A diferencia de lo que está ocurriendo en México, el mesianismo autoritario de personajes como Rafael Correa, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Alberto Fujimori o Recep Tayyip Endorgan, se instaló en el poder de forma paulatina para propiciar el desmantelamiento gradual del sistema democrático. Aquí, en cambio, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece correrle prisa por apoderarse del árbitro electoral.

En ese objetivo de controlar al INE, el régimen ni siquiera guarda las formas. Sabe que tiene mayoría suficiente con su partido, con sus aliados y con los políticos del pasado reciente que han sido doblegados por los constantes mensajes intimidatorios lanzados desde el poder y por el activismo mediático de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ni así va a confiarse.

Por eso ha decidido incorporar al comité técnico que va a seleccionar a los aspirantes a consejeros electorales, al doctor John Ackerman, el principal ideólogo de un gobierno que es capaz de utilizar la figura del demócrata Francisco I. Madero como parapeto de sus verdaderas intenciones: crear un sistema político “nuevo” fincado en la voluntad presidencial y en la de su grupo político, que en los hechos, no es sino la regresión del autoritaritarismo priista de los años setentas. El esposo de la secretaria de la Función Pública, además, es militante de Morena, lo que en los hechos, lo invalida.

Pero la ruta para capturar al INE está pavimentada de ese sentimiento de autosuficiencia y poder de aquellas épocas priistas, al grado que incorporaron al comité técnico, sin su consentimiento, a la ex consejera electoral del DF, Carla Humprey, quien rechazó con cero pudor, por puro interés, la notificación oficial que hizo el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, respecto de un nombramiento que no acepta porque ella lo que quiere es ser parte, desde adentro, del proceso para desmantelar el INE y ponerlo a disposición de López Obrador y de su camarilla.

En las últimas semanas, hemos visto también que son capaces de utilizar los medios de comunicación e incluso a periodistas, para que, disfrazados de “ciudadanos”, hagan la tarea de dinamitar la credibilidad del ente organizador de las elecciones, de machacar en la idea que los comicios son “demasiado caros”, o que los consejeros son una élite que se ha adueñado de una institución que sólo estando en sus manos estará “al servicio de los intereses de la nación”.

A este respecto hay que señalar el papel de medios como el portal de Aristegui, que sin rubor alguno, se ha prestado a desempeñar el papel de gatillero del gobierno en contra del ex presidente Felipe Calderón, a quien desde la presidencia y en medios como el de Carmen, se responsabiliza de prácticamente todos los males del país. Calderón es un político al que conviene desacreditar porque es de los pocos con liderazgo nacional capaz de utilizarlo para crear una verdadera oposición al autoritarismo pretendidamente “transformador” lopezobradorista.

Igualmente, en virtud que ninguna dirigencia de partido, ni siquiera la de Morena, impugnó el nombramiento de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, a los operadores de López Obrador se les ocurrió utilizar a periodistas deseosos de participar en el proceso de vuelta al pasado que vivimos, como denunciantes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La impugnación está firmada por Carlos Padilla, director de una revista llamada Zócalo, y por militantes de Morena. Estos últimos tienen un compromiso con todas las causas que convengan a sus dirigentes; lo que es inexplicable es la actitud del comunicador que lejos de actuar con base a los principios y valores del periodismo, toma partido de manera descarada y lo hace a favor de una iniciativa que busca controlar al órgano electoral para que las elecciones libres sean cosa del pasado y a partir de López Obrador, los comicios sean para garantizar la permanencia de su proyecto.

De hecho, las prisas por acelerar el control del INE resulta lógica para un gobierno con planes que se antojan de mediano y largo plazo, y que necesita garantizar su permanencia para hacerlos posible. Por eso el programa de gobierno es básicamente un plan de campaña en el que el presupuesto público se destina para mantener clientelas; por eso el marcado interés en adueñarse del INE.

El gobierno de López Obrador se aprovecha que la sociedad mexicana exhibe alto grados de “tolerancia social” frente a conductas que en el pasado eran reprobadas. Es pura naturaleza humana. Cuando se presentan acciones reiteradas, las empezamos a ver como si fueran normal, aunque hasta hace poco esas conductas nos indignaban. Me refiero por ejemplo al castigo que los mexicanos le dieron a la corrupción de Peña Nieto, y al hecho que 7 o más de cada 10 contratos en este gobierno, no sean concursados públicamente sino asignados a empresas por los funcionarios públicos. La misma corrupción; otra forma de materializarla.

Lo peor que puede pasarnos es que esta tolerancia colectiva se imponga frente al abuso autoritario que se gesta ante nuestros ojos. La autonomía del INE nos conviene a todos, incluso al gobierno. Sólo gobernantes mesiánicos, que han terminado por instalar regímenes personalistas y autoritarios, recurren a controlar el órgano electoral. Lamentablemente, esa obsesión la comparte López Obrador con Fujimori, con Endorgan, con Chávez y con Vladimir Putin.