El miércoles 9 de mayo, un diario de circulación nacional difundió una nota informativa en la que se daba a conocer una penosa situación registrada en una escuela primaria del estado de Campeche, en la que tres niños que cursan el sexto año de su instrucción básica fueron sorprendidos tras haber grabado un video “porno” al interior del plantel educativo.

La madre de uno de los tres menores lo sorprendió observando el video en su teléfono celular, en el se observaban a tres niños varones sosteniendo una relación sexual al interior de su aula de clases, uno le practicaba sexo oral a otro y a este lo penetraba un tercero, ante las miradas y porras de algunos de sus compañeritos, que se dedicaron a grabar la escena con sus teléfonos celulares, que igual fueron subidas a la red de Internet.

Independientemente de la gravedad de la situación en lo que se refiere a la cuestión sexual o las preferencias que pudieran tener los niños, el contexto en torno al lamentable hecho, evidencía fallas enormes en el sistema educativo, los graves peligros a los que los padres exponen a sus hijos cuando ponen en sus manos aparatos de avanzada tecnología, sin medir consecuencias de lo que están dejando a su alcance.

Al poner en manos de un menor un teléfono o un gadget con acceso a Internet, se está poniendo a su disposición una red donde chicos y grandes pueden encontrar absolutamente todo, lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo prohibido, todo, hasta la posibilidad de subir o bajar videos de toda naturaleza como los que ellos realizaron y como los muchos otros que se exhiben y que implican violencia o acoso escolar, Bullying.

Para nadie es desconocido que en la red se encuentran videos de peleas arregladas en las escuelas precisamente para grabarlas, pero lo ocurrido en la primaria “Mateo Reyes” en el municipio de Calkini, Campeche, concentra implicaciones de carácter sexual, delictivas, educativas, de pornografía infantil, psicológicas y tecnológicas, que de maneras conjunta se convirtieron en una situación en extremo grave.

Algunas deberán ser atendidas de manera oportuna por las autoridades de educación y de ser necesario por las de procuración de justicia pues con lo acontecido pudiera haberse incurrido en ilícitos y puede ser también que algunos adultos tengan responsabilidad en ello, por acción o por omisión, situación que debe determinarse de manera muy clara; pero el trato que requieren otras cuestiones está en manos de los padres de familia el poder resolverlas así como prevenirlas.

La solución no está en el no otorgarles a los hijos instrumentos así, pero el no poner a su alcance teléfonos celulares con acceso a Internet, si evitará que el ánimo de grabar situaciones “intrépidas” o de violencia, sea un elemento más que abone a la posibilidad de que ocurran o sigan ocurriendo en algunas escuelas.

Es de esperarse que padres de familia y autoridades consideren la gravedad de esta situación y se asuman medidas serias para impedir que ocurran nuevamente o que se reproduzcan en instituciones de otras entidades federativas. Un buen comienzo sería el aceptar que los teléfonos con Internet en posesión de los niños, son un peligro.