La sucesión presidencial es un proceso de renovación en la conducción política y económica en las élites de un país, pero, también debe ser un proceso legítimo, social, incluyente, pacífico y con amplía participación ciudadana para dar certeza y cumplimiento a un mandato constitucional y democrático.

La sucesión presidencial es donde integrantes de los partidos políticos o ciudadanos sin filiación partidista tienen el interés de sentarse en la silla presidencial de su país, hacerlo es una distinción y privilegio que les significa alcanzar la cúspide de los cargos públicos, pero, también debe ser un compromiso ciudadano acompañado de responsabilidad social, ética, legalidad y patriotismo.

La sucesión presidencial es la oportunidad de acceder a la alternancia o mantener la continuidad de un proyecto transexenal, aunque en ambos casos debe ser una obligación para garantizar gobernabilidad, paz, crecimiento y desarrollo económico con una visión sustentable donde la legitimidad y la legalidad sean parte cotidiana de las decisiones del servicio público para darle eficacia, certidumbre y felicidad a la sociedad.

La sucesión presidencial es una lucha de poder que se debate en lo público y en lo privado con visiones e intereses que pueden o no coincidir con las necesidades de todo un país, pensando que sus proyectos son únicos y en ocasiones innegociables alejándose de ideologías genuinas que deberían ser un fundamento ético para servir al país.

Estas percepciones le generan al ciudadano molestia y desconfianza, porque no se ve incluido en un proyecto de nación que garantice bienestar social a sus familias. Por ello, es fundamental que los ciudadanos sigan impulsando cambios institucionales para combatir la corrupción, exigiendo que las promesas de campaña coincidan con los resultados sexenales.

En este sentido, la clase política debe conocer y entender las necesidades del electorado, esto resulta de la mayor importancia ya que si no hay confianza ciudadana en los partidos políticos y en las instituciones no habrá un ejercicio pleno de nuestra democracia, dejando de manifiesto la incapacidad política e institucional para resolver las problemáticas que aquejan a nuestro país.

Tales circunstancias invitan a planificar, construir y ejecutar estrategias integrales de política pública que lleven un alto consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad civil con amplios mecanismos que los blinden de actos de corrupción; insistir en lo anterior, debe ser necesario para alcanzar gobernabilidad en México.

Además, la clase política y los que sean candidatos a la Presidencia de la República deberán a corto plazo:

-     Acortar la brecha “del ser y el deber ser,” para ganar consistencia en sus dichos, actos y hechos, es decir, que las facultades cognitivas y los valores éticos deben sobreponerse a los condicionamientos de intereses particulares o de grupo, para reconciliar al ciudadano con el ejercicio de la política y revertir el déficit de credibilidad hacia el servicio púbico que hoy es un problema de grandes dimensiones éticas y de valores;  

-     Transitar a una democracia y política de consensos, ciudadana, de unidad y no sólo electoral donde la pluralidad de ideas no sea obstáculo para construir acuerdos que tengan como meta llegar a una gobernabilidad con alianzas políticas sólidas y con visión de trabajo a mediano, y largo plazo; y

-     Cambiar de paradigma para evitar un gobierno dividido que se traduzca en parálisis legislativa que le reste eficacia y calidad a la producción normativa, y a la gobernabilidad del sexenio.

Por tanto, en la sucesión presidencial 2018 deberían ser considerados los Gobiernos de Coalición reglamentados, con estructura y visión estadista como una opción institucional para modernizar los mecanismos de consenso y así fortalecer los equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr una mejor gobernabilidad, permitiendo:

-     El diálogo y la continuidad de las reformas estructurales;

-     Una comunicación más cercana con las fuerzas políticas y ciudadanas del país; y

-     Atender de manera integral temas de demanda social, de gobernabilidad y de política exterior como: la salud, la educación, la inseguridad, el empleo, la desigualdad social, el combate a la corrupción, la migración y las relaciones bilaterales.

De manera que, la construcción, difusión y legitimación de los Gobiernos de Coalición deberá ser un indicador determinante en el proceso de sucesión presidencial 2018.

*Christian Carrillo Barrientos

Twitter: @ChristianCB06