario mínimo de países pobres.

El otro punto que vuelve especialmente delicado el reporte, es que citan ejemplos de los dos bandos de la guerra comercial, y medios como el Financial Times ya han recogido la noticia subrayando este hecho. Si sólo acusara a Apple, los medios fácilmente podrían señalar la información como ilegítima o servil a los intereses de la economía china, una herramienta más de la propaganda negra. Si sólo hubiese acusado a Huawei, lo mismo pero en sentido contrario. Al señalar a ambos, ata de manos a quienes quieran convertir este problema en una nota al pie de la guerra comercial de la era Trump. Esto, insisto, es otra cosa.

Vivimos tiempos en los que podemos acceder a la mayor cantidad de información posible, con una velocidad y precisión sin precedentes. Sin embargo, la sobre abundancia de mensajes también nos hace especialmente susceptibles de perdernos en frivolidades o normalizar las tragedias como parte del ciclo interminable del entretenimiento on demand. Si la prensa internacional deja que el reporte de los trabajos forzados de uigures entre canciones de reguetón e insultos de políticos, será una doble tragedia.