Empecemos por partes, ya que el tema es complejo y se requiere discernir para poder tener idea de la magnitud y lo grave que es, por lo pronto solo tocaremos algunos temas relevantes y torales, que son un reflejo de lo que no debería hacerse en la materia.

Si bien lo hemos señalado en anteriores ocasiones la crisis de seguridad que atraviesa el estado de Sonora es más grave de lo que la misma autoridad piensa (o acepta) sin embargo, los esfuerzos siguen quedando en vano, además de que no se ven señales para establecer una relación de apertura con la sociedad civil.

Y prueba de ello es que la semana pasada hubo reunión del Consejo Directivo de Transversalidad (la tercera), reuniones en las cuales participan funcionarios y en muy pocas veces o en ninguna, participan ciudadanos, de esos como usted o como yo.

El resultado para las autoridades: los delitos van a la baja y la seguridad va en aumento; usted juzgue.

También la semana pasada la gobernadora anunció la contratación como asesor en materia de seguridad y en asuntos legales (caso Padrés) al ex procurador Rafael Macedo de la Concha, quien fue el primer militar en ocupar el cargo de Procurador General de la Republica (PGR) y recordado por algunos casos que no fueron de todos satisfactorios.

¿Pero por qué resulta preocupante esta asesoría? (Al menos en materia de seguridad). Porque hay muchos indicadores nacionales e internacionales que señalan que la militarización no es la ruta para resolver el problema, por el contrario, es a través de la participación ciudadana. 

Además, sigue el gobierno sin tener contrapeso de la sociedad civil, y porque definitivamente la militarización no abona en nada a la reconstrucción del tejido social y se aleja cada vez más.

Una de las situaciones que se viven día con día en nuestra sociedad y que no se ve para cuándo, como el solo hecho de querer interponer una denuncia, es el caso que señalamos con anterioridad #TodosSomosOscar I y II.

Otra razón que aleja más a la sociedad del gobierno, es el no querer convocar a grupos especializados o personas que puedan tener mejores soluciones incluso que los especialistas y autoridades.

A cada hecho de violencia en alguna parte de la entidad, el gobierno responde con operativos y uso de la fuerza, los cuales no solo no funcionan, sino que vienen a generar más molestias a la ciudadanía ante detenciones (de rutina) y estar apostando a la flagrancia sin investigar.

Pareciera que el estado admite que está fallando, sin embargo, no lo lleva a los hechos y el llevar a cabo acuerdos para superar esta grave crisis (ACUERDO POR LA SEGURIDAD).

Del mismo modo se puede creer que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría del estado no están caminando de la mano y llevan rutas diferentes, seguridad y procuración de justicia no pueden estar divididos ante la crisis que estamos atravesando.

Las fallas de la comunicación son evidentes, tal como nos dimos cuenta la semana pasada, en el motín del CERESO de Guaymas, ¿la causa? Según las autoridades “que había sido una riña por una herramienta”.

La realidad según nos comentan fue el hartazgo de los internos con el director y subdirector del penal, el motín duró alrededor de seis horas, y al cabo de tres uno de los encargados del CERESO salió a invitar a cinco familiares para que verificaran que todo estaba controlado.

La realidad: no estaba controlado el motín, además de una medida en contra de cualquier sentido común o protocolo.

¿Protocolo?

¿Existen protocolos en el CERESO de Guaymas? Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿comunicó algo?

Les dejo un dato.  Cuando Macedo de la Concha asumió la titularidad de PGR, el entonces presidente Fox dijo que la PGR no se militarizaba y ocurrió todo lo contrario.