El gobierno de la 4T

En Contexto

La semana que inicia es crucial para el corto plazo nacional.

Por un lado se presentará como expresión relevante de la gestión pública en materia internacional al encuentro virtual entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar temas de interés bilateral; en un segundo plano y entre otros pendientes, se definirá finalmente en el Senado la contrarreforma eléctrica y como telón de fondo, se moverá la candidatura de Morena para el muy lastimado estado de Guerrero.

Del encuentro entre mandatarios, por parte de nuestro país se adelantaron dos temas fundamentales: las vacunas y la migración.

Para el gobierno mexicano resulta políticamente indispensable avanzar en la lucha contra la COVID-19 y vacunar al mayor número de ciudadanos con credencial para votar antes de las elecciones de julio y, por eso, pedirá al presidente de Estados Unidos que comparta sus suministros para la inoculación, aunque Joe Biden ha insistido en que la “prioridad número uno” de su gobierno “es vacunar primero a tantos estadounidenses como sea posible”, aunque es posible que en aras de la buena vecindad, de la oferta de López Obrador de reponer los biológicos, del T-MEC y por razones de seguridad fronteriza se alcance algún acuerdo, lo que se liga con el siguiente tema.

La migración, para este asunto el panorama será más bien retórico.

Joe Biden ya ha desmantelado por inviables y contrarios a la recuperación económica muchas de las trabas migratorias impuestas por Trump, al mismo tiempo ha mostrado interés por reforzar temas de la lucha contra el narcotráfico y, a través de sus operadores, manifestó inconformidad por eventuales cambios de reglas en las áreas de petróleo y electricidad, por lo que tratar de revivir el viejo Programa Bracero que quiere López Obrador es, cuando menos, iluso.

Retomar el Programa Bracero, como pretende el gobierno de la 4T plantea, en principio, condiciones de sumisión o esclavitud porque nuestro país no tiene nada más que la vecindad y el bajo precio de la mano de obra mexicana, además no considera el contexto que prevaleció durante la Segunda Guerra Mundial.

El acuerdo bilateral que se quiere revivir fue promovido por Estados Unidos y aunque resultó exitoso y benéfico para los agricultores norteamericanos, tanto que se prolongó veinte años más, se tradujo también en un factor de discriminación para los mexicanos y generó tensiones bilaterales desventajosas para nosotros por su elevado costo burocrático, administrativo, sanitario, fronterizo, de seguridad y finalmente político, por lo que fue cancelado cerca de los años sesenta del siglo pasado.

Con el T-MEC pactado, que no contempla abiertamente el tema laboral ni el control patronal por áreas de producción, junto con la decisión paternalista recientemente creada para que los mexicanos en el extranjeros usen a los consulados como ventanilla para enviar sus remesas a través del Banco del Bienestar en coordinación con la banca en México, de manera similar a la exigencia en aquel entonces para que parte de las ganancias de los braceros se depositaran en alguna institución financiera, hacen difícil pensar en un acuerdo de este tipo.

Pero también está el cambio de condiciones para la inversión extranjera en el sector energético, específicamente en hidrocarburos y electricidad. Para los estadounidenses y para cualquier inversionista si las “reglas del juego” no son claras, duraderas y confiables, prefieren colocar sus capitales en donde les ofrezcan certidumbre y, en cambio, juegan a especular con los gobiernos monopólicos y autoritarios que siempre son presa de los capitales golondrinos.

En esa perspectiva es increíble que quienes se dicen expertos en historia no alcancen a ver que México ha sido un país de desigualdades y tienden a condenarlo en esa situación.

Las mujeres han sido las más afectadas, al grado que su función social y política resulta más bien operativa y con consecuencias deplorables en términos de oportunidades.

Aunque los antecedentes son notables en los años setenta, desde 2019 se han observado en el país diversas expresiones que han hecho cada vez más visibles las condiciones generales de inequidad e injusticia para las mujeres.

Ellas lo han manifestado en movimientos aislados pero cada vez más presentes, ya sea por la violencia de que son objeto como género, tanto en el ámbito privado como en el público en todo México y que se han traducido en asesinatos, discriminación o vejaciones. Por eso se han manifestado en movimientos sociales cada vez más frecuentes, numerosos y con organización incipiente.

Recientemente se movilizaron para evitar la legalización del candidato designado por Morena para el gobierno de Guerrero, pese a que ese personaje cargaba con varias denuncias de violación. Previo al fin de semana, la voz y presencia mediática de las mujeres provocó que en el partido del presidente López Obrador “repusiera el proceso de evaluación de perfiles para la selección del candidato” en aquel estado.

Sin embargo, el ejercicio, aparentemente democrático y considerado de la queja feminista, no se tradujo en una acción en contra del indiciado al que mantuvieron sus derechos partidistas, lo que planteó una nueva farsa política con la que, si bien el presunto violador puede quedar fuera de la contienda y colocarán a una mujer en su lugar, él regresará por sus fueros como senador y eventualmente las feministas manifestarán su rechazo y se echará a andar otro distractor en la vida nacional.