La colosal corrupción enquistada en todos los sectores de la vida pública en México no es un fenómeno nuevo ni poco estudiado. Se tienen antecedentes de que desde la época de la Colonia se daban actos de patrimonialismo, como la venta de puestos o el desvío de recursos públicos por parte de funcionarios de la Corona. Ni las guerras de Independencia y la Revolución cambiaron el estado de cosas, por lo que el enriquecimiento inexplicable de quienes detentaban el poder se hizo algo común, llegándose a acuñar célebres frases como “el que no tranza no avanza”; o “un político pobre es un pobre político”; o a enraizarse la cínica percepción entre la ciudadanía de que un político o funcionario que no roba es, utilizando un eufemismo, un tonto.

Es de meridiana claridad que un auténtico combate a la corrupción pero, sobre todo, un fin a la impunidad generalizada, no vendrá de nuestra venal clase política -de todas las ideologías y partidos políticos- acostumbrada a servirse con la cuchara grande en detrimento del erario y a costa del sufrimiento de millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud y educación de calidad ni cuentan con la infraestructura urbana de un país desarrollado, debido a la fuga de recursos que originan los actos de corrupción. De acuerdo al observatorio económico ciudadano “México, ¿cómo vamos?”, la corrupción le cuesta a nuestro país la cantidad de 314 mil millones de pesos al año, o 2% del Producto Interno Bruto. De ese tamaño es la sangría que representa los actos de los políticos y funcionarios corruptos.

Es por ello que un grupo de académicos y especialistas del ITAM, del Tec de Monterrey, del CIDE, del Instituto Mexicano para la Competitividad, de la UNAM y otras organizaciones de la sociedad civil se dieron a la tarea de diseñar una iniciativa de nueva ley general de responsabilidades administrativas, reglamentaria de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción y que, entre otros elementos, establece diez tipos de corrupción (Soborno; desvío de recursos; abuso de funciones; colusión; conspiración para cometer actos de corrupción; tráfico de influencias; enriquecimiento oculto; obstrucción de la justicia; uso ilegal de información falsa o confidencial; y nepotismo)  y la obligatoriedad  para todos los funcionarios y políticos de presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, de manera pública. Para que esta iniciativa ciudadana pudiera ser recibida y analizada por el Congreso de la Unión, se requerían  120 mil firmas, lo que fue logrado con creces, ya que finalmente se presentaron 309 476 firmas ante el presidente del Senado el pasado jueves 17 de marzo, mismo que las turnó al Instituto Nacional Electoral para su verificación y validación. Es un orgullo para el que esto escribe haber participado recabando firmas e instando a otras personas a que así lo hicieran, con lo que se aportaron alrededor de 150 firmas.

La labor no ha terminado, es menester dar seguimiento al trabajo legislativo para que este invaluable esfuerzo de participación ciudadana no sea desechado por los legisladores de algunos partidos políticos que le tienen pavor a una auténtica lucha contra la corrupción. Al INE le tomará como máximo un mes para validar las firmas y, así, el presidente del Senado pueda turnar la iniciativa ciudadana anticorrupción –ley3de3- a las comisiones respectivas para que la analicen y dictaminen.

 Es por ello  que todas y todos los que brindamos apoyo a través de nuestra firma deberemos estar atentos y ejercer presión a los legisladores de nuestros distritos, para que apoyen y voten a favor de la #ley3de3, que puede marcar un parteaguas en la lucha contra el cáncer de la corrupción en México.