En momentos en los que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, buscan alternativas para continuar su actividad de negocios en el ramo en el que se desenvuelven. La actividad económica del tercer trimestre reportó un crecimiento del 12%, que refleja que las actividades comerciales, servicios e industriales, están moviéndose desde junio y por lo tanto el cierre de 2020, puede ser el punto de partida para las MIPYMES.
El financiamiento más allá de campañas de mercadotecnia simplona ( todos dicen que prestan mucho y no se ve en la realidad), o bien dando declaraciones políticamente correctas. Sin embargo, los datos duros reflejan que es muy bajo el apoyo para el sector productivo de MIPYMES. Ello en especial por la incertidumbre que aún prevalece por la recuperación de los créditos otorgados a las MIPYMES. Hace ya ocho años que se impulsó una Reforma Financiera, que pretendía activar el crédito productivo, sin embargo las Entidades Financieras, no han desarrollado los programas que apuntalen en especial el desarrollo de estas empresas en esquemas de integración vertical en actividades como el automotriz y su cadena productiva.
Fue en el año 2013 que se aprobó la citada Reforma Financiera, en la cual destacaban las figuras de la radicación de personas y la retención de bienes, con lo cual se modificaba el Código de Comercio y el Código Penal. De esta manera en teoría las Entidades Financieras podrían recuperar sus préstamos y evitar el ocultamiento de los deudores y la dilapidación o disposición de los bienes objeto de garantía o embargos.
Así mismo se establecieron reglas contra prácticas abusivas hacia el cliente, ello para evitar cláusulas engañosas o el pago creciente de intereses, así como prohibir ventas atadas en productos financieras, fortaleciendo para ello a CONDUSEF. Misma que ha destacado desde entonces por su enfoque Directivo en objetivos más que nada de carácter declarativos y producir reportes que ni a los usuarios y ni a los prestadores de Servicios Financieros, le han sido útiles para resolver diferencias. Ello se confirma con sus acciones en las historias de terror de Banco Famsa o de Sofipos como Ficrea o Coincidir en donde realmente poco aporta a resolver esos conflictos graves de credibilidad a los depositantes y acreedores de esas Entidades Financieras.
Las modificaciones al Código de Comercio en 2013, buscaban crear condiciones favorables para acceder al crédito por parte de personas y empresas, así como en caso de incumplimiento de pago la ejecución de las garantías, otorgando mayor certeza a los acreedores y deudores que participarán en un contrato de crédito y la recuperación de los recursos.
Aunado a ello se creó el buró de entidades financieras, el Sistema Arbitral en Materia Financiera (tema que tampoco ha visto avances tangibles en materia de reportes de Buró y más ahora con la contingencia, pues hay riesgo de reportes en buró de crédito con errores o graves inconsistencias).
Los cambios legales con la Reforma Financiera, permitían a los clientes a transferir sus créditos de consumo a otra entidad financiera o sus operaciones bancarias a otro banco.
También daban mayor margen a la Banca de Desarrollo para que ampliará el mercado de crédito en especial a las MiPymes y pequeños productores agropecuarios, reglas de transparencia en los procesos de quiebra bancarias, obligar a las Instituciones Bancarias a limitar inversiones en valores gubernamentales para que asignaran más capital al mercado de crédito.
En el año en que aprobó la Reforma Financiera el porcentaje de financiamiento en México con respecto al PIB era del orden del 25%, al cierre del año 2020 es del orden del 38%. Los países desarrollados andan en el orden del 150% de su PIB, pero si lo comparamos con Latinoamérica la media es del 60% y sobresalen Chile y Brasil con el 80% de su PIB.
Luego entonces si bien hay un crecimiento este es aún modesto y distante de las expectativas creadas con la Reforma Financiera, el crédito se ha orientado principalmente a los portafolios de consumo e hipotecario y su mayor volumen en monto al crédito corporativo, gubernamental y grandes empresas.
No así, para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Este sector de la economía mexicana son el 98% de las unidades productivas (más de 4 millones de MiPymes a nivel nacional).Estas aportan el 55% del PIB y el 80% del empleo. Pero solo reciben el 5% del financiamiento con respecto al PIB.
La mayor canalización de crédito sigue siendo mayormente el financiamiento al consumo (tarjetas de crédito, nómina, préstamos personales, crédito automotriz) de igual manera el crédito hipotecario y quienes realmente han tendió altos volúmenes de crédito son las grandes empresas, los corporativos y las entidades gubernamentales.
La citada reforma ha incumplido con las actividades productivas de las MIPYMES, las cuales recurren mayormente al capital familiar, buscar nuevos socios o apoyarse más con sus proveedores, por lo que el equipamiento y modernización son limitados. La pandemia ha complicado los flujos de dinero y sus ciclos de liquidez se ven afectados en las empresas.
La Banca de Desarrollo hace más de 20 años que dejó de hacer su labor con la MIPYMES, se enfocó al factoraje electrónico o garantías financieras principalmente como es el caso de Nafin y apoyar a un limitado grupo de intermediarios que califican con sus criterios, pero de manera insuficiente. Al sector agro negocios, han sido FIRA y Financiera Rural cuya visión de crédito ha sido enfocada al periodo de la administración en turno, no con visión de largo plazo y a estimular la actividad productiva. Y en el caso de SHF se enfocó en el sector inmobiliario, con créditos puente e individuales, que son en gran porcentaje créditos irrecuperables.
Los apoyos de la Banca Privada, la Banca de Desarrollo y el resto de las Entidades Financieras, en especial las SOFOMES ENR, que por sus características, su valor agregado de regionalización y experiencia que ya tienen, se convierten en Brazos Financieros ideales para la Banca de Desarrollo y para la Banca Privada. Deberían enfocar su objetivo en la micro, pequeña y mediana empresa, con esquemas claros por tamaño de empresa, por sus activos; por su número de trabajadores, por su actividad económica, por el nivel de sus ventas anuales y la evolución de las mismas que han tenido en el tiempo.
Es decir cuánto tiempo pueden ser apoyados como micro, cuanto como pequeña y cuanto como medianas empresas.
La situación es difícil para todos los actores, más si la pandemia sigue sin solución de corto plazo y con riesgos de un nuevo confinamiento por el alto contagio y malos controles de contacto de nosotros mismos. Hay riesgos de nuevo confinamiento, como el que ya avisan en Europa y eso sí sería muy complicado, si no logramos evitarlo aplicandonos de manera comprometida.
Si no se logrará superar este bache económico, la recuperación de crédito en México será complicada. Pues no habrá certeza en la generación de flujo de dinero y por lo tanto limita el acceso al crédito y liquidez. Entonces el ciclo se complica, este efecto es global no exclusivo de México. Por lo que los programas de apoyo a Deudores y los nuevos financiamientos por parte de las Entidades Financieras, deben aplicar talento y compromiso entre las partes.
El Proceso Judicial en México para recuperar un crédito es muy largo, esto es que nuestro sistema judicial es de los menos eficientes en Latinoamérica. Una situación que obliga a que las Entidades Financieras creen reservas muy altas por las reglas de CNBV, lo cual estaría bien que estemos a la par de los países desarrollados en materia de criterios prudenciales, pero de igual manera el sistema judicial debería ser eficiente y no tardar en promedio 7 años para recuperar en el mejor de los casos un bien inmueble deteriorado y desmantelado. En el caso de Estados Unidos, la ejecución no es mayor a 1.5 años, en Chile de dos años.
Aquí en México, esas deficiencias y retrasos, provocan que los clientes cumplidos paguen altas tasas de interés. Somos el país en Latinoamérica con mayor banda de diferencia entre lo que se paga a los ahorradores y lo que se cobra a los tomadores de crédito. El ahorrador recibe menos del 3% anual. Pero un Crédito Hipotecario anda sobre el 12% anual, una tarjeta de crédito promedio sobre niveles del 70% anual, o un préstamo personal sobre niveles superiores al 100% anual y de crédito para MIPYMES anda sobre niveles del 30% anual.
Subsidiar la cartera morosa, así cómo detener los asuntos judiciales por años. Implica que no hay capital contable o patrimonio en ninguna Entidad Financiera que aguante el desgaste económico de liquidez y capital de trabajo que se compromete en México en el sector de financiamiento a empresas, independientemente de su tamaño.
Hoy tenemos en México a mujeres y hombres emprendedores, pequeños y medianos empresarios, que han resuelto a su manera sus planes de negocios, apoyándose en lo operativo con la banca (servicios de banca electrónica, inversiones, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito o débito) pero la reforma financiera, no ha cumplido la expectativa de dinamizar el crédito accesible y competitivo.
El Estado de derecho en el sector financiero, debe garantizar la competencia, el libre mercado, la certidumbre jurídica, el generar creatividad y desarrollo de mercados y oportunidades reales para las empresas mexicanas. La Reforma Financiera fue creada para dar certeza y estabilidad al sector Financiero y a sus usuarios. Estamos ya iniciando noviembre, el año 2020 casi por concluir, si bien hay temas en los que solo somos espectadores, en el caso específico de las MIPYMES, son parte clave de la solución a la inversión Privada y a integrarse a los sectores que representan mayor oportunidad de negocios.
Mario Sandoval
PROMETEO (previsión/prospección)
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
UNAM/ITESM
Ex presidente AMFE
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