El lunes 18 de Mayo se ratificó una triste noticia: el ex gobernador Javier Duarte Ochoa (ladrón, socio de narcos y asesino), solo cumplirá una condena de nueve años de cárcel (con la probabilidad de poder salir a media condena, en cuatro años y medio).

¿Por qué “Javidú” solo tuvo una risible condena de nueve años, cuando merecía muchísimo más? La respuesta es muy sencilla: porque fue detenido y juzgado en tiempos de Enrique Peña Nieto, quien, ante la notoria evidencia de los delitos de uno de sus principales aportadores de dinero ilícito para su campaña, ya no pudo hacerse de la vista gorda. Sin embargo, tras su detención, la PGR descaradamente reclasificó la acusación de “delincuencia organizada” (de 20 a 40 años de prisión) al de “asociación delictuosa” (de 5 a 10 años de prisión).

En realidad, siendo honestos, cualquiera que se afilie al PRI ya está cometiendo el delito de “asociación delictuosa” per se, y no pasa nada.

Por la presión social, innumerables pruebas de sus crímenes, y con muchísima reticencias, se dio la orden de captura el 17 de Octubre del 2016; esa misma fecha, el gobernador interino, Flavino Ríos, le proporcionó un helicóptero a “Javidú” para que huyera, y fue detenido hasta el 15 de Abril del 2017, en San Francisco Panajachel, Guatemala.

¿Qué pasó durante el medio año que se emitió la orden de captura y su detención? No creo que se necesite mucha ciencia para suponer que el gobierno priísta ya lo tenía localizado y resguardado, para detenerlo públicamente poco antes de las elecciones del Estado de México, el 15 de Abril del 2017, dándole legitimidad al PRI en ese Estado, del que resultó ganador su candidato Alfredo del Mazo Maza.

Evidentemente, se le pusieron todas las condiciones para que “Javidú” obtuviera la pena mínima y, de ser posible, sacarlo del “bote” pocos meses después de que el PRI o el PAN ganaran la presidencia (nunca sospecharon que ganaría la izquierda y la 4T iniciara una cacería de ratas).

El 17 de julio del 2017, la PGR solicitó prisión preventiva para el inculpado, por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y “delincuencia organizada”; el 22 de julio, el juez confirmó vincular a Javier Duarte a proceso por operación con recursos de procedencia ilícita y “delincuencia organizada”, ordenando la prisión preventiva automática.

Sin embargo, el 21 de Agosto del 2018, la PGR, en un documento escrito, mágicamente cambió la acusación de “delincuencia organizada” por “asociación delictuosa”; la defensa de Javier Duarte, bajó el balón lanzado por la PGR y metió un golazo el 17 de septiembre del 2018, solicitando un procedimiento abreviado, aceptando el cambio, para el dictado rápido de una sentencia.

El 26 de Septiembre del 2018, la fiscalía y la defensa de Javier Duarte, le informaron al juez que “llegaron a un arreglo”, donde el inculpado renunció a la presunción de inocencia y a un juicio oral, a cambio de obtener la pena mínima y la posibilidad de reducir su pena.

Isabel Porras Odrizola, magistrada titular del tercer Tribunal Unitario en Materia Penal la ciudad de México, acaba de revocar el decomiso de 40 propiedades de “Javidú”, y declaró sobre la ratificación: “La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado. Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante un juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez, y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”.

La Magistrada agregó que el proceso fue correcto, dado que el juez encargado del caso, Marco Antonio Fuerte Tapia, le explicó detenidamente al exgobernador de qué se trataba un proceso abreviado, y de los derechos que renunciaba si no llegaba a juicio.

Que la magistrada no nos tome el pelo, no hacía falta que el juez le explicara detenidamente nada al delincuente, los abogados del ex gobernador lo aleccionaron bastante bien, pues cuando se le preguntó si aceptaba los delitos que se le imputaban (excluido el de delincuencia organizada), contestó como soldadito: “en base a los principios de institucionalidad y lealtad, sí su señoría”. ¡Obvio! ¡Si se va a juicio, pierde!: “¿Qué prefieres hijito, una madriza con el cinturón, o que te pegue con un calcetín?”

Javier Duarte no solo se clavó dinero público y lo desvió a la campaña de Enrique Peña Nieto (dentro de la llamada “Operación Zafiro”, en la que también participaron otros gobernadores: Quintana Roo, Roberto Borge; Chihuahua, César Duarte; Estado de México, Eruviel Ávila; Sonora, Claudia Pavlovich; Nuevo León, Rodrigo Medina; Durango, Jorge Herrera Caldera; Colima, Juan Ignacio Peralta), sino que además, durante su mandato se extendió el narcotráfico en Veracruz, le dio agua por medicina a niños con cáncer e hizo un reguero de sangre por todo el Estado, particularmente asesinando periodistas, disparando balas que llegaron hasta el “Multi-homicidio de la Narvarte”, CdMx, donde, entre otras víctimas, falleció el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, amenazado de muerte por “Javidú”.

Liberar a Javier Duarte en tan solo nueve años, es como soltar un infectado de coronavirus en plena cuarentena. Tiene que haber una forma de echar para atrás dicha sentencia, en base a la corrección que hizo la PGR el 21 de Agosto del 2018, al cambiar “crimen organizado” por “asociación delictuosa”, antes de la solicitud de procedimiento abreviado del 17 de Septiembre. Hasta Fox se daría cuenta de que eso no tuvo más sentido que rebajarle la pena a un delincuente, sin más razón que echarle la mano.