Claroscuro

LO CLARO. Después de un difícil año para el desarrollo y el aprendizaje, derivado del ataque invisible de la pandemia mundial, la vida debe retomar su cauce con las debidas precauciones sanitarias.

Así, la enseñanza-aprendizaje no puede quedar al margen del arranque de un nuevo ciclo, con las regulaciones de salud que indica la autoridad.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas anuncia su arranque de ciclo 2021 donde la presencia virtual para el modelo educativo que recién inicia, será la premisa a continuar. Que sea para bien de todos y el progreso no se detenga.

LO MUY OSCURO. Aún que la política mexicana habría polarizado a la sociedad mexicana como no se tenía memoria en la nación posrevolucionaria, dejemos de lado los 30 millones que emitieron su voto a favor del mandatario nacional.

Es tema de atención para todos los que habitamos este país.

Todos estaríamos de acuerdo que los cambios en la práctica a la forma de vida de los políticos acostumbrados a canonjías, plazas heredables, altos sueldos y un sinnúmero de mayores prestaciones para los que compraban ese boleto de lotería, cambió.

Y lo señalamos y aplaudimos.

Que ser político era una manera de salir de la pobreza sin consecuencias por las riquezas acumuladas, se reconoce que se pusieran límites infranqueables.

Es incuestionable y de orden advertir que no se gobierna para los más pobres, para los que menos tienen ni para los más ricos como supondría se hacía ‘en el pasado’.

Se gobierna para 130 millones de habitantes de esta nación.

Y quizá llevaba razón un político de antaño que le decía a un dirigente empresarial de un estado del norte, cuando el segundo le ponía al tanto sobre la posibilidad de estrechar acuerdos para fomentar el desarrollo económico de una región de Tamaulipas. –“Ustedes los empresarios a lo suyo y yo a lo mío como gobierno”.

No estaría del todo mal su respuesta, si los resultados de la administración pública respondieran por el engrandecer las economías locales. Pero ese es otro asunto.

Llegamos a la encrucijada.

Sí. El gobierno debe dedicarse a generar condiciones que permitan el desarrollo y emerger cada mexicano de su estatus hacia la línea del bienestar y más allá, tanto como le sea posible.

Pero no lo puede hacer solo el gobierno ni lo pueden hacer por su lado los mexicanos sin una directriz.

Desde hace más de 25 años entendimos que el poder concentrado en una sola autoridad, produce catarsis y mareos. Y que deben existir contrapesos y acompañamientos para equilibrar y lograr metas comunes.

Así nacieron desde los años 80’s, los organismos autónomos.

El garante de las elecciones INE, que fue el primero; el Banco de México cuyo titular antes de su autonomía, obedecía al control político del gobernante y qué decir de las inusitadas especulaciones que daban lugar a inflaciones descontroladas sexenales.

Los Derechos Humanos CNDH; el de los censos INEGI; la Evaluación Educativa INEE; la Comisión de Competencia COFECE; la Fiscalía General de la República –son diez- y antes que acabe el espacio, el que está a un tris de su anunciada desaparición, el INAI encargado de la Transparencia.

El presidente anunció: “No sirven; son tapaderas. Organismos alcahuetes que justifican todo. Hacen cortinas de humo para que se cometan ilícitos” (sic).

Y anuncia que en breve, propondrá su eliminación y absorción por parte de alguna dependencia o secretaría para que sume sus funciones.

Este alcance ciudadano de los llamados organismos autónomos, es la manera en que la sociedad ejerce su fiscalización al poder sin permitirle el sobrepase de monarquía absolutista sobre una nación.

Se pueden cambiar a las personas, sin desaparecer la esencia de su objeto.

Hace algunos años, un amigo ya jubilado de la burocracia hacía este comentario: “Me acuerdo cuando no existía la mentada contraloría… entonces sí que se podría hacer cosas y obras sin andar rindiendo cuentas”.

¿Qué se puede garantizar en un escenario gubernamental donde el hijo del director de la CFE es exonerado de la Función Pública por ser un proveedor privilegiado del sistema?

Gracias a organismos como el INAI, entendimos que la entonces esposa del mandatario en turno tenía una Casa Blanca que costaba mucho dinero y que el constructor era un privilegiado del sexenio.

O las cantidades de dinero aportadas en campaña presidencial por la firma Odebrecht en las elecciones de hace algunos años en este país.

El INAI ha emitido información al menos a dos millones de solicitudes para saber cómo se gastan los recursos públicos de los tres poderes establecidos: ejecutivo, legislativo y judicial, pero ya no tendremos esos instrumentos porque estarán en poder del juez que también es parte.

COLOFÓN: La nación no puede dejar en manos de los partidos políticos el que estos sean un contrapeso eficaz que regulen la toma de decisiones del poder. Más sociedad y sólo la cantidad de gobierno que se necesite…

alejandrodeanda@hotmail.com