El miércoles 7 de junio, habrá de “celebrarse” en todo el país el Día de la Libertad de Expresión, fecha que en 1951 durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés fue instaurada para festejar el ejercicio de esta garantía individual que como un derecho inviolable consagra el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Independientemente del origen de la celebración, que inicialmente era la fecha propicia para el mutuo cortejo entre prensa y gobierno, el 7 de junio tiene un significado sumamente especial para quien ejerce el periodismo; de ahí la importancia de que anualmente es el momento justo para que las autoridades de los tres niveles de gobierno reiteren su “pleno respeto” al trabajo de los comunicadores y refrenden su “compromiso indeclinable” de pugnar porque la práctica periodística se realice en “plena libertad” e independencia.

Esta vez no será la excepción, los gobiernos federal, estatales y municipales, organismos públicos y privados, representantes populares, partidos políticos y organizaciones sociales, volverán a expresar su respeto; pero como todo lo que digan solo son palabras bonitas, ideadas y confeccionadas para tan singular fecha, simultáneamente habrá una serie de protestas en casi todo el país por parte de periodistas, para exigir que el compromiso institucional sea real, que se otorguen garantías plenas al trabajo de los comunicadores y se haga justicia a quienes con motivo del trabajo periodístico han sido víctimas de atentados, amenazas e intimidaciones y en muchos casos han perdido la vida.

Los periodistas asesinados en México suman decenas en los últimos años, en Hidalgo, no se registra el homicidio de un comunicador desde el 13 de diciembre de 1979, pero no por ello debe pasarse por alto que también aquí se requiere de una legislación moderna, actual y eficiente, que proteja la labor de quienes trabajan para la prensa, radio, televisión y los medios alternativos que se difunden o tienen su plataforma en la Internet.

Por ello extraña mucho que a casi un año de haberse presentado en la tribuna del Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Protección y Derechos para el Ejercicio Periodístico en Hidalgo, la LXI Legislatura local aún no haya dictaminado su aprobación y esta siga siendo un pendiente en la entidad, en la que reporteros, fotógrafos, articulistas, columnistas, colaboradores y directivos de los medios de comunicación, siguen ejerciendo su labor en la más completa indefensión y vulnerabilidad.

La iniciativa fue presentada por el diputado Onésimo Serrano González y hasta se inició la realización de una serie de foros de consulta popular para complementar la propuesta y perfeccionarla hasta donde fuera posible; foros que si bien fueron“secuestrados” por un pequeño grupo, daban la impresión de que el proyecto de ley llegaría a feliz término y se llegaría al momento de su aprobación.

Pero no, ha transcurrido un año y, aunque el mismo congreso asegura que la iniciativa “no está congelada”, el caso es que no se aprueba, ni siquiera se dictamina y la protección a quienes como parte de su actividad profesional ejercen la Libertad de Expresión, sigue siendo un pendiente sin resolución.

Es bonito todo lo que dicen las autoridades en torno a la Libertad de Expresión, pero más que palabras bonitas, lo que se espera para este 7 de junio es un compromiso real con este derecho de todos los mexicanos, voluntad política para sacar adelante la iniciativa y que realmente se establezcan garantías para el ejercicio pleno del periodismo.

En el Congreso local harían bien en guardar los discursos en relación a la Libertad de Expresión, el mejor regalo para la profesión, será que las comisiones legislativas resuelvan ese pendiente.