Los contratos otorgados a Odebrecht para el rediseño de la infraestructura industrial de la Refinería de Tula, en el estado de Hidalgo, que rebasaron los 4,250 millones de pesos y fueron entregados sin licitación pública de por medio (por adjudicación directa), constituyeron otro de los grandes mecanismos de vulneración de las finanzas de la empresa productiva del Estado: Pemex Transformación Industrial, y es hasta ahora, de las menos conocidas. Han sido la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quienes se encargaron de revisar y detectar los quebrantos financieros sufridos y procesos ilícitos dados a conocer sobre esta serie de actos punibles, hacia mediados de 2017; pero el daño estaba hecho. No obstante, Odebrecht demandó a Pemex por recisión de contrato por un perjuicio causado a ella por un monto de 1,900 millones de pesos (casi 100 millones de USD, hacía el mes de diciembre de 2018).

Pero además: “Odebrecht presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que acusó a varios funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto de armar una estrategia para obstaculizar la investigación del caso de sobornos que la constructora admitió haber pagado en México”, según informó el diario Reforma (22 de enero, 2019). La queja fue presentada el 3 de diciembre de 2019 por el Sr. Joao Henrique, apoderado legal de la empresa brasileña. “Volteó los papeles”, diríamos. Así son las mafias: cuando el negocio se acaba, se destrozan entre sí. La gran víctima aquí fue Pemex y el patrimonio de los mexicanos a manos de esta presunta asociación criminal transnacional.

El resultado de todas las barbaridades que hoy hemos venido conociendo presuntamente hechas durante la gestión de Emilio Lozoya (diciembre de 2012 a febrero de 2016) al frente de Pemex ―quien estaba bajo la autoridad del Secretario de Hacienda y del Presidente de la República―, es que la empresa energética en cuanto a su producción petrolera en sus seis refinerías, decayó en 24%, su deuda creció en 113% y la importación de refinados de petróleo a México aumentaron en 35% en términos reales (https://www.sinembargo.mx/14-02-2020/3729611). Son los efectos directos del saqueo inmisericorde al que se sometió a Pemex.

“Mientras que en 2013 las refinerías de Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula operaron al 79.5% de su capacidad, en 2016 operaron al 60.6%. Y para el cierre de sexenio de Enrique Peña Nieto la capacidad productiva de las seis refinerías se redujo al 50%” (…). En general, durante el sexenio pasado la producción de petrolíferos tocó fondo al caer 50.7% entre 2013 y 2018” (ídem).

He aquí la expresión de una industria de producción de petróleo y refinación con seis plantas en declive pronunciado por la gestión de una mafia de Estado que trató de desaparecer la empresa de la peor forma posible. México importó petróleo crudo desde 2013 en una cuota de 482,962 barriles diarios, que en 2016 (hacia el final de la gestión de Lozoya) sumaban ya 644,329 barriles diarios. México se volvió un importador neto de crudo. ¿Y la reforma energética? Fue la cobertura legal e ideológica para operar esta devastación industrial del patrimonio público. No puede uno pensar otra cosa.

Mayor importación de petróleo crudo, de petróleo refinado (implica salida masiva de divisas), caída del 50% de la actividad en las plantas refinadoras, crecimiento del 113% de la deuda de Pemex (y luego decían los funcionarios que Pemex estaba quebrado y había que recibir inversión extranjera para compensar, cínicos y descarados), contratos leoninos por compra de empresas chatarra y de obra que trasladaba masivamente riqueza económica desde Pemex a empresas privadas, nacionales y extranjeras, y hacia altos funcionarios públicos del primer círculo presidencial que operaron la captura del Estado y generaron pérdidas multimillonarias (cientos de millones de dólares o miles de millones de pesos), una verdadera devastación industrial energética sin precedentes en la historia nacional.

En todos los casos, las “coimas” que entregaba, las triplicaba o cuadruplicada en ganancias por los contratos leoninos que capturaba. En México de acuerdo con documentos en poder del Departamento de Justicia de EU por los juicios que se les abrieron y las sentencias dictadas a integrantes de la alta dirección de Odebrecht, esta empresa tenía una relación costo/beneficio (si consideráramos las “coimas” que pagaba como una primera inversión para obtener los contratos), de casi 1/4, es decir, por cada dólar americano que pagaban obtenían casi cuatro en ganancias: confesaron en las cortes de EU que pagaron en sobornos 10.5 millones de USD a funcionarios mexicanos, y las ganancias por contratos fueron de 39 millones de USD.

En Guatemala por ejemplo, “invirtieron” en sobornos 18 millones de USD para obtener 34 millones de USD en ganancias; es decir, una relación de casi 1/2 (misma fuente de información), lo que significa que por cada dólar americano que pagaron por sobornos, obtuvieron casi dos de ganancias. Los negocios en México eran mayores con menores “coimas”. En otras palabras, se vendían más baratos los funcionarios mexicanos, bajo esta hipótesis. Un espectáculo totalmente lastimoso de envilecimiento público.