El 1 de septiembre de cada año, con la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso Mexicano, se recibía el informe presidencial. Se decía que era el día del presidente. Con el fraude electoral de 1988 y la irrupción de la bancada del Frente Democrático Nacional, con la interpelación del entonces senador Porfirio Muñoz Ledo al presidente Miguel de la Madrid, se desacralizó la fecha y la figura presidencial. Sin embargo, el presidente de la República en turno, siguió acudiendo a rendir su informe asumiendo interpelaciones y protestas de la oposición.
Fue hasta 2006 en que el fraude electoral que impuso a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa en la presidencia, generó tal polarización de la sociedad y tal crisis política, que el panismo con el apoyo del priismo, tuvo que modificar la Constitución suspendiendo la presencia del presidente la República en la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso Mexicano.
A partir de entonces, tanto Calderón Hinojosa durante su usurpación, como Enrique Peña Nieto durante este sexenio, han enviado por escrito sus informes y se inventaron una ceremonia en Palacio Nacional el 2 de septiembre de cada año. A esa ceremonia chapucera, los medios masivos de comunicación contribuyeron a llamarle informe, un acto absolutamente oficioso, que nada tenía que ver con la obligación de rendir un informe sobre el estado que guarda la administración pública y que debe realizarse ante la representación del pueblo: el Poder Legislativo.
Calderón sólo se paró en la Cámara de Diputados en su accidentada toma de protesta y en la entrega de la banda presidencial a Enrique Peña Nieto. Peña decidió mantener ese formato cómodo, que no lo arriesgaba a dar la cara a la oposición en el Congreso y mantuvo la farsa de ceremonia en Palacio Nacional los días 2 de septiembre.
Ahora bien, este último informe que será presentado por escrito el 1 de septiembre de 2018, se da en un contexto inédito. Peña Nieto enviará su informe, pero en los 12 días previos a la entrega del mismo, ha decidido impulsar una campaña publicitaria verdaderamente majadera en torno a sus supuestos logros durante su mandato. El uso de recursos públicos para promoverse de manera abrumadora y ofensiva en los medios de radio y televisión es verdaderamente indignante.
Pero si el gasto publicitario desarrollado para defender un indefendible gobierno y un defenestrado presidente es provocador e insolente, es todavía peor el contenido de los mensajes, que promueven una realidad inexistente en el país.
Peña Nieto se jacta de logros económicos, políticos y sociales durante su gobierno que de ninguna manera realizó. De hecho, el pueblo de México lo evaluó y reprobó el pasado 1 de julio. Peña se niega a asumir su absoluta responsabilidad en la avasalladora derrota sufrida por su partido y por su gobierno en los pasados comicios presidenciales.
El PRI tuvo el peor resultado en su larga trayectoria de vida, venciendo en solo 7 de 300 distritos federales electorales, quedando en un lejano tercer lugar en la candidatura presidencial y, obteniendo las fracciones legislativas más pequeñas de su historia.
El ejecutivo federal ha responsabilizado al candidato Meade de la derrota y se ha negado a reconocer la pesada losa que significaba para cualquiera ser el candidato del actual desgobierno.
Pero quizá la mayor farsa y el mayor ridículo del gobierno saliente lo veremos el día 2 de septiembre. ¿Con quiénes se reunirá en Palacio Nacional? ¿Solo acudirán a su llamado el puñado de legisladores oficialistas? ¿Se presentarán a hacer menos amarga esa falsa ceremonia los legisladores panistas? ¿Llenarán con gente de algún municipio mexiquense los patios de la sede del poder ejecutivo federal? Como podemos ver, el último informe no puede representar otra cosa diferente al de una parodia grotesca. Sea cual fuere la decisión que tome Peña Nieto, le quedan escasos días para digerir la verdad de las cosas, una verdad del tamaño de una montaña: que su gobierno fue un absoluto fracaso, plagado de corrupción, de barbarie y del remate del patrimonio nacional y que su persona es profundamente repudiada por el pueblo, que quisiera verlo en la cárcel.
Así las cosas, muy equivocados están los integrantes del gabinete saliente si creen que sus comparecencias en la LVIV Legislatura serán un día de campo.
"El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz".
Gerardo Fernández Noroña.
México D.F. a 30 de agosto de 2018.