Hay mucha gente del pueblo que ya tiene odio en sus corazones hacia uno u otro bando, dentro de esta absurda polarización a la que hemos llegado los mexicanos en los últimos días. Un odio hacia los ‘fifís’ o hacia los ‘chairos’, según sea.

En redes sociales vemos con tristeza, que paulatinamente la mente del mexicano común ya no sabe de valoraciones humanistas, ni de conductas, ni de atributos de la personalidad ni de cualidades; en sus críticas campea la etiqueta, el adjetivo que humilla y aplasta; impera la generalización del odio de unos contra otros.

En buena medida, esto obedece a la falta de una cultura de estoicismo y dignidad de la ciudadanía para exigir y denunciar sus derechos; o en otros casos, para obligar a las autoridades que hagan su trabajo sin distingos frente a la ley y sin revanchismos. Que procuren la justicia o por lo menos que protejan nuestros derechos esenciales. Sería el caso de ambos bandos hoy enfrentados: de progresistas reivindicados y de neoconservadores anhelantes del ‘privilegio’ perdido; para decirlo sin motes discriminatorios.

Cuando se critica en redes al actual gobierno en algún meme o publicado, se leen comentarios diariamente (y pseudocríticas también, materializadas en auténticos vómitos literarios) que profundizan está marcada polarización; comentarios en los que, por un lado, el resentimiento social acumulado, disfrazado de reivindicación ardiente de un sector que defiende al gobierno de la autoproclamada 4 T y por otro, a la gente que, fifí, neoliberal, conservadora o cual sea el mote, defiende su derecho y su exigencia a tener un gobierno que administre y sirva a todos por igual. Ambos bandos tienen legítima razón. No obstante, hay que señalar que desde el accionar y la óptica del propio gobierno, se gobierna en general sólo para los llamados ‘pobres’… sea cual fuere el significado (muy relativo) que esto implique… y eso es injusto. Este gobierno está ganando muy pronto la animadversión de lo que queda de la otrora clase media, motor del desarrollo de un país y alma cultural de la sociedad. Y es que gracias a un proceso de pauperización, todos nos hemos vuelto más pobres.

Es de esperarse que ese odio en el corazón de mucha gente del pueblo, referenciado al inicio de este trabajo, no esté en el corazón de los gobernantes. La mente de un gobernante no puede cegarse por el resentimiento social acumulado; quien es autoridad no debería tomar partido ni distinguir entre ninguno de los bandos que pudieran existir en su caso, al interior de la sociedad que gobierna. Para él todos los mexicanos debieran ser iguales ante la ley, en sus necesidades y anhelos.

Los pobres primero, proclama siempre Andrés Manuel, pero bueno… ¿Quiénes son los pobres ahora?

Pobres por ejemplo, también son todos aquellos mexicanos que tuvieron, por necesidad, de salud, de trabajo, por problemas familiares, que tomar un avión con urgencia o bien programar un vuelo durante el lapso más álgido de la emergencia sanitaria que hubo -y no ha terminado-, entre los meses de abril y agosto , digamos.

Acudir de urgencia a enterrar a un consanguíneo, movilizarse por razones de trabajo a una población lejana, realizar algún trámite jurídico o burocrático de emergencia en alguna capital del país, son solo algunas causales de la necesidad de tomar un avión y por mucho, eso no significa que se pertenezca a una clase social determinada. Hace muchos años que dejaron de ser solo los ´clasemedieros’ o los aristócratas los que toman un avión por necesidad.

Basta dar una vuelta de las 2 a las 4 de la mañana diariamente por la sala nacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ver los kilómetros (literal) de tendidos con gente durmiendo, de mayor extensión que en las centrales camioneras, aguardando la hora de documentar para los primeros tres vuelos económicos del día a Tijuana, a partir de las 4 de la mañana. Braceros, centroamericanos, trabajadores humildes, familias enteras de migrantes o residentes en EU de origen mexicano, que cubren el trayecto a la mitad de lo que les cuesta por autobús, sin el riesgo de ser asaltados o fraudeados en el camino, ni tener que viajar incómodos más de 40 horas sin bañarse y mal pasándose.

Durante este lapso de pandemia, sin duda, uno de los sectores comercial oferente de servicios que más mal se portó, fue el de las aerolíneas comerciales mexicanas. Demoras inexplicables, cobros indebidos y abusivos, cambio de horarios, penalizaciones desproporcionadas y pérdida de equipaje, son sólo algunas de las causales que han enardecido a un altísimo porcentaje de usuarios de aerolíneas mexicanas en los últimos días.

Y al parecer, la Profeco no se mete para nada; son intocables las aerolíneas. Aquí tiene mucha tarea Ricardo Sheffield, en el tema de los millares de demandas por incumplimiento de servicio, que se dio en el lapso más álgido de la pandemia por parte de las empresas de aviación.

Se estima que decenas de millares de usuarios mexicanos de aerolíneas, específicamente en Volaris e Interjet, que es donde se concentran las demandas, tanto en el plano individual como a nivel colectivo, adquirieron boletos para viajar en una fecha determinada pagando el costo íntegro de su boleto, que implica la tarifa de vuelo, más la famosa TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto, que es el derecho a uso de instalaciones en terminal aérea; al baño pues) más los impuestos correspondientes, federales o estatales.

Pues es el caso que, argumentando circunstancias no razonables, pues al haber vuelos promovidos y vendidos por la aerolínea significa que no había restricción sanitaria, de último momento, ya en el aeropuerto muchas veces, el personal de mostrador les avisaba a los pasajeros con boleto y pase de abordar en la mano, que el vuelo se suspendía o se demoraba hasta el día siguiente, por razones “alusivas a la emergencia sanitaria”. Mientras tanto, sólo se les devolvía un famoso “voucher”, por un monto mucho menor a lo pagado por el usuario, a lo que no supieron responder nunca ni empleados de mostrador y mucho menos, del otro lado de la línea telefónico de atención al público… que nunca contestó. Les cobraron cargos muy injustos y abusivos. No sólo no reintegraron el costo de la tarifa de vuelo, sino que ese voucher que les reintegraron, ya no amparaba la famosa TUA previamente pagado ni el impuesto correspondiente al boleto; hubo que volverla a pagar y eso fue una verdadera injusticia, pues los artículos 7 y 7-Bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, claramente dicen que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, etc… (art 7) y que el proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito (art 7 bis). Ahora, ¿Por qué está sujeto a cambios sin previo aviso la TUA?; porque se rige por disposiciones especulativas de la Ley Bancaria y de Seguros, cuando al ser un servicio ofrecido por una empresa comercial, como son las aerolíneas, debieran regirse siempre por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Incluso, en su artículo 11 de esa misma ley, se establece que el consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese concepto.

Hay por lo menos una decena de colectivos de usuarios afectados en el país, que se han organizado a través de las redes sociales y que van a hacer mucho ruido en los tribunales en los próximos días ante el deliberado abuso que se cometió con ellos por parte de las aerolíneas Volaris e Interjet.

Uno de esos grupos es el de Facebook denominado ’Queja Colectiva a Interjet’, que dirige Pablo Martínez Castro y que aglutina a más de 3 mil 500 afectados en todo el país y al cual se suman diariamente decenas de gentes.

Entre los cuales hay afectados de un rango que va de los 30 mil a los 300 mil pesos; por varios boletos, no uno solo. Muchos de ellos son empleados o trabajadores informales. Preparan simultáneamente demanda en tribunal competente y queja ante la Profeco.

No han tenido gran apoyo de las instancias del Gobierno Federal. Se quejan de haber recibido un trato poco comprensivo en Profeco, no obstante ... .se insiste…. también son pueblo.

Sería inverosímil, un gran absurdo, que el presidente López Obrador no le dé prioridad a estas demandas de usuarios defraudados o que fueron víctimas de la ausencia del estado, en su obligación de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Sería un gran error, tildarlos de ‘fifís’ Señor Presidente… y no atenderlos por prejuicio político o ideológico.