Soy fanático de los “reality shows” que tienen que ver con profesiones. Uno de mis favoritos es el de un par de agentes de bienes raíces de Salt Lake City,  Estados Unidos, que se dedican a comprar propiedades embargadas, remodelarlas y venderlas; lo que me llamó poderosamente la atención de este programa , es el hecho de que el mismo día en que realizan la compra (usando un Ipad para hacer la transferencia bancaria) por medio de una subasta- que se lleva a cabo en un pasillo del edificio del Poder Judicial de Utah-  estas personas ya tienen acceso a la casa adquirida e inmediatamente pueden realizar las obras de remodelación , algo  impensable en México, cuya tramitología para este tipo de casos es engorrosa, cara, complicada y lleva meses o años para su conclusión, lo que por supuesto conlleva un enorme costo en tiempo y dinero.

Mencioné el ejemplo anterior, porque ello muestra contundentemente las diferencias abismales en el sistema de registro de la propiedad y la resolución de juicios mercantiles e hipotecarios en México y Estados Unidos, lo que constituye un elemento explicativo fundamental de los diferentes niveles de desarrollo entre ambos países. Ya el destacado economista peruano, Hernando de Soto, ha planteado en forma brillante cómo las deficiencias y falta de certeza jurídica en los derechos de propiedad en América Latina provocan mayores niveles de pobreza, ya que las personas no pueden usar sus casas y terrenos como garantía para acceder a créditos para crear empresas y negocios. Por otro lado, qué confianza pueden tener los inversionistas en un país en el cual no se cumplen los contratos.

Una reforma estructural que realmente apuntale el crecimiento y desarrollo económico de México es la consecución de un auténtico estado de derecho; y uno de sus componentes esenciales es, precisamente, la certeza jurídica en los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos. Por tal motivo, lograr un registro de propiedad eficiente y que los juicios mercantiles e hipotecarios sean justos y menos duraderos y caros, debe ser una prioridad en la agenda pública de las entidades federativas.

¿Cómo vamos en Quintana Roo en la resolución de juicios mercantiles e hipotecarios?

En el año 2007, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Gaxiola, Moraila y Asociados, S.C. (GMA), presentaron el estudio “Ejecución de Contratos Mercantiles e Hipoteca. Indicadores de confiabilidad y Desarrollo Institucional Local”, en el que se señaló que el “Poder Judicial de Q.R requiere mejorar el nivel de sus instituciones”; que “la calidad profesional de jueces y magistrados es de las más bajas del país” ya que “el Poder Judicial no ha hecho una labor adecuada para propiciar la especialización académica y profesional de sus juzgadores. Enfatizó categóricamente que “el trámite de los procedimientos ejecutivos mercantiles e hipotecarios, es considerado como de los más lentos del país”. Un panorama desolador.

En los años siguientes a la publicación del citado estudio, poco se hizo en el Poder Judicial de Quintana Roo para resolver tan grave problemática. No fue sino hasta 2011, con la elección de un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel Villanueva Rivero, cuando se empezaron a efectuar acciones específicas para la profesionalización de los jueces y magistrados,  y se inició un ambicioso programa de infraestructura,  en el marco de la implementación de la reforma constitucional  de justicia penal.

Las mejoras en la resolución de juicios mercantiles e hipotecarios en Quintana Roo han sido paulatinas, pero notorias: de acuerdo al estudio “Doing Business” realizado en 2012,  nuestra entidad fue colocada en el sitio 28 de entre los 32 estados de la república en la ejecución de contratos mercantiles e hipotecarios, lo que la colocó en los últimos lugares. Sin embargo, en el reciente “Doing Business” 2014, Quintana Roo se ubicó en el lugar 18, escalando diez lugares con respecto a 2012.

Una de las medidas que explican el avance sustancial en la materia es que, por acuerdo del Consejo de la Judicatura, en el año 2012 se crearon los Juzgados Especializados en materia Mercantil: de forma tal que actualmente se tienen un Juzgado Mercantil en cada uno de los Distritos Judiciales de Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen; y tres Juzgados Mercantiles en el Distrito de Cancún, ciudad en la que, por su actividad económica boyante, se registra el mayor número de juicios mercantiles e hipotecarios. Concomitantemente, se ha priorizado la profesionalización de los jueces con el fortalecimiento de la Escuela Judicial y se han mejorado sus emolumentos.

Derivado de la fuerte inversión en infraestructura y capital humano realizado por el Poder Judicial de Quintana Roo en la instalación de los juzgados especiales mercantiles, la duración promedio de un proceso mercantil, desde que se inicia hasta que se ejecuta la sentencia, es de 375 días, lo que representa un recorte de 185 días con respecto a los resultados del Doing Business 2012,  que eran de 560 días.

El avance obtenido es loable, pero todavía no se deben echar las campanas al vuelo. Se requiere intensificar el esfuerzo y el trabajo, por parte del Poder Judicial,  para que Quintana Roo siga avanzando, y en los próximos estudios que se realicen, por ejemplo el Doing Business 2016, nuestro estado ya pueda estar entre los cinco que más rápido resuelven de manera justa y correcta los juicios mercantiles e hipotecarios o, incluso, equipararnos a los estándares de Estados Unidos o la Unión Europea. No cabe la menor duda que alcanzando estas metas, la inversión privada se multiplicará,  el desarrollo económico de Quintana Roo será más robusto  y habrá un impacto positivo en la calidad de vida de los quintanarroenses.